El Colegio de la Abogacía de Alicante mantiene que su declaración sobre el acuerdo PSOE-Junts «es estrictamente jurídica"

Sin cambios. La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali) ha acordado mantener la declaración institucional que emitió el pasado 10 de noviembre, tras la firma el acuerdo entre el PSOE y Junts, al entender que «sólo hacía referencia al llamado lawfare y, en consecuencia, a la independencia e imparcialidad de jueces y tribunales». 

En su opinión, el citado texto, cuya retirada han reclamado al Colegio un grupo de doce colegiados y la Agrupación de Mujeres Abogadas de Alicante (AMA), que agrupa a cerca de dos centenares, aborda «una cuestión estrictamente jurídica que afecta a la Abogacía».

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Así reza en la respuesta que ha dado el Icali a quienes reclamaban la retirada del comunicado por entender que las organizaciones colegiales «son corporaciones de Derecho Público entre cuyos fines no está el posicionamiento en relación con temas de actualidad política y, por lo tanto, las ‘declaraciones institucionales’ que se están produciendo no pueden ser entendidas más que como posicionamientos de los respectivos miembros de la Junta y carecen de tal condición institucional hallándose desconectadas de los intereses profesionales a los que sirven», afirma la AMA. 

En la «declaración institucional» del Icali, aprobada tras el acuerdo de socialistas y Junts el viernes anterior al lunes en que se registró la Ley de Amnistía, se afirmaba que «el Poder Judicial no puede estar sometido a presiones políticas ni a intromisiones que impliquen un riesgo para la independencia judicial y una quiebra en la separación de poderes y, en consecuencia, del Estado de Derecho que nos hemos dado». 

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 Y agregaba que la Junta de Gobierno del colegio, que cuenta con más de 4.600 colegiados entre ejercientes y no ejercientes, consideraba que «la referencia, en el acuerdo entre partidos, al término guerra judicial y al control político de las decisiones judiciales supone un riesgo inasumible en la imprescindible separación de poderes y una amenaza a los principios fundamentales de una democracia consolidada y plena».

Una declaración que para la AMA es la prueba más evidente de que el Icali se pronunció «sobre un acuerdo programático de dos partidos dado que la ley aún no se había presentado y, por lo tanto, no la conocían», explica Isabel Moltó, su presidenta. 

No lo ve así la Junta de Gobierno, que reitera que «no se trata de un comunicado político» sino «de vocación jurídica relacionada con el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial, que son razones de ser de la Abogacía». Y cita a colectivos que emitieron pronunciamientos similares como asociaciones de jueces, de fiscales, la Asociación de Abogados del Estado, el Consejo Valenciano de Procuradores, bufetes y colegios, en concreto los de Elche, València y Orihuela, «entre otros cuarenta de toda España», precisan.

«A título personal»

La explicación no les sirve a los firmantes del otro escrito que también pedían la retirada de la declaración institucional, quienes la tachan de «lamentable» y consideran que el Icali «se equivoca porque una cosa son asociaciones donde está quien quiere estar y otra, colegios profesionales, en los que es obligatorio estar».  

Enrique Botella, uno de los doce firmantes, reitera su desacuerdo con una declaración «que, si la consideraban necesaria, la tenía que haber hecho cada miembro de la junta a título personal».

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Este grupo de profesionales destacaba que el Icali nunca se había pronunciado hasta ahora sobre decisiones de los gobiernos central o autonómico «ni respecto a la tramitación de proposiciones o proyectos de ley que incluso afectaban directamente al ejercicio de la Abogacía por grupos políticos, evidentemente de otro signo, por lo que, aunque lo nieguen, tiene un marcado sesgo político inadmisible».

Agregando que mientras la junta de gobierno «se dedica a realizar reuniones extraordinarias sobre cuestiones que no le competen, la Abogacía de a pie sigue esperando a que esa Corporación cumpla con sus verdaderos fines, entre los que se encuentra la defensa de los derechos e intereses profesionales de sus colegiadas/os».