La Audiencia juzga a Luis Castillo por desviar fondos de sus socios en un hotel

La Fiscalía pide cinco años al presidente de la Asociación Provincial de Hoteles por crear un entramado societario para ocultar la apropiación de las ganancias

El empresario Luis Castillo durante una intervención en un acto de la asociación que preside.

El empresario Luis Castillo durante una intervención en un acto de la asociación que preside. / Hector Fuentes

J. A. Martínez

J. A. Martínez

La Audiencia de Alicante sentará a partir del próximo martes 20 de mayo al empresario Luis Castillo y a su hermano acusados de haber participado en un entramado societario que se habría utilizado para desviar los beneficios que generaba la explotación de un complejo hotelero en El Campello y no pagar a su socio. Junto a ellos, se sientan en el banquillo otros dos acusados de ser los testaferros que habrían sido utilizados para perpetrar el delito. El fiscal pide para los hermanos Castillo sendas penas de cinco años de prisión para cada uno por un delito de apropiación indebida. Asimismo, los dos supuestos testaferros, padre e hijo, además de los cinco años por apropiación indebida, se les reclaman otros dos años más por un delito de estafa.

Luis Castillo es el actual presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Apartamentos Turísticos de Alicante (APHA), ha presidido el club de Baloncesto Lucéntum y en 2023 llegó a postularse para presidir el Hércules C. D., pero acabó retirando su candidatura.

El juicio tenía que haberse celebrado a finales del año pasado pero tuvo que suspenderse debido a una lesión por uno de los abogados de la defensa. La sombra de la suspensión ha planeado sobre este nuevo señalamiento en mayo debido a que en el último momento se había detectado la falta de una documentación que para la acusación particular era esencial ya que en ella se acreditaría que los hechos no están prescritos como se ha alegado por parte de las defensas. Al detectar la ausencia de esta documentación que se reclamó hace un año y medio, la sala la ha reclamado al juzgado esta semana con urgencia para que pueda disponer de ella el día en que arranque la vista oral. Fuentes cercanas al caso señalaron que hay testigos que tampoco habían podido ser citados.

La Sección Primera de la Audiencia de Alicante ha señalado el juicio para el martes, día en el que declararían tanto los acusados como el denunciante, así como los responsables de la investigación. Para el miércoles 21 hay citados once testigos; mientras que el jueves 22 de mayo sería el día de los peritos y las conclusiones finales. 

Aunque inicialmente en la querella se hablaba de un perjuicio de más de un millón de euros las indemnizaciones reclamadas ascienden a 323.586 euros.

Antecentes

Los hechos se remontan al veinticinco de febrero del año 2010 fecha en la que Luis Castillo y su hermano constituyeron la mercantil Hoteles Carolina, que se encargaba de la explotación del Gran Hotel de El Campello. A finales de 2011, Luis Castillo transmitió sus participaciones sociales a uno de los otros acusados, que acabó nombrado como administrador único de la sociedad en noviembre de 2011 y quien, a su vez, fue relevado por su padre seis meses después. 

Durante estos cambios al frente de las mercantiles, se constituyeron dos sociedades Hospedantique y Josector Juan Luis SL, que se habrían utilizado para el desvío del dinero. La Fiscalía concluye en su escrito de acusación que los dos hermanos Castillo realizaron disposiciones de efectivo y desviaron en su propio beneficio fondos de la mercantil que procedían de pagos de tu operadores y de las estancias de los clientes. Un informe policial realizado después de la querella indicaba que había movimientos injustificados entre las cuentas de estas sociedades.

Asimismo, la fiscal relata que los administradores que sustituyeron a los Castillo lograron que otra empresa asumiera con ellos en julio de 2012 la gestión del hotel, haciéndose cargo del pago de la luz y de los salarios, entre otros gastos, tras hacerles creer que tenían solvencia económica y ocultando el desvío de ingresos. A esta empresa se le dejaron facturas impagadas por valor de 51.685 euros. 

La acusación particular que ejercita uno de los socios asegura en su escrito de conclusiones provisionales que las transferencias se hicieron de una sociedad a otra para vaciar las cuentas y apropiarse de los fondos facturando trabajos inexistentes, realizando reintegros y salidas dinerarias en efectivo o mediante cheques y pagarés al portador que no contaban con justificación contable.

Luis Castillo ha venido defendiendo que no ha cometido delito alguno y que no tenía participación alguna en estas sociedades después de que vendiera sus participaciones. También incide en que esta causa se archivó en su día por otro juzgado al concluir que no había indicios de delito.

 El querellante es Olaf Wilkens, que ejerce la acusación particular a través del abogado Antonio Herrero y el procurador Luis Beltrán, quien denunció en su día que les estaban ocultando información sobre la marcha de la sociedad, apropiándose indebidamente de fondos de la compañía y frustrando el reparto de dividendos. La acusación particular reclama para todos los acusados cuatro años  de cárcel por la apropiación indebida y otros dos años y siete meses para los presuntos testaferros por la estafa.

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