Juzgan a un policía de Benidorm por filtrar datos de la Comisaría a redes de narcos

A cambio de dosis de droga facilitaba a sus proveedores datos reservados de la Comisaría de Benidorm. Desde cuáles eran los coches camuflados para operaciones policiales a fotografías de las nuevas incorporaciones de agentes a la unidad de Estupefacientes. Éstas son algunas de las acusaciones que pesan sobre un agente de la Policía Nacional destinado en la Unidad de Estupefacientes de la ciudad turística que desde este jueves se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Alicante. Una colaboración que, según declaró el inspector jefe de Asuntos Internos responsable de la investigación, fue a más hasta el punto de implicar al funcionario en un plan para asaltar una guardería de la droga donde otras bandas almacenaban sustancias estupefacientes. Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita para el policía una pena que suma cuatro años y nueve meses de prisión, dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y 15 meses de multa por los delitos de tráfico de drogas, conspiración para el robo y revelación de secretos.

El juicio ha arrancado con la ausencia de uno de los cinco acusados, que ha sido declarado en rebeldía por el tribunal y se encuentra en paradero desconocido. Este procesado era uno de los dos presuntos narcos con los que el agente colaboraba. Esta ausencia ha obligado a revisar la agenda del juicio, que inicialmente tenía cuatro días de duración, para renunciar a todos los testigos relacionados con la intervención de este acusado, que sería la persona que les iba a dar la información necesaria para el robo de droga en una vivienda. Tras este ajuste, los abogados de la defensa han planteado la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se apoya la investigación y que constituyen la prueba principal del caso, ya que en la operación las cantidades de droga intervenidas fueron mínimas.

Nulidad de escuchas

La defensa del agente encausado, ejercida por el letrado Francisco González, alegó que las escuchas eran nulas por vulneración de derechos fundamentales. El letrado sostuvo que el auto de febrero de 2019 que autorizó los pinchazos telefónicos era "nulo" por falta de motivación, argumentando que el caso nació de una "investigación prospectiva" basada en una confidencia anónima sin indicios objetivos previos. Estas medidas se vieron ampliadas a medida que avanzó la investigación, con autorizaciones de balizas de geolocalización y micrófonos dentro del coche, ya que los acusados guardaban grandes medidas de seguridad para no decir nada incriminatorio por el móvil, utilizando siempre lenguaje encriptado. Las mismas deficiencias de motivación fueron extendidas por el letrado a estas otras medidas excepcionales. Las demás defensas se adhirieron en bloque a la petición.

Por su parte, la Fiscalía defendió la legalidad de la instrucción. El Ministerio Público sostuvo que se trataba de la investigación de un delito grave y que sí existían indicios objetivos previos, sustentados en los contactos acreditados del policía con personas directamente relacionadas con el narcotráfico y en las sospechas de que se hubiese quedado con droga de un alijo. La acusación recordó que la intervención telefónica contó en todo momento con un estricto control judicial, estuvo limitada en el tiempo y que la propia Audiencia Provincial ya resolvió y avaló la legalidad de estas medidas en su momento. El tribunal, por su parte, dictaminó que resolverá esta solicitud de nulidad directamente en la sentencia. Las defensas buscaban un pronunciamiento expreso antes de que arrancara la vista oral.

Asuntos Internos

Todos los acusados han pedido declarar al final del juicio, cuando ya lo hayan hecho todos los testigos. Aunque las fuentes consultadas por este diario señalaron que en el interrogatorio solo van a responder a sus defensas y para negar los hechos que se les imputan. Por este motivo, la vista oral ha arrancado directamente con el interrogatorio por videoconferencia desde Madrid del inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que coordinó las pesquisas entre 2019 y 2020. La comparecencia se ha prolongado durante cerca de tres horas, en las que desde las defensas han tratado de invalidar su testimonio. El inspector dibujó el retrato del acusado como un agente que presuntamente cruzó todas las líneas rojas espoleado por una fuerte adicción a las drogas, convirtiéndose en un confidente que vendía información reservada en tiempo real a personas relacionadas con el narcotráfico. Uno de ellos el responsable de un club cannábico y conocido en los círculos policiales porque acababa de salir de prisión.

Según la investigación, el agente llegó a filtrar fotografías de los nuevos funcionarios adscritos al grupo de Estupefacientes para que los delincuentes pudieran identificarlos en la calle. También de los vehículos camuflados de la Comisaría. Aunque en la conversación interceptada solo hablaba de un coche nuevo, lo que implica que el resto ya los conocían, pero que estaba adscrito a la brigada de Información. Los soplos pronto empezaron a versar sobre operaciones policiales en curso. "Los chicos de las fotos son jóvenes e ingleses", llegó a advertir supuestamente el narco en una conversación intervenida tras una incautación de marihuana en latas efectuada en Benidorm. Las escuchas revelan que el funcionario también alertó en tiempo real de una operación contra la mafia italiana en la ciudad. Las redes de narcos sabían que había cerca de dos millones de euros ocultos en un lugar que no podría localizar la Policía, motivo por el que en tiempo real les iba indicando los lugares donde iban a practicar los registros. La implicación fue a más hasta el punto de que llegaron a planear el robo de un piso destinado a almacenar droga fingiendo que se trataba de una operación policial.

Asesoramiento y bases de datos

Las escuchas desvelan que el agente daba a sus proveedores asesoramiento e información sobre las rutinas policiales. Con la llegada de la pandemia, les explicó que los agentes de Estupefacientes fueron reasignados temporalmente a tareas de Seguridad Ciudadana, por lo que había cierta relajación en la investigación de esos delitos. Al responsable del club cannábico, el agente le recomendó que colocara un colchón en el local y durmiera allí habitualmente para que las instalaciones pasaran a ser consideradas legalmente su "morada", impidiendo la entrada policial sin orden judicial expresa.

El inspector jefe detalló que el agente utilizaba las bases de datos policiales de acceso restringido para hacer favores personales a sus presuntos proveedores a cambio de dosis de cocaína (a la que a veces llamaban "puros" o "premios"). Entre estas gestiones, se acreditó la intermediación del policía ante la oficina de Extranjería para agilizar el NIE a un ciudadano extranjero que resultó ser su presunto suministrador, o el intento de revisar de forma irregular las cámaras de seguridad de un cajero automático tras un problema con un ingreso de 1.000 euros. La investigación sitúa también al policía como el encargado de conseguir pequeñas remesas de droga (como una compra de 16 gramos en julio de 2019) para el consumo compartido en eventos sociales o despedidas de soltero de su grupo de amigos. El juicio continuará el martes y el miércoles de la semana próxima.

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