L@s malquerid@s de la administración de Justicia

Dos meses de huelga, la paralización de la administración de Justicia y las molestias que los paros están acarreando a todos los operadores jurídicos han destapado la caja de los truenos contra el que parece ser el colectivo que más animosidad congrega en este sector, incluso con anterioridad a la protesta: los letrados de la administración de Justicia (LAJ). Los antes llamados secretarios judiciales, quienes desde del pasado 24 de enero mantienen un pulso sostenido, que bien podría concluir en las próximas horas, para que el Ministerio de Justicia dé luz verde a las mejoras salariales a las que se comprometió hace un año. 

«Es un cuerpo con profesionales muy bien preparados pero sin ganas de trabajar». «Hacen bandera de que tienen 600 competencias pero delegan 597 y se limitan a las consignaciones, las comisiones rogatorias y a apretar el botón de la firma». «Lo que el ministerio tiene que hacer es redefinir sus funciones y quitarles aquellas que realmente no hacen o exigirles que hagan por las que cobran». 

Esta son algunas de las afirmaciones que salen a borbotones de boca de funcionarios de Justicia, con independencia de la jurisdicción en la que desempeñan su trabajo, cuando se les pregunta por la tarea que desarrollan quienes, sobre el papel, son sus jefes y los últimos responsables de las oficinas judiciales. 

«Seguridad jurídica»

«Nuestro objetivo es generar seguridad jurídica». Así resume un letrado judicial la razón de ser de este cuerpo a los que no pocos le ponen fecha de caducidad. Y añade: «estamos ahí para controlar que todos, incluidos los jueces, cumplan con su obligación. Si desapareciéramos, la Justicia sería una mierda».

No lo ven así gestores, tramitadores y auxilios, funcionarios al igual que los LAJ con la única diferencia de que los primeros dependen de la Generalitat y los segundos, del ministerio. «Si falta el juez o funcionarios de los cuerpos generales, el juzgado se colapsa. Si el que no está es el LAJ, ni se nota», añaden. 

Una dura aseveración con la que coinciden muchos de estos empleados públicos que, sin embargo, se apresuran a matizar que generalizar siempre es injusto. Y se atreven incluso a dar nombres y apellidos de LAJ de los que nunca se podrá decir que no desempeñen sus obligaciones con dedicación y responsabilidad. «Pero son minoría», insisten. 

«Pues claro que los hay que no cumplen con su trabajo. Como hay funcionarios y magistrados a los que yo no contrataría si tuviera una empresa privada. Pero eso depende de las personas y por eso no puede cuestionarse la labor del colectivo. De hecho, aquellos que no sabían a qué nos dedicamos, ahora, a raíz de esta huelga, ya lo saben», apunta un letrado que admite, como otros muchos, que ha fallado la estrategia de comunicación para hacer entender a operadores jurídicos y ciudadanía «el motivo de nuestra lucha y la importancia de nuestros cometidos». 

Tareas que mientras mayoritariamente los funcionarios sostienen que los letrados judiciales las delegan en ellos, los LAJ precisan que así viene recogido en el Manual de puestos, un documento oficial de 176 páginas donde aparecen definidas y asignadas todas la funciones de la oficina judicial «y en el que queda claro que la del LAJ es, fundamentalmente, validar lo que gestores, tramitadores y auxilio judicial hacen. Esa es nuestra responsabilidad», precisan. 

Tal es el caso de los registros y modificaciones en el Siraj, las liquidaciones de condena o la redacción de certificaciones y testimonios, entre otros trabajos que, a juzgar por las posiciones encontradas al respecto, nadie asume como propios. «O la fe pública de las grabaciones de los juicios, a los que consiguieron que se les eximiera de entrar y que en muchos casos se da sin verlas, con lo que en realidad se trata más de un acto de pura fe», ironizan. 

La puerta

«Al ser los directores de la oficina, los LAJ son la puerta por la que todos tenemos que pasar. Y si la cierran, no entra ni sale nadie. Como está ocurriendo en la huelga, cuando la mayoría no ha dejado adelantar trabajo y ni tan siquiera enseñarles a abogados o procuradores los procedimientos o avisar de suspensiones incluso cuando eran personas que tenían que venir de fuera de la provincia y hasta del país», se lamenta una funcionaria. 

 «No cuestionamos su derecho a la huelga pero sí lo que piden: creo que están bien pagados y no pueden pretender cobrar casi lo mismo que un juez o un fiscal porque ni la responsabilidad ni el acceso son los mismos», apunta otro tramitador con 33 años de experiencia a sus espaldas y quien se queja de que «lo delegan todo. Y una cosa es formar y otra, delegar».

Cansados, aseguran, «hasta de hacer las estadísticas en las que anotamos faena que sacamos nosotros y por la que ellos cobran la productividad», da la impresión que el ambiente con que estos «malqueridos» de la Administración de Justicia se van a encontrar tras la huelga no va a ser el más amable cuando se tiene que hacer frente a una situación de colapso que requiera arrimar el hombro y en la que va a hacer falta arbitrar planes de contingencia. 

«Creo que no han calibrado bien lo que han provocado con su protesta», afirma una tramitadora convencida de que, «aunque consigan lo que reclaman, a nivel de imagen han salido malparados», sentencia.

«Teníamos que hacerlo. Por dignidad», concluye una letrada.