Los letrados judiciales de Alicante en huelga advierten: «hemos llegado a un punto de no retorno»

Resistir. Es la consigna que el portavoz del comité de huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), Juan José Yánez,  ha transmitido este jueves a sus colegas de Alicante cuando el colectivo se encamina a los dos meses de paro y mientras al ministerio que dirige Pilar Llop no se le ve intención de retomar las negociaciones tras los intentos fallidos. 

Con un seguimiento en la provincia cercano al 70% (el 21,7 a nivel nacional según la contabilización que hace el ministerio, que excluye los servicios mínimos), los LAJ de Alicante avisan de que «ahora ya no podemos parar, hemos llegado a un punto de no retorno».

Los letrados judiciales siguen en pie de guerra

Convencidos de que sólo el ministerio es el responsable de la paralización en que se encuentra la Justicia desde que comenzó la huelga el pasado 24 de enero (cada semana se suspenden en la provincia una media de 1.500 actuaciones procesales), los LAJ insisten en que «no podemos volver atrás porque nuestro objetivo es que se cumplan los acuerdos. Por eso hacemos desde aquí una llamada a Justicia para que se siente a negociar». Y precisan que «tenemos buena predisposición y no vamos con líneas rojas».

Todavía no han sentido en sus nóminas los recortes por el grueso de los días de huelga (a razón de unos 150 euros brutos por jornada), pero son conscientes de que el tajo en la próxima va a ser considerable.  Aún cuando tienen guardias que ayudan a compensar lo que se resta, «hay letrados judiciales que durante el pasado mes de febrero trabajaron tres días», explican.

El CSIF insta a solucionar la huelga de los letrados judiciales ante la crítica situación de los juzgados

 Aunque tienen claro que es «una carrera de fondo», confían en que «esto tiene que acabar porque puede explotar en cualquier momento». Y recalcan que «no se trata de dinero sino de dignidad porque una buena parte de nosotros estamos a punto de jubilarnos», apunta una LAJ, que acusa al ministerio de tener «un desconocimiento absoluto de lo que son servicios esenciales».

Elecciones

En este sentido, la Junta Electoral Central (JEC) ha aclarado en un acuerdo que el derecho a la huelga de los LAJ no puede eximirles de realizar la labor que desempeñan durante el proceso electoral, ante la duda trasladada desde el Ministerio de Justicia sobre si las próximas elecciones podrían verse afectadas la protesta.

En respuesta al planteamiento que hizo Llop, la JEC precisa que «la relación que vincula a los secretarios de las juntas electorales con la administración electoral no es una relación de naturaleza funcionarial, por consiguiente, sus funciones no pueden resultar afectadas por el derecho de huelga que están ejerciendo», señala la JEC en su acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press. 

Pagos online

Para ayudar a los letrados el Consejo General de la Abogacía Española ha puesto a su disposición, de manera gratuita, su plataforma de contratación digital y pagos online como alternativa a la tradicional cuenta de consignaciones del juzgado mientras dure la huelga que mantiene paralizados millones de euros en dicha cuenta. Se trata de una «solución digital» desarrollada con la intención de «facilitar el cierre telemático» de los acuerdos judiciales y extrajudiciales con «el máximo nivel de seguridad jurídica».

Aseguran que funcionará como una «alternativa institucional» a la «saturada cuenta de consignaciones judiciales del ministerio de Justicia». Y recuerdan que «en España se mueven cada año 8.400 millones de euros en depósitos y consignaciones judiciales, de los cuales 4.000 millones son pagos entre partes que quedan retrasados en los juzgados cerca de tres meses».

Encuentro en el Colegio de Procuradores

El Colegio de Procuradores de Alicante ha acogido esta semana una reunión a la que han asistido representantes de los letrados de la Administración de Justicia así como de cada uno de los operadores jurídicos afectados por la huelga: abogados graduado sociales y los propios procuradores, por quienes estuvo presente su decana, Pilar Fuentes. Por parte de todos quedó clara la necesidad de que se resuelva cuando antes esta situación. Este jueves, los decanos y decanas de los 83 Colegios de la Abogacía y el resto de miembros del Pleno del Consejo General de la Abogacía han exigido a las partes en conflicto que intensifiquen al máximo las negociaciones con el mismo objetivo.