Veinte investigados por un camping de "mobile homes" en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar

La Guardia Civil ha instruido diligencias contra los dos responsables de un complejo residencial de "mobile homes" Guardamar Park, ubicado en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar del Segura, donde se han constatado graves infracciones urbanísticas, medioambientales y de seguridad. El Ayuntamiento de Guardamar ha decretado el cierre del complejo, pero aún está en fase de ejecución.

Durante la investigación realizada desde el pasado año a raíz de una denuncia anónima por un vertido contaminante, la Guardia Civil ha denunciado a 20 personas, entre ellas los propietarios del suelo, gestores, arrendadores y dueños de las "mobile homes".

A todos ellos se les ha imputado un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo y a dos de ellos, los responsables del camping, se les ha añadido un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por su implicación en el vertido contaminante.

Camping de "mobile homes" en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar

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Aguas residuales

La investigación se inició tras una denuncia anónima que alertaba sobre un vertido de aguas residuales sin depurar que desembocaba en una acequia destinada a evacuar aguas sobrantes de riego, también conocida como azarbe. Las gestiones practicadas permitieron acreditar que el vertido procedía de un complejo residencial formado por casas móviles o "mobile homes".

Un informe pericial confirmó que las aguas vertidas presentaban características contaminantes capaces de alterar de forma sustancial el equilibrio del sistema natural afectado, poniendo en riesgo la agricultura de la zona.

Ante la gravedad de los hechos, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante puso en marcha la operación "Castramar" y realizó una inspección en este camping de casas móviles. Los agentes localizaron en el recinto alrededor de 60 casas móviles instaladas en suelo no urbanizable y en zona potencialmente inundable, sin disponer de ningún tipo de licencia urbanística.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que las "mobile home" exigen licencia urbanística por ser asimilables a una casa prefabricada y no a un remolque.

El complejo, dividido en tres calles asfaltadas, cuenta con oficina de recepción, bar-restaurante, fregaderos, duchas, aseos, piscinas e instalaciones deportivas, además de las viviendas tipo "mobile home", muchas de ellas con elementos añadidos como porches, terrazas o cocheras.

Todas las construcciones disponían de conexión a suministros básicos (agua, luz y red de saneamiento), funcionando en la práctica como un núcleo residencial, donde se constató la residencia permanente de unas 60 personas empadronadas en la misma dirección.

El gerente del establecimiento habría empleado diversas fórmulas para prolongar la actividad desde hace muchos años, como la creación de nuevas empresas o la adquisición de terrenos colindantes para ampliar las instalaciones y aumentar su rentabilidad, según la Guardia Civil.

Asimismo, se constató que las viviendas eran ofertadas a través de una página web gestionada por una empresa inglesa, lo que permitía captar nueva clientela de manera continuada.

La Guardia Civil ha investigado desde el pasado año a los propietarios del suelo, gestores, arrendadores y dueños de las "mobile homes". En total han sido 20 personas de entre 35 y 88 años. A todos ellos se les ha imputado un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo y a dos de ellos se les ha añadido un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por su implicación en el vertido contaminante.

Además, se ha dado cuenta a las autoridades competentes de graves infracciones urbanísticas, medioambientales y de seguridad detectadas durante la investigación.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Alicante y el asunto ha sido judicializado en el juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, donde continúan las investigaciones.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha decretado el cierre de la actividad, actualmente pendiente de ejecución. Asimismo, se ha informado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, organismo encargado de garantizar la legalidad urbanística y restaurar la realidad física alterada en suelo no urbanizable, conforme a la legislación vigente.

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