Esto es lo que le cuesta a un juez decir que los fiscales se mueven por fines políticos

La instructora del expediente abierto al magistrado de Alicante Manel Martínez Aroca por las declaraciones que realizó en una entrevista concedida a este medio en la que, entre otras afirmaciones, sostenía que en el caso Brugal (el mayor proceso por corrupción que se ha investigado en la provincia), los fiscales se movieron con fines políticos, ha propuesto que el juez sea sancionado con una advertencia y multa de 500 euros como responsable de una falta leve. 

En la propuesta de sanción, a la que ahora tiene que dar luz verde el pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, la instructora sostiene que el magistrado, destinado en la sección XI de la Audiencia de Alicante con sede en Elche, cometió una «falta de consideración o respeto hacia otros miembros del Poder Judicial en tanto que efectúa expresiones de menosprecio o menoscabo de los titulares de otros órganos inferiores en el orden jurisdiccional (juzgado de lo Penal y juzgado de Instrucción) respecto a los asuntos tratados en la entrevista siendo él conocedor de la situación procesal de la causa por ser integrante del órgano colegiado enjuiciador». 

Consideraciones que hace extensivas a cómo se expresó respecto al Ministerio Fiscal, la Agencia Tributaria e inspectores de Hacienda y que la instructora entiende que se trata de «declaraciones que contribuyen a generar una imagen de desconfianza en la ciudadanía respecto a la Administración de Justicia, en tanto que son hechas por un máximo representante del Poder Judicial, miembro activo de la Judicatura, cuya opinión quebranta de manera relevante la confianza social en el sistema y la credibilidad en la Justicia dado que recaen sobre asuntos por él enjuiciados».

Martínez Aroca realizó afirmaciones tales como que «en el caso Brugal se buscaban fines políticos y, por lo tanto, se fue inflando el globo para conseguir tiempo y poder encontrar, es posible, aunque lo desconozco, si otras personas habían cometido algún delito». 

El CGPJ considera falta leve que un magistrado diga que la Fiscalía se mueve por intereses políticos

La instructora mantiene que de la lectura de la entrevista (publicada en mayo del año pasado) así como de las fotografías adjuntas (en las que el magistrado aparece con la toga) resulta acreditado que realizó las declaraciones haciendo referencia a su condición profesional de magistrado manifestándose sobre cuestiones que están relacionadas con el desempeño de su profesión». Y agrega que «opina sobre un asunto que fue sometido a su enjuiciamiento y sobre el que en la fecha de la publicación (de la entrevista) no había recaído resolución firme».

En su escrito de alegaciones, Martínez Aroca admitió que le «faltó prudencia en la conversación» y que «los comentarios sobre la Fiscalía, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción al hilo de una manifestación realizada por el presidente del Gobierno (en alusión a cuando dijo que el Ministerio Público dependía del Ejecutivo) eran innecesarios y no entiendo por qué se reprodujeron con tanta intensidad». 

Manifestaciones que, para la instructora, «no eran las de un mero ciudadano y constituyendo expresiones que sobrepasan el terreno de la crítica amparada en la libertad de expresión acreditándose en todo caso que ha incumplido los deberes propios de sus estatuto jurídico».