Dos casos en Alicante por trampas con pinganillos en el examen de conducir

La Guardia Civil ha investigado a un total de 45 personas en la Comunitat Valenciana por presuntos delitos relacionados con los exámenes para la obtención del permiso de conducir, entre ellas dos en la provincia de Alicante por el uso de dispositivos electrónicos ocultos para copiar en la prueba teórica.

Las actuaciones se desarrollaron durante el último cuatrimestre de 2025 por los Grupos de Investigación y Análisis (GIAT) de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico, en colaboración con las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Valencia, Alicante y Castellón.

En el conjunto de la Comunitat, diez personas han sido investigadas por presuntos delitos de falsedad documental por suplantar la identidad de otros aspirantes en el examen teórico. Asimismo, otras diecisiete han sido investigadas por un delito contra la seguridad vial al conducir con pérdida de vigencia del permiso —tras haber agotado todos los puntos— cuando se dirigían a realizar la prueba para recuperarlo.

En relación con el uso de dispositivos electrónicos ocultos para copiar en el examen teórico del carné de conducir, los agentes detectaron diez casos en la provincia de Valencia, dos en Alicante y seis en Castellón.

Por otra parte, en las pruebas del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para el transporte terrestre, realizadas en colaboración con la Direcció General de Transports i Logística de la Generalitat Valenciana, fueron detectados cuatro aspirantes utilizando dispositivos de copia: dos en Valencia y dos en Castellón.

La Guardia Civil recuerda que los delitos de falsedad documental pueden conllevar penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. Conducir careciendo de permiso puede acarrear penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

El uso de dispositivos electrónicos para copiar en el examen constituye una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Vial, sancionada con 500 euros de multa y la imposibilidad de presentarse de nuevo a la prueba durante seis meses.

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