Declaran como investigados dos interventores del Ayuntamiento de Algueña por el caso de las basuras
El juzgado solicita a la Agencia Valenciana Antifraude un informe sobre la facturación extra del servicio de recogida de residuos para ver si hay abonos duplicados
El proceso penal abierto por la gestión municipal de la recogida de basuras en Algueña obligó este viernes a desfilar ante la magistrada de Novelda que lo instruye al secretario-interventor durante buena parte del tiempo que el servicio se ha estado prestando sin contrata, al funcionario que accidentalmente está ocupando este puesto y al virtual regidor de esta localidad del Medio Vinalopó, el socialista Sergio Ramírez, entre otros. Los dos primeros en calidad de investigados y el próximo alcalde, como testigo.
El primer interventor, en la actualidad ya jubilado, explicó que todo se hizo correctamente, que cuando expiró la adjudicación, en 31 de diciembre de 2017, se acordó una prórroga tácita y que el Ayuntamiento no disponía de personal capacitado para elaborar un pliego para licitar el servicio de nuevo.
Idénticas explicaciones a las que dio la popular María del Carmen Jover, la alcaldesa de esta población durante los últimos 16 años que en las pasadas elecciones no ha logrado revalidar su mandado, cuando a finales de abril compareció ante esta misma magistrada declarando también como investigada y sin querer responder tampoco al fiscal anticorrupción Pablo Romero.
El interventor accidental desde hace un par años, a la espera de que el Ayuntamiento le acepte su renuncia a este puesto, agregó que se dividió el importe total anual de la contrata entre los doce meses del año, lo que arrojó unos 6.000 euros al mes, que era lo que se ha venido pagando. Y que hubo una modificación, que suponía unos 100 euros mensuales más por la limpieza del mercadillo, que por su escasa cuantía se aprobó en junta de gobierno en vez de llevarla al pleno.
El virtual alcalde aseguró que él se limitó a poner todas las irregularidades que detectó en conocimiento de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), que este organismo cifró en siete, y que siempre se prestó bien el servicio, del que se encarga la empresa de del hermano de un concejal, ambos también investigados en este proceso, el mismo que lo viene haciendo desde 2005.
También declaró un técnico de la Diputación al que el Ayuntamiento recurrió en busca de asesoramiento para elaborar el pliego. Aseguró que envió un borrador y que ya no volvió a saber nada más del tema.
Y la representante de la empresa externa que al final lo ha redactado, con el que acaba de sacarse a concurso después de más de cinco años sin contrato.
A falta de la investigación que está realizando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría provincial para comprobar si ha habido o no enriquecimientos ilícitos, desde el juzgado se ha reclamado a la AVA un informe que permita determinar la facturación extra y saber qué servicios se pagaban al margen de esos 6.000 euros mensuales.
La Fiscalía Anticorrupción y la AVA sostienen que el Ayuntamiento abonaba como extra conceptos que estaban incluidos en esa facturación.
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