El CGPJ premia un programa de la Audiencia de Alicante que fomenta los acuerdos en los procesos con jurado

Galardón a un proyecto pionero implantado en la Audiencia de Alicante para agilizar los procedimientos con jurado. Un plan que fomenta las conformidades sin necesidad de que previamente se haya constituido el tribunal popular y que aúna varios de los objetivos que debe perseguir la Administración de Justicia: rapidez, eficacia y ahorro de recursos públicos. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha entregado este martes en Madrid los X Premios a la Calidad de la Justicia entre cuyos agraciados se encuentra este programa promovido por la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) de la Oficina del Jurado, Esther Serrano, al que el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, dio luz verde en enero de 2021 y que desde entonces se está desarrollando con la colaboración de la Fiscalía provincial a través del teniente fiscal José Llor, encargado de las conformidades. 

Los tres recogieron este martes el galardón dentro de la categoría «Justicia más transparente» en la sede del CGPJ de manos de dos de los vocales de este órgano junto al resto de los premiados en este y otros apartados. 

Fue la situación de colapso con que Serrano se topó al incorporarse a la Oficina del Jurado la que le hizo plantearse un proyecto que bautizó como «Comparecencias previas para posible conformidad en el ámbito del Tribunal del Jurado». Y lo hizo a la vista de los 32 asuntos que en 2021, tras el parón de la pandemia, estaban pendientes de juicio, lo que implicaba que harían falta como mínimo dos años para resolverlos. 

Más vale un mal acuerdo...

El objetivo era acabar con ese atasco teniendo en cuenta la dificultad y el coste de los procesos con jurado y hacerlo antes de que se conformara el tribunal popular. Lograr un acuerdo en ese momento es de vital importancia ya que evita movilizar a una media de 25 personas (los candidatos a jurado convocados para un juicio de los que después se tienen que elegir a los nueve titulares y los dos suplentes) y el coste que conllevan los desplazamientos y las dietas que perciben.

El programa demostró su capacidad a principios de ese 2021 cuando en apenas cinco días se señalaron nueve comparecencias de posible conformidad de las que siete fructificaron. La experiencia con los procesos susceptibles de acuerdo de nuevo ingreso en ese año no pudo ser más satisfactoria: cuatro de cuatro.

Los datos en este 2023 no son peores: de los nueve asuntos que había registrados a 31 de julio, cuatro eran posibles conformidades de los que en dos se alcanzaron dictándose en uno de ellos la sentencia in voce al haber comparecido voluntariamente el acusado y no solo los abogados. 

 Desde que el programa se puso en marcha, tan solo evitando ese primera sesión de un juicio, el ahorro conseguido se calcula en unos 15.000 euros que se eleva hasta los más de 47.000 que habría costado en total la celebración de todas esas vistas. 

El resto de premiados

En esta edición, los premios en la modalidad de "Justicia más eficaz" han recaído en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por su proyecto "Ética profesional y justicia eficaz" y en el Servicio de ejecución penal y justicia restaurativa de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra por su proyecto "Protocolo de colaboración en materia de atención a la salud mental y protocolo marco de justicia restaurativa en Navarra".

Los galardones a la "Justicia más transparente" han sido otorgados ex aequo, junto al proyecto de Alicante, al área de Contencioso-Administrativo del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo por su proyecto "Elaboración y difusión de cuadernos de jurisprudencia y boletines" .

En la categoría de "Justicia más accesible" han resultado premiados el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria por su proyecto "Desarrollo piloto de Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia" y, ex aequo, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco por su proyecto "Programa de acompañamiento a víctimas de violencia de género en el ámbito judicial: Zurekin" y la Viceconsejería de Justicia y víctimas de la Comunidad de Madrid por su proyecto "Programa integral de atención a la infancia en las sedes judiciales".