Seguimiento del 80% en el cuarto día de huelga de letrados judiciales en la provincia de Alicante
Una representación del comité de los LAJ se reúne en Alicante con un alto cargo del Ministerio de Justicia para tratar de buscar un acuerdo
La huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ha tenido este viernes un seguimiento del 80%, cuarto día de los paros desde que este enero han empezado las movilizaciones. Por partidos judiciales, los paros han sido secundados en Alicante por un 92% de la plantilla; un 95% en Elche; un 100% en Benidorm, Orihuela, Torrevieja, San Vicente, Novelda e Ibi; un 60% en Dénia; un 50% en Alcoy; un 25% en Elda y Villena; y un 0% en La Vila Joiosa.
Esta cuarta jornada de huelga ha coincidido con la presencia de un alto cargo del Ministerio de Justicia en la ciudad, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Manuel Olmedo, que ha atendido a una representación del comité de huelga y que le han trasladado sus reivindicaciones. Olmedo asistía a la inauguración de la nueva sede del colegio de Procuradores de Alicante. Los LAJ reclaman subidas salariales acordes a las nuevas funciones que han asumido desde el año 2009.
Desde el año 2009 los letrados judiciales han tenido que asumir nuevas funciones que hasta entonces estaban en manos de los magistrados. El objetivo era liberar a los jueces para que pudieran concentrarse en celebrar juicios y dictar sentencias dejando en manos de los secretarios la organización del trabajo. A cambio, al pasar las vistas a ser grabadas, se les liberó de tener que estar presentes en los juicios para que pudieran centrarse en estos nuevos cometidos.
Antecedentes
La reforma de 2009 dio muchas más competencias a los letrados judiciales tanto en el orden civil como en el penal, donde ya no se limitan a impulsar los procedimientos, sino que dictan resoluciones que ponen fin a esos procedimientos, como es el caso de los decretos que cierran los procesos monitorios (reclamaciones de poca cuantía), las ejecuciones hipotecarias o las conciliaciones en pleitos laborales, entre otros. Incluso la Ley les faculta para celebrar bodas.
Sin embargo, las reformas que ampliaron las funciones de los secretarios judiciales llegaron en plena crisis económica, en la que las Administración Pública estaba sujeta a estrictas políticas de recortes y de limitación del gasto público. Desde la Administración se solicitó al colectivo que esperaran a que llegaran tiempos en que la situación económica fuera más favorable pero el incremento no se ha producido.
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