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El Chato niega liderar una red de narcotráfico y alega que su actividad son los gallos

El dueño de la gallera de Aspe, en prisión preventiva por tráfico de drogas desde octubre de 2024, declara ser un simple toxicómano y se desvincula de los 5, 5 kilos de cocaína y 11 de anfetaminas incautados en Alcoy

El Chato detenido de nuevo por tráfico de drogas

Alex Domínguez

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Ángel Alberola, conocido como El Chato y dueño de una conocida gallera en Aspe, se ha desvinculado del alijo de drogas por el que se sienta en el banquillo y ha alegado que su actividad son los gallos. El proceso contra el dueño de la gallera de Aspe por liderar una red de narcotráfico entre las provincias de Alicante y de Albacete ha entrado en su recta final con la declaración de los acusados, que pidieron hacerlo en último lugar.

Un total de catorce personas se sientan en el banquillo, pero algunas de ellas ya han cerrado una conformidad con la Fiscalía declarándose culpables de las acusaciones de traficar con drogas para esta organización. Unas confesiones que contrastan con el alegato de inocencia de El Chato, que ha insistido en que ninguna de las sustancias intervenidas en esta operación era de él. La Policía Nacional encontró 5,5 kilos de cocaína y casi otros once de anfetaminas en una vivienda de Alcoy en un registro llevado a cabo en octubre de 2024. Un acusado vinculó en su día este alijo con El Chato, mientras que la defensa de éste plantea que el registro en la vivienda donde se encontró la droga es nulo, porque el procesado no estuvo presente en el momento en que se practicó.

Así fue el registro de la gallera de El Chato en Aspe

CNP

La Fiscalía solicita inicialmente penas de entre cuatro años y seis meses de cárcel y ocho años y medio de prisión por tráfico de drogas y organización criminal para tres de los 14 procesados, entre ellos El Chato, un primo suyo y otro acusado. En el banquillo, la defensa ha estado representada por un nutrido grupo de letrados de la provincia de Alicante, entre los que se encuentran José Soler Martín, Francisco Miguel Galiana Botella, Alicia Grau Córdoba, Iván Rodríguez Lorente, Alejandro Rodríguez Vidal, José Manuel Yepes y Joaquín de Lacy.

Durante su comparecencia en el juicio, El Chato ha intentado justificar su estilo de vida y su relación con el entorno delictivo asegurando que es "un simple toxicómano" y que su vinculación con las sustancias estupefacientes no es comercial, sino de consumo propio. Esta versión busca contrarrestar el informe de la UDYCO de Alicante, cuyos agentes ratificaron en sesiones anteriores que el acusado ejercía presuntamente un rol de liderazgo en la organización. Para la sesión de este lunes, además de las declaraciones de los acusados, también estaba prevista la audición de las escuchas telefónicas en las que se basaba el caso, pero se ha renunciado a esta prueba, aunque los magistrados sí que deberán escucharlas para dictar la sentencia.

Vehículos lanzadera para detectar controles

Los hechos se remontan a octubre de 2024, cuando un dispositivo de vigilancia interceptó en la A-31 dos vehículos que se dirigían a Albacete desde la provincia de Alicante. Según la Fiscalía, El Chato y su primo viajaban en un Audi Q-7 que realizaba funciones de "lanzadera" para detectar controles posibles policiales a lo largo del trayecto, mientras que un tercer investigado transportaba medio kilo de cocaína en un Volkswagen Touran. Aquel arresto fue el hilo del que tiró la Policía para desmantelar una red con ramificaciones en las provincias de Albacete, Alicante y Badajoz. En esta última provincia, los agentes hallaron más de 209.000 euros en efectivo ocultos en una vivienda, una suma que el Ministerio Público vincula directamente con los beneficios del narcotráfico. La droga intervenida estaba valorada en 775.000 euros. En función de todas estas cantidades, y valorando los beneficios que se podrían haber obtenido, el fiscal eleva la multa solicitada para los principales cabecillas hasta los 2,8 millones de euros.

Mientras el dueño de la gallera mantiene su versión de negar todos los hechos, el frente común de los acusados se ha resquebrajado. Varios de los procesados, situados por la acusación en el escalón de distribución en el barrio de las Seiscientas Viviendas de Albacete, han optado por pactar con el Ministerio Público, reconociendo los hechos a cambio de una rebaja en las penas de prisión, que inicialmente oscilaban entre los cuatro y los ocho años de prisión.

El juicio quedará visto para sentencia el próximo viernes, cuando las partes expongan sus informes de conclusiones finales. Será ese el momento, en el que el fiscal exponga las penas que se reclaman para los acusados. El Ministerio Público sostiene que la droga era trasladada habitualmente hasta la Plaza Tomás Navarro Tomás de Albacete, donde presuntamente era entregada a un grupo de personas encargado de su posterior distribución y venta a consumidores o a otros traficantes. En los registros practicados en viviendas de Albacete, la localidad manchega de Pozohondo y en Fregenal de la Sierra (Badajoz) incautaron nuevas cantidades de cocaína, hachís y marihuana, además de básculas, material para preparar dosis y elevadas sumas de dinero en efectivo.

Amenazas al alcalde de Aspe

El Chato que está en prisión preventiva desde su detención por estos hechos, ya fue condenado el pasado año a una multa de 270 euros por un delito leve de amenazas al alcalde de Aspe, Antonio Puerto, al que le dijo que le iba a arrancar la cabeza tras una reunión celebrada el pasado año en el Ayuntamiento con el objetivo de pedir que se reabriera el establecimiento, clausurado por el consistorio por la celebración de peleas ilegales de gallos.

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