Los LAJ de Alicante piden a la consellera Bravo que medie en el conflicto con Justicia

 La intervención de la consellera Gabriela Bravo ante la ministra de Justicia de Justicia, Pilar Llop, para que se abra un diálogo que permita solucionar el conflicto que mantiene en huelga indefinida a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) desde hace un mes con el consiguiente deterioro de este servicio público. Es la petición que el colectivo de este cuerpo en Alicante, que apoya mayoritariamente la protesta, ha hecho llegar a la titular autonómica de Justicia, a la que pide que traslade a la ministra la preocupación «por los enormes perjuicios para los ciudadanos, los profesionales y la Comunidad» que están provocando los paros, que prácticamente mantienen paralizados los órganos judiciales. 

A la puertas de la segunda reunión entre el ministerio y el comité de huelga, fijada para la mañana de este viernes, los convocantes se temen que en la misma únicamente se aborde la ampliación de los servicios mínimos y no comprenden «la falta de interés del ministerio en establecer un diálogo del que pueda alcanzarse un acuerdo que ponga fin al conflicto». 

Los huelguistas reclaman que Justicia cumpla con las mejoras salariales acordadas con este cuerpo hace un año acordes con sus nuevas competencias. 

¿Y la huelga de los LAJ pa’ cuándo?

Llop, por su parte, ha emplazado al colectivo a dejar atrás «posturas maximalistas» que permitan desconvocar una huelga «que está causando mucho daño». Entre esas posturas la ministra incluye la exigencia de la llamada cláusula de enganche, que permitiría referenciar su sueldo al de jueces y fiscales para que los letrados no cobren nunca menos del 85 % respecto a estos dos operadores jurídicos, «exigencia que no cuenta con el apoyo de las asociaciones judiciales ni de otras fuerzas políticas», precisó

 Y añade que, desde su llegada al ministerio, se han atendido muchas reivindicaciones de los antiguos secretarios judiciales como la reordenación de las comisiones de servicios o la convocatoria de concursos de traslados.

Mientras tanto, el Congreso ha instado este jueves a la ministra a pactar las mejoras salariales que reclaman los LAJ, un punto que no ha contado con los votos de los dos partidos del Gobierno. 

Denuncian presiones de LAJ a funcionarios de Justicia para impedir que se trabaje con normalidad

Se trata de una moción derivada de una interpelación dirigida la semana pasada a la ministra y en la que en la mayoría de los puntos el PP han recabado el apoyo de Vox y Ciudadanos, pero también de buena parte de los aliados parlamentarios del Ejecutivo.

La aprobación de la moción se produce cuando la huelga ya ha provocado la suspensión de 210.000 vistas en todo el país (alrededor de 6.000 en Alicante) y el bloqueo de 4.000 millones de euros (más de tres en la provincia), según los datos de las asociaciones convocantes.

En el texto aprobado se insta al Gobierno a «la pronta resolución del conflicto laboral que mantiene con los LAJ recuperando el retraso en las actuaciones procesales que ha generado dicho conflicto y sin que ello implique un incremento de la carga de trabajo del resto de profesionales de la Justicia». Se pide además «alcanzar un acuerdo en el marco de la mesa de negociación abierta para negociar las condiciones de trabajo de los cuerpos de funcionarios afectados por la implantación de la organización prevista y que se negocien las compensaciones económicas derivadas de la implantación del nuevo modelo de Justicia».

Los letrados judiciales de Benidorm, por su parte, han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de negociación y la vulneración del derecho de huelga al considerar «excesivo» un turno de servicios mínimos del 30% mientras «no se contemplan supuestos tan sensibles como el pago de pensiones», concretan.