Desarticulan en Elche y Aspe una red de compraventa de coches que estafaba a financieras y particulares

La Policía Nacional ha desarticulado en Elche y Aspe una organización criminal dedicada presuntamente a la adquisición y venta fraudulenta de vehículos a entidades financieras y particulares en distintos puntos de España y otros países europeos. En la operación han sido detenidas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de entre 38 y 52 años, que han sido acusadas de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Entre los detenidos se encuentra supuesto líder de la trama, un hombre de 50 años que ha ingresado en prisión provisional, y la Policía Nacional ha intervenido 34 vehículos, además de bloquear registralmente más de cincuenta turismos.

Según la investigación, el grupo desarticulado operaba mediante empresas ficticias y testaferros para hacerse con vehículos nuevos o seminuevos, principalmente a través de contratos de leasing y renting, así como mediante la compra de coches con cargas y reservas de dominio que impedían su cambio de titularidad en España. Posteriormente, los revendían a terceros, tanto dentro del país como en el extranjero, muchas veces a compradores de buena fe.

Las pesquisas policiales revelaron que esta organización ya había sido investigada en 2022, si bien los investigados habrían creado nuevas empresas para continuar con la actividad ilícita.

Los agentes detectaron tres modalidades principales de actuación. La primera consistía en adquirir vehículos financiados mediante sociedades instrumentales a nombre de testaferros, con el objetivo de venderlos después fuera de España y esquivar así las limitaciones derivadas de la reserva de dominio. La segunda se centraba en comprar coches a particulares con graves problemas económicos, a quienes ofrecían una salida rápida a cambio de cantidades muy inferiores a su valor real y, en muchos casos, sin abonarles el importe pactado. La tercera modalidad consistía en anunciar vehículos en internet, cobrar una reserva a los interesados y no llegar a entregar nunca el automóvil.

Personas vulnerables como testaferros

La Policía sostiene que los implicados se aprovechaban de personas en situación de vulnerabilidad social y económica para utilizarlas como testaferros. Les daban de alta como autónomos y constituían empresas a su nombre con las que, presuntamente, obtenían financiación y daban apariencia de solvencia ante las entidades acreedoras.

La investigación ha acreditado que cuatro financieras resultaron perjudicadas por al menos 14 contratos de leasing, un contrato de renting y cuatro préstamos para la financiación de vehículos. Una de las entidades cifró en 210.714 euros el perjuicio económico derivado de esta operativa. Además, las mercantiles creadas por la red presentaban capitales sociales inflados y documentación con operaciones de varios millones de euros para aparentar una actividad inexistente y facilitar la obtención de crédito.

Durante las pesquisas, los agentes localizaron cinco vehículos vendidos en Francia y Países Bajos, donde ya habían sido matriculados con placas de esos países. La investigación apunta a que el cabecilla conocía que las restricciones existentes en España por reserva de dominio no podían comprobarse del mismo modo en otros registros europeos, lo que dificultaba el rastreo de los automóviles.

En otra de las ramas de la trama, el principal investigado gestionaba una página web en la que ofrecía la compra de vehículos embargados, financiados o con cargas pendientes. Ese reclamo iba dirigido, según la Policía, a personas con serias dificultades económicas. Una vez que las víctimas contactaban, recibían solo una pequeña parte del precio pactado. Después, los responsables alegaban problemas administrativos para no abonar el resto mientras revendían el coche a un tercero. En algunos casos, la organización llegó a comprar vehículos por apenas 1.000 euros y venderlos después por 20.000.

Los automóviles obtenidos de forma fraudulenta se anunciaban en plataformas legales de compraventa a precios inferiores al mercado. En algunos anuncios se advertía incluso de que eran vehículos “solo aptos para exportación”.

Las ventas llegaban a cerrarse en ocasiones en las inmediaciones de estaciones de ITV de la provincia de Alicante. Allí, los compradores revisaban el coche, realizaban la transferencia y recibían la documentación, aunque el cambio de titularidad nunca llegaba a completarse por las cargas pendientes sobre el vehículo.

La fase de explotación de la operación incluyó tres registros: dos inmuebles de Elche -el domicilio de los investigados y un aparcamiento- y una nave industrial de Aspe. En el parking, la organización tenía alquiladas dos plantas completas. Allí fueron intervenidos 34 vehículos, varios de ellos de alta gama, además de documentación relacionada con más de 150 turismos hallada en el maletero de uno de ellos.

La operación, desarrollada de forma conjunta por los grupos de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Policía Judicial Alicante, con la colaboración con agentes de la Policía Judicial de Elche y Ciudad Real, se ha saldado también con el bloqueo registral de más de 50 vehículos, la intervención de numerosas cuentas bancarias y la prohibición de vender o disponer de 12 inmuebles.

Por el momento, hay más de una veintena de víctimas identificadas, aunque los investigadores no descartan nuevas detenciones ni la aparición de más perjudicados a medida que avance la investigación.

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