Juicio en Alicante a la Dirección de la Policía por no dotar de chalecos antibalas a los agentes

El juzgado de lo Social número 4 de Alicante ha juzgado este martes a la Dirección General de la Policía (DGP) por la demanda interpuesta por el sindicato Jupol por negarse a dotar de chalecos antibalas a los agentes alicantinos. Este es el primero de los juicios previstos a la DGP por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y estar poniendo en grave peligro la vida de los agentes.

Jupol ha presentado demandas similares en Elche, Benidorm y València y la abogada del sindicato, Raquel Sánchez, ha solicitado en el juicio celebrado en Alicante indemnizaciones de entre 20.000 y 40.000 euros para varios agentes que no disponen del medio de protección necesario "para acometer las funciones que tienen encomendadas" y que han estado sufriendo "un grave riesgo por no disponer de este material de protección tan necesario e imprescindible”.

El secretario provincial de Jupol en Alicante, David García, ha explicado que la demanda se basa "en la propia normativa interna de la Dirección General de la Policía, en la que se reconoce la necesidad de dotar de este tipo de material de protección a los agentes operativos de la Policía Nacional".

Jupol denuncia que hay unos 600 policías de Alicante que no disponen de chaleco antibalas de dotación de la Dirección General de la Policía y varios de ellos han declarado hoy en el juicio para sostener la demanda del sindicato mayoritario en la Policía Nacional.

David García afirma que la DGP ha llegado dejar sin chaleco a un agente durante más de 13 años y asegura que la DGP incumple la normativa de forma sistemática.

Prevención de riesgos

El sindicato denunciante señala en un comunicado que se incumple de manera clara el RD 2/2006 de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. En su artículo 3, sobre los derechos a la protección frente a los riesgos laborales, establece que "1. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. La Administración del Estado adoptará las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y salud de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades profesionales, dentro de las peculiaridades que comporta la función policial".

Asimismo, también contempla que la Administración adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados para las tareas previstas y "para que garanticen la seguridad y salud de los funcionarios y personal que los utiliza". El decreto recoge además que la Administración proporcionará a los agentes "equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por su uso efectivo y correcto de los mismos”.

Jupol solicita en su demanda, además de la indemnización a los policías, que “el juzgado obligue a la Dirección General de la Policía a facilitar los chalecos antibalas a los agentes”.

David García asegura que es "un grave riesgo" para la seguridad de los agentes que carecen de chaleco y afirma que la demanda de Jupol "es clara y justa: Un policía, un chaleco”.

Jupol señala en el comunicado que acude a la Justicia "ante la reiterada negativa de la Dirección General de la Policía de solventar la situación de riesgo para los agentes y se reclama que se adopten las medidas necesarias para revertir esta situación y dotar de forma inmediata a los policías de los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones, así como a la indemnización a los agentes por el riesgo que han venido sufriendo estos años".