Imputaciones que suman

Si los resultados cantan, la música y la letra de las elecciones del domingo dice que estar investigado, procesado o acusado, e incluso haber sido condenado, por hechos que en su gran mayoría tienen que ver con actuaciones presuntamente ilícitas en el ejercicio de la cosa pública, a la que aspiran a dedicarse quienes concurren a unos comicios, lejos de ser un demérito, actúa como efecto multiplicador de apoyos. 

Da igual el color de la formación política que avale su presentación. Y tampoco es que importen mucho los delitos pese a que suelen reiterarse los cargos de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es), malversación (apropiarse de dinero o bienes públicos a los que se tiene acceso precisamente por su función en la administración) o cohecho (recepción de dinero o bienes a cambio de actuaciones para beneficiar a quien entrega la dádiva). Es decir, preceptos donde el bien jurídico que se busca proteger es precisamente el correcto ejercicio de la función pública y el buen uso de unos recursos que, aunque no parezcan de nadie, son de todos.

Pues en contra de toda lógica, y de lo que debería dictar el sentido común, la práctica totalidad de los candidatos a dirigir ayuntamientos de la provincia que se han presentado a las urnas arrastrando problemas con la Justicia, o con exediles en esa misma situación, lejos de que ese lastre les haya restado votos, han salido más que airosos del trance, incluso reforzados. 

De hecho, sólo la aspirante a seguir siendo alcaldesa de Algueña, la popular María del Carmen Jover, no ha repetido después de cuatro mandatos consecutivos sin soltar la vara de mando. Y ha sido por apenas 18 votos sin que tampoco el descalabro se pueda atribuir a ciencia cierta a sus problemas legales. Una escasa diferencia que ha dado la victoria al PSOE y ha mandado a la oposición a la también diputada provincial que figura como investigada en dos procesos penales. ¿Los cargos? Prevaricación, cohecho, malversación y fraude en relación a dos actuaciones al frente del Ayuntamiento: las supuestas irregularidades en la venta de dos parcelas municipales a cambio de beneficios para el negocio de su marido, y el servicio de recogida de basuras, que se lleva prestando fuera de contrata desde hace más de cinco años. 

Pero ahí acaba la factura que los tribunales han pasado a los candidatos que en la provincia tienen cuentas pendientes con la Justicia. Que se lo digan, si no, al virtual alcalde de Orihuela, José Vegara, quien ha logrado mejorar en un concejal los resultados del PP en 2019 (conseguidos por su compañero y amigo Emilio Bascuñana, acusado de cobrar un sueldo de Sanidad sin trabajar cuando aún no se dedicaba a la política) y eso que en unos meses tiene que sentarse en el banquillo para enfrentarse a una petición de siete años de cárcel por dos delitos fiscales y uno continuado de falsedad. Se le acusa de urdir un plan para defraudar a Hacienda mediante facturas falsas cuando era responsable de la ITV Vega Baja, lo que no parece haber pesado en el ánimo de sus votantes.  

En Torrevieja también el PP ha conseguido reforzar su mayoría (ha pasado de 14 a 16) cuando la concejala de Contratación del equipo de Eduardo Dolón en el mandato que ahora expira, Carmen Gómez, tuvo que dejar su acta por serios problemas vinculados a su función pública que han desembocado en dos procesos penales por los que se solicitan hasta 24 años de inhabilitación. Se le imputa haber prevaricado en dos actuaciones municipales: un plan de choque de limpieza sin contrato y el modo en que adjudicó la compra de materiales para un taller de empleo. Lo hizo vía WhatsApp y teléfono, también sin contrato, sin proyecto y sin ningún tipo de tramitación administrativa. Los investigadores hablan de un quebranto a las arcas públicas de 340.000 euros.

Con algo más de dificultad que Dolón, porque necesita contar con Vox, el PP volvería a gobernar en Crevillent, si el recuento final no lo cambia, donde ha sumado un edil a los siete que obtuvo en el 2019. Y eso cuando los procedimientos penales abiertos por la gestión de servicios municipales durante el cuarto de siglo como regidor del popular César Augusto Asencio han dado lugar nada menos que a cuatro causas penales. Actuaciones denunciadas en su día por José Manuel Penalva, de Compromís, quien ha ocupado la Alcaldía durante el mandato que ahora acaba, y por las que Anticorrupción acusa de amañar contratos y pagar por servicios no prestados. La petición de penas se eleva hasta los cinco años de cárcel y los doce de inhabilitación. 

Santa Pola es otro ejemplo en que la gestión municipal, en la etapa del popular Miguel Zaragoza, dio pie a la apertura de varios procedimientos penales por corrupción que están pendientes de juicio: el de una clínica privada en Gran Alacant a la que durante una década se le habría eximido de pagar el alquiler al Ayuntamiento a cambio de contratar a personas próximas a PP local, y el de las supuestas irregularidades en la compra de material para la Policía Local. Después de estos escándalos, y tras un mandato en manos del PSOE, el PP recuperó en 2019 la Alcaldía de la localidad marinera de la mano de Loreto Serrano, en su momento miembro del equipo de Zaragoza y quien en los comicios del domingo ha conseguido la mayoría absoluta al hacerse con 11 de los 21 ediles de la Corporación.

En Alicante, en los albores de la campaña, el supuesto troceo de contratosde actuaciones en una partida rural ha colocado delante de una jueza, y en calidad de investigados, a dos de los puntales del equipo de Gobierno del popular Luis Barcala durante los últimos cuatro años. El ya exedil de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Giménez, quien dimitió al hacerse público este affaire, y el concejal de Seguridad e Infraestructuras, José Ramón González. 

En el marco de la instrucción judicial ha sido llamado a declarar hasta el interventor municipal, además de otros funcionarios que comparecerán también como testigos. Pero Barcala, que ni se ha dignado a pronunciarse sobre este espinoso tema, lejos de perder respaldo, también ha mejorado sus resultados en cinco representantes pasando de 9 a 14 de un total de 29.  

En Callosa de Segura, el también popular Manuel Martínez Sirvent, que optaba a la reelección, ha cedido un edil (ha pasado de 8 a 7) aunque no parece que la pérdida se deba tanto a que está siendo investigado por supuestamente no actuar ante irregularidades urbanísticas, tras la denuncia que por estos hechos le presentó la secretaria municipal, sino más bien a la irrupción en la escena electoral como independiente de Javier Pérez Trigueros. El exregidor por el PP de la localidad entre 2003 y 2015, exasesor en la Diputación del virtual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y condenado en su día a tres años de inhabilitación por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios por concederse a sí mismo licencias de obra para su empresa de construcción, ha logrado hacerse con tres ediles complicándole el escenario a su antiguo compañero de partido. 

Las cosas no son muy diferentes en las filas socialistas. las filas socialistas no es que las cosas sean muy diferentes. El primer edil de Benferri, Luis Vicente Mateo, con una condena pendiente de recurso por acoso laboral al secretario municipal que le cuestionó los gastos que pasaba a las arcas públicas, ha mantenido los cinco concejales que le garantizan la Alcaldía logrando incluso incrementar en un par de centenares de votos su respaldo, aunque no hayan sido suficientes para sumar un edil más. 

Su colega de Los Montesinos, el socialista José Manuel Butrón, quien lleva ocupando el sillón de la Alcaldía desde 1991, lo que le convierte en el regidor más veterano de la provincia, ha mantenido la mayoría que ostenta desde entonces sumando dos ediles más (ha pasado de 7 a 9) aunque el proceso en el que está acusado por acoso laboral a un funcionario, prevaricación y cohecho sólo está a falta de señalar la fecha de la vista oral. 

El primer edil de Benejúzar, Miguel López, tendrá que pactar aunque ha mantenido sus cinco ediles. En su caso, la acusación es por delito electoral, por pedir el voto con un buzoneo antes de tiempo en la campaña de 2015. En breve también será juzgado por ello. 

En San Miguel de Salinas su primer edil, el socialista Juan de Dios Fresneda, ha logrado mantener los seis concejales que tenía pese a la polémica por la adjudicación por decreto días antes de las elecciones, y sin pasar por el pleno, de un plan para construir 2.000 viviendas en esta población de menos de 6.000 habitantes. Un procedimiento que está en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción desde hace meses tras una denuncia de Izquierda Unida, sin cuyo apoyo tiene complicado conseguir el PSOE el gobierno local.

Los efectos del covid

Tampoco es que le haya restado mucho al popular Bernabé Cano, quien encara su sexta mayoría absoluta consecutiva como alcalde de La Nucía, su procesamiento por saltarse el turno de vacunación contra el covid inmunizándose en una residencia de mayores vinculada al Ayuntamiento. Una decisión que la Audiencia Provincial rebatió dando carpetazo al proceso, lo que el Supremo ha acabado validando aunque sin descartar la existencia de delito en la actuación del también diputado provincial, que sólo ha perdido un concejal pasando de 13 a 12 en un Consistorio de 17.

Significativo es el caso de los socialistas Carolina Vives y Ximo Coll, regidores socialistas de Els Poblets y El Verger, respectivamente, cuando se les abrió un proceso también por vacunarse contra el covid antes de tiempo. Una causa que, en lo que a ellos respecta, se archivó en fase de instrucción al no apreciarse indicios de delito en su modo de actuar pero por la que Coll acabó dejando la Alcaldía y la política.

A dos han quedado reducidos los cinco ediles que el exregidor consiguió en el anterior mandato, lo que aboca a los socialistas a apoyar para alcalde de El Verger al candidato de Compromís. Su mujer tampoco volverá a repetir como alcaldesa de Els Poblets. Ha bajado de cuatro a tres los ediles que tenía, lo que la sitúa en el mismo escenario que en la población vecina: apoyar la investidura del alcaldable de Compromís.