Cuatro detenidos de dos inmobiliarias de Alicante por estafar a extranjeros en la compra de viviendas

La Policía Nacional ha detenido a cuatro trabajadores de dos inmobiliarias de Alicante al desarticular un entramado dedicado a estafar a compradores de viviendas, sobre todo extranjeros. Los arrestados son tres varones y una mujer de entre 25 y 42 años que han sido acusados de los delitos de estafa, falsedad documental, coacciones y contra los derechos de los trabajadores.

El fraude supera los 100.000 euros y los arrestados son una pareja propietaria de una inmobiliaria, un colaborador que le gestionaba préstamos y un trabajador de otra agencia que presuntamente se quedó con el dinero de un contrato de arras sin que lo supieran los responsables de la empresa para la que trabajaba, según la investigación policial.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tras una denuncia presentada ante la Policía Nacional de Alicante. En la denuncia se daba cuenta de una presunta estafa relacionada con la compra de unas viviendas, cometida por los propietarios de una inmobiliaria, los cuales además hacían uso de documentación falsa en la tramitación de los documentos necesarios para llevar a cabo los contratos de arras y los préstamos hipotecarios.

Asimismo, también hacía mención a un trabajador de otra inmobiliaria el cual había amenazado y presionado a la denunciante para que firmara la disolución del contrato de arras de uno de los pisos que había pactado la compra, lo que le llevó a perder el dinero entregado que ascendía a unos 50.000 euros.

Víctimas extranjeras

Tras el análisis exhaustivo de la documentación intervenida y la localización de otras tres víctimas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, los investigadores concluyeron que los presuntos autores habían incurrido en delitos de falsificación documental, estafa y coacciones a compradores de viviendas que les ofertaban pese a no estar en venta o a sabiendas de que no iban a conseguir los préstamos hipotecarios por su situación personal.

Según se pudo desprender de la investigación de la UCRIF, los implicados se habrían aprovechado del desconocimiento de las víctimas sobre el proceso de compra de una vivienda y de los trámites necesarios para formalizarla.

Además se valieron de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban muchas de ellas, dado que residían en inmuebles de alquiler y debían abandonarlos en un corto plazo de tiempo, lo que habría incrementado la presión y facilitado la comisión de los hechos investigados.

A partir de todo lo actuado y con el fin de llevar a cabo la detención de los investigados, se realizó un operativo policial con el que resultaron detenidas cuatro personas, por delitos de estafa, falsedad documental y coacciones, además, dos de ellos por delito contra los derechos de los trabajadores, al tener trabajando a una persona extranjera sin cumplir con las condiciones laborales y de Seguridad Social.

Seguidamente, se realizó una entrada y registro en la inmobiliaria que regentaba el principal investigado, donde los agentes intervinieron diversa documentación con la que se pudo determinar el proceder llevado por los detenidos, siendo siempre el mismo con todos los estafados.

Perjuicio de 100.000 euros

Al parecer, a las víctimas se les ofrecía la supuesta adquisición de propiedades inmobiliarias en condiciones ventajosas. Tras abonar importantes cantidades de dinero en concepto de reservas y arras, eran instadas a firmar documentación aparentemente oficial, entre la que se incluían simulaciones bancarias presuntamente manipuladas para dar apariencia de viabilidad a las hipotecas que necesitaban.

Sin embargo, cuando llegaba el momento de formalizar y culminar las transacciones, las víctimas descubrían que se trataba de una estafa, evidenciándose entonces el grave perjuicio económico ocasionado, el cual superaba los 100.000 euros.

A este daño económico se sumaría el impacto personal y social sufrido por los afectados, quienes, en algunos casos, agotaron sus ahorros o solicitaron préstamos personales para hacer frente a los pagos exigidos, llegando incluso a quedarse sin vivienda o en situación de extrema vulnerabilidad.

Tras la práctica de las diligencias policiales, uno de los detenidos, el principal investigado, ha fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante. La investigación sigue abierta, continuándose con las gestiones para identificar a más posibles víctimas.

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