¿Y la huelga de los LAJ pa’ cuándo?

«Nos han dado tantas competencias que si paramos, se paraliza la Justicia. Pero se niegan a pagarnos por ello pese a que se acordó en abril del año pasado». De este modo resume un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) los motivos por los que desde hace casi tres semanas tienen paralizados los órganos judiciales de todo el país con una huelga indefinida que está secundando mayoritariamente un colectivo que en la provincia lo conforman 173 profesionales. 

Una protesta que desde que se inició el pasado 24 de enero ya ha provocado la suspensión de alrededor de 4.500 actuaciones procesales y el bloqueo de más 150 millones en la provincia. Cifras preocupantes pero que no parecen inquietar en exceso al ministerio de dirige Pilar Llop, que hasta este pasado jueves no se dignó a convocar al comité de huelga y aún así lo ha hecho para una semana después. Sin prisa.

Como si la ministra (magistrada de profesión) y el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, (del que no se pueda decir que despierte muchas simpatías entre los LAJ) no fueran conscientes de la gravedad del colapso que se está generando y que va a tardar un tiempo en resolverse. Ni repararan en que el malestar de abogados y procuradores va in crescendo de manera proporcional al tiempo y el dinero perdidos con suspensiones de las que no tienen conocimiento hasta el mismo momento en que estaban señaladas, con el desbarajuste que supone. Y eso sin contar con lo más importante: los ciudadanos y su derecho a la tutela judicial efectiva, la principal damnificada de esta falta de interés en encontrar el modo de desconvocar la huelga. 

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Generalizada es la opinión de que el Ministerio no pensó que los LAJ iban a ser capaces de mantener el órdago de un paro indefinido. «Jugaron al desgaste, a ver si morían de inanición. Desde el principio no le han dado la importancia que tenía la protesta porque pensaban que no iban a aguantar, que por el coste que supone para ellos cada jornada de huelga iban a claudicar», sostiene un operador jurídico que coincide en el análisis con otros muchos. 

 «Y lo cierto es que en 2009 les aumentaron las competencias y que hay un acuerdo de incremento retributivo, por lo que a Justicia no le queda otra que cumplir», añade otro que llama la atención acerca de que «no solo es dinero ni todo es la Audiencia, hay juzgados de tercera donde se trabaja mucho y en condiciones lamentables», afirma.  

Con independencia de que se haya sabido transmitir mejor o peor los motivos de la protesta,  de lo que nadie duda a estas altura es de que Llop y Rodríguez tienen la obligación de sentarse cuanto antes con el comité de huelga (y no con los LAJ de los tribunales superiores como hicieron el jueves, lo que muchos huelguistas interpretaron como un modo de ganar tiempo) y desbloquear el conflicto. 

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Entre tanto, el ministerio ya ha comenzado a notificar a quienes están secundando los paros que va a proceder a restar del salario cada jornada de huelga. «A algunos la nómina nos va a salir a pagar», bromea uno de ellos al que no se aprecia, pese al tajo en la remuneración, la más mínima intención de abandonar la protesta. Incluso se ha empezado a hablar de crear una caja de resistencia. 

Pero en este ínterin a la ministra Llop se le ha complicado mucho la situación al cruzársele otro asunto que ha desplazado de su hoja de ruta, aún más, una huelga que ha ninguneado desde el principio. 

La polémica por la reforma de la ley del «solo sí es sí», sus lamentables intervenciones al respecto y la declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiendo por primera vez desde que esta ley entró en vigor sus «efectos indeseados», ha hecho correr el runrún de que quizá no sea mucho el tiempo que le quede a Llop al frente del ministerio. Algo que no solo demoraría la solución al problema que nos ocupa sino que probablemente obligaría a hacer un paréntesis en la protesta a la espera de saber con quién interlocutar. Y ante este panorama hay quien se pregunta: ¿no estarán buscando a eso?