Cárcel por tener a diez trabajadores sin contrato en Muro de Alcoy

La Audiencia de Alicante ha condenado a seis meses de prisión por un delito contra la Seguridad Social a un empresario de Muro de Alcoy por tener al menos a diez trabajadores sin contrato y sin estar dados de alta en una nave de reciclaje de ropa usada, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2019 después de que la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo realizaran una visita por sorpresa a las instalaciones. Los trabajadores salieron corriendo y algunos lograron escaparse de la Policía, por lo que aunque se identificaron al menos a diez, la resolución concluye que eran más. Algunos testigos hablaron de entre veinte y treinta trabajadores, llegan a relatar los magistrados. La sentencia de la Sección Décima no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. 

El procesado había negado en el juicio que las personas identificadas por la Policía fueran trabajadores y aseguraba que eran clientes del recinto, un extremo que no han creído los magistrados. Se da la circunstancia de que algunos de los trabajadores identificados durante la inspección estaban personados en la causa como acusación particular. 

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Estos testificaron en el juicio que estaban trabajando en la nave en el momento de la inspección sin estar dados de alta en la Seguridad Social y que se encontraban en el país en situación irregular.

Los trabajadores llegaron a intentar escapar corriendo por el tejado de la nave, donde se encontraron a unos operarios que estaban haciendo reparaciones y a quienes llegaron a arrebatar la escalera para poder bajar desde lo alto hasta el suelo. Al no llegar la escalera, algunos llegaron a saltar, mientras que otros se quedaron atrapados en la azotea.

Petición de nulidades

La Audiencia ha rechazado las peticiones de la defensa para anular tanto el registro de la nave, como la validez de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, extremo sobre el que la sala no se llega a pronunciar porque dicha prueba no se llegó a valorar en el juicio.

Las penas impuestas están por debajo de las penas reclamadas por las acusaciones (cuatro años los trabajadores y tres la Seguridad Social personada a través de la Abogacía del Estado y dos la Fiscalía).  La sentencia aplica una atenuante por dilaciones indebidas, dado que los hechos han tardado más de cinco años en poder juzgarse.

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El fallo descarta que el acusado tenga que indemnizar por las cuotas impagadas a la Seguridad Social. «Aunque este aprovechara la situación irregular de los trabajadores, ni la provocó ni la empeoró. No podía contratar a quien no contaba con permiso de trabajo y, por consiguiente la situación administrativa de irregularidad no había sido provocada por el acusado», dice la resolución. Los magistrados consideran acreditado que más del 50 por ciento de los trabajadores de la nave se encontraban sin ningún tipo de contrato vigente.