Jucil denuncia que la Guardia Civil tiene coches patrulla eléctricos parados en Alicante por el caos para recargarlos

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha denunciado este lunes la crítica situación que atraviesa la flota de vehículos eléctricos de la Guardia Civil en la provincia de Alicante, donde aseguran que hay muchas patrullas que no pueden salir de servicio a la calle por no disponer de coches debido al "caos" en los puntos de recarga.

Jucil asegura que hay vehículos cien por cien eléctricos que permanecen inoperativos o no están disponibles porque los tienen que cargar "en enchufes convencionales durante más de 24 horas mientras las estaciones de carga ya instaladas siguen sin autorización de uso".

La asociación achaca este problema a la falta de previsión y la deficiente gestión administrativa de la Dirección General de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior.

Jucil explica en un comunicado que desde que en 2022 comenzó el despliegue de vehículos 100% eléctricos en la Guardia Civil ha observado que el plan de implantación de puntos de recarga (PdR) "se ha convertido en un laberinto burocrático de contratos fallidos y retrasos constantes".

Enchufes domésticos

Esta ineficacia, añade la asociación, ha dado lugar a la aparición de "instalaciones fantasma" en numerosas unidades territoriales, donde los puntos de recarga ya están físicamente instalados pero no se permite su uso. Esta anomalía obliga a los agentes a cargar los vehículos oficiales en enchufes domésticos convencionales, un proceso que demora la carga más de un día entero para realizar servicios de apenas unos pocos kilómetros.

A este problema se suma el hecho de que mientras los vehículos de combustión se retiran de forma progresiva por su avanzada antigüedad y la falta de reposición, los nuevos vehículos eléctricos son incapaces de cubrir este hueco operativo al carecer de la infraestructura de carga adecuada.

El escenario se ha visto agravado por los constantes cambios de empresas instaladoras y los graves problemas en el suministro eléctrico, derivados del trasvase de miles de puntos de suministro a comercializadoras de último recurso, lo que mantiene bloqueadas las modificaciones de potencia imprescindibles para que los cargadores puedan entrar en funcionamiento.

La consecuencia de este "despropósito administrativo es directa y alarmante, ya que se traduce en menos patrullas en las calles", denuncia Jucil.

Jucil asegura que los jefes de unidad se enfrentan diariamente a un escenario imposible en el que, aun disponiendo de personal, no pueden nombrar servicios de prevención porque los vehículos eléctricos permanecen inmovilizados a la espera de una carga que nunca llega a completarse a tiempo.

"Es inadmisible que tengamos la tecnología y la infraestructura ya instalada, pero que por la mera falta de una autorización o de una tarjeta de control, el ciudadano pierda la protección de una patrulla en su municipio", señalan desde Jucil.

Por ello, Jucil reclama la autorización inmediata para el uso de todos los puntos de recarga ya instalados que se encuentran bloqueados por trámites administrativos. Además, pide que se agilice la entrega de tarjetas de identificación y control para la gestión de la carga, así como un plan de contingencia real que garantice que ninguna patrulla se quede en el cuartel por falta de un medio de transporte operativo.

Jucil recuerda que la seguridad pública no puede depender de la gestión deficiente de un expediente administrativo. El lema "el honor es mi divisa" debe ir acompañado de los medios dignos para ejercerlo, concluye la asociación.

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