Seis familias al día acuden a los juzgados en la provincia de Alicante para suspender sus deudas

La entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad dispara en la provincia las peticiones de concursos de acreedores por particulares

Los juzgados de lo Mercantil, que resuelven los concursos de acreedores,  se agruparán frente en locales frente al Palacio de Justicia de Pardo Jimeno.

Los juzgados de lo Mercantil, que resuelven los concursos de acreedores, se agruparán frente en locales frente al Palacio de Justicia de Pardo Jimeno. / Héctor Fuentes

J. A. Martínez

J. A. Martínez

Hasta seis familias acudieron a los juzgados cada día durante el primer trimestre de este año en la provincia de Alicante para reclamar que les exoneren sus deudas. El crecimiento a lo largo de los dos últimos años de las familias y acreedores que se acogen a la llamada Ley de Segunda Oportunidad está saturando a los juzgados de lo Mercantil, en un crecimiento que parece no tener techo y que algunos comparan con el boom de las demandas contra entidades bancarias por las cláusulas suelo que obligaron a crear órganos especializados en este tipo de pleitos. 

 El hecho de que personajes populares aparezcan en publicidad televisiva anunciando  despachos especializados en la condonación de deudas o como sus principales impulsores han hecho que cada vez sean más los particulares los que opten por acogerse a este sistema. El propio Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) puso en marcha hace un año un turno de oficio para persona que se declaran en situación de concurso.

Las peticiones no han hecho más que crecer desde que con motivo de la pandemia se reformara la Ley Concursal, simplificando los trámites para la presentación del concurso. La medida buscaba el dar una segunda oportunidad a todos aquellos que agobiados por las deudas ya no pudieran hacer frente a sus deudas y con la intervención de la Justicia hacer borrón y cuenta nueva para poder volver a empezar. Esta reforma trataba de ayudar a todos aquellos que habían acabado arruinados como consecuencia del parón económico que supuso la pandemia.

Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, este prime trimestre del año en los juzgados mercantiles de la provincia de Alicante los concursos de acreedores se dispararon en un 76 por ciento, con un total de 674 procedimientos, la mayoría de ellos (583) presentados por particulares y no por empresarios. Este equivale a una media de siete concursos al día, de los cuales uno de presenta por empresas y las otras seis proceden de particulares. Parecidas cifras se manejan en el Colegio de Registradores, donde se contabilizaron ese periodo 487 concursos, de los cuales 339 habían sido presentados por personas físicas no empresarias, lo que supone una media de cuatro al día. Los datos de los Registradores desvelan el espectacular crecimiento que se ha venido detectando en los últimos cuatro años. Analizando el primer trimestre de cada año, en Alicante los concursos de acreedores presentados por personas físicas sin actividad empresarial fueron 46 en 2021; 56 en 2022; 176 en 2023; y finalmente 339 este 2024. 

Juzgados Mecantiles

De resolver la exoneración de estas deudas se encargan los juzgados de lo Mercantil, de los cuales la provincia cuenta con cuatro: tres en Alicante y uno en Elche. Estos órganos judiciales ya tuvieron que hacer frente en la crisis de 2008 a la situación de quiebra de grandes grupos inmobiliarios. Unos concursos de acreedores muy farragosos y que se alargaban durante años mientras se liquidaban los bienes de la mercantil arruinada. Ahora llegan estos procedimientos, mucho más fáciles de tramitar, pero que en volumen también están elevando las cargas de trabajo de estos órganos judiciales. Sobre todo, teniendo en cuenta de que de estas solicitudes una buena parte son concursos sin masa, donde el solicitante no tiene activos, y se marcan unos plazos muy cortos para resolver el proceso.

La ley marca unos cinco meses para que el procedimiento quede resuelto. Unos plazos que son tan ajustados que algunos jueces alertan de que hay deficiencias y falta de medios para poder detectar aquellas solicitudes que son fraudulentas. Las exoneraciones de deuda que se están produciendo están llegando desde los 50.000 euros hasta los tres millones. Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que los últimos años ya se habían venido detectando estos incrementos de demandas, pero antes las que se recibían por parte de particulares eran residuales» , apuntaron.

Un panorama que con la simplificación de trámite les has ha venido a complicar la situación porque se consideran juzgados ya saturados, con una sobrecarga que ya está en un 180 por ciento. «Aunque tenemos experiencia en resolver asuntos de este tipo, son gotas que van colmando el vaso que estaba lleno desde hace tiempo», señalaron estas fuentes.

El abogado Adrián Roca del despacho Olima Legal se mostró convencido de que esta situación no es algo puntual, sino que «tendremos muchas más, porque este es un tipo de demandas que se cuece a fuego lento». Según explicó, algunas de las solicitudes que hoy se están presentando vienen arrastradas de la anterior crisis de 2008 y en las que el solicitante ha acabado acudiendo a esta fórmula por no poder pagar sus deudas.

El proceso para la tramitación de estos concursos es tan automático y burocratizado, que desde el Palacio de Justicia se intentó un plan piloto para dejar este trabajo de recopilación de la información en manos de sistemas de inteligencia artificial. De momento se está encontrando el escollo burocrático del acceso a las bases de datos y las políticas de privacidad, así como el hecho de que dos de los de los tres magistrados de esta jurisdicción en Alicante han pedido el traslado a otros destinos por razones personales. Sin embargo, a este respecto, el letrado Adrián Roca valoró que, aunque es partidario de que la inteligencia artificial se integre en la Justicia, en el caso de los concursos siempre será necesario el sentido crítico de un juez.

Picaresca

Las fuentes judiciales incidieron en que la reforma de la Ley Concursal debería ser repensada ante las dificultades que tienen los juzgados para poder distinguir entre los casos de buena fe de los que no lo son. Esta jurisdicción parte del principio de que a estas exoneraciones solo puede accede el deudor de buena fe. Tras la reforma los jueces sienten que se ha perdido capacidad para detectar casos de picaresca.

Así, apuntaron, «liquidaciones exprés de bienes por la falta de atrás para luego ir a concursos sin masa. ¿Cómo se pueden generar esas deudas sin tener nada?», apuntan estas fuentes, que añaden que, por otro lado, también en el pasado hubo problemas de créditos irresponsable por algunas financieras . Otros casos donde el declarante del concurso ha perdido su coche, pero lo ha seguido usando a nombre de un familiar, o incluso pedir créditos con el que luego se han pagado los honorarios del abogado que ha presentado el concurso .

«Nos queda cierta sensación de fraude al sistema», lamentan estas fuentes que recuerdan que «cuando hablamos de exoneración, estamos colectivizando las deudas. Esta segunda oportunidad, no se la da el juez. Se la da la sociedad». Una de las dudas que queda es qué repercusiones van a tener en los accesos del crédito. Porque estas fuentes se mostraron convencidas de que el sistema crediticio tomará medidas y acabará pagando quien no se lo merece. «Unos pagarán la fiesta de otros», precisaron. 

Más del 90 por ciento son concursos sin masa y de éstos casi todos se están admitiendo. A juicio de estas fuentes, deberían ser los acreedores los más activos y nombrar a un administrador, que es la persona que podría detectar estos casos, «pero tenemos dudas de que los acreedores se estén enterando» y no basta la mera publicación del concurso en el BOE. Los jueces consultados por este diario explicaron «se están rechazando algunos supuestos. e intentamos llevar el mayor control dentro de lo que la ley permite. Cuando se presenta un concurso, otras administraciones se lo podrían notificar a todo el mundo automáticamente.

Por su parte, Lola Ramos, letrada especialista en Derecho Concursal del despacho Cañizares Abogados, destacó que entre quienes se están acogiendo a esta ley, hay muchos en estado de necesidad y al borde de la exclusión. «Deudas tenemos todos, pero todos trabajamos para pagarlas. Se ha llegado a una situación en la que ya no pueden hacerlo». Asimismo recordó los criterios que ya están adoptando las audiencias de Zaragoza o León de denegar las exoneraciones al valorar que el deudor había incurrido en un endeudamiento irresponsable a la hora de solicitar créditos, aunque valoró que ese criterio también debe aplicarse a las entidades de crédito. 

El colapso en Civil

Los juzgados con reclamaciones civiles siguen siendo los que mayor carga de trabajo tienen en la provincia de Alicante, muchas de ellas son reclamaciones de cantidades económicas. De hecho en Alicante, la carga de trabajo están hasta más de un 200 por ciento por encima e lo que marcan los módulos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Motivo por lo que desde la judicatura alicantina no sólo se piden la creación de más órganos judiciales., sino también la puesta en marcha de un plan de choque que aminore esta sobrecarga de trabajo y ayude a desatascar la situación.

La última estadística del CGPJ refleja que l os órganos judiciales de la Comunidad Valenciana registraron durante el primer trimestre de 2024 un total de 216.271 asuntos, un 20% más que el mismo trimestre del año anterior. Todas las jurisdicciones experimentaron un incremento interanual, a excepción de la Contencioso-Administrativa, donde los nuevos procedimientos bajaron ligeramente.  

huelga de letrados judiciales, secretarios judiciales, juzgados de Benalua,.

huelga de letrados judiciales, secretarios judiciales, juzgados de Benalua,. / Rafa Arjones

 Los aumentos más significativos fueron los del orden Civil con un 34,2% más asuntos de nuevo ingreso, y del Social, donde fue del 26%. En cuanto al aumento en la resolución de asuntos, que se produjo en todas las jurisdicciones de los juzgados y tribunales de la Comunidad Valenciana, se situó en el 16,8%. El importante incremento tanto en el ingreso como en la resolución de asuntos guarda relación con la huelga que los letrados de la Administración de Justicia mantuvieron desde el 23 de enero hasta el 28 de marzo de 2023 y que se reflejó en un significativo descenso de la actividad en ese periodo. Este año que se ha vuelto a la actividad normal, el volumen de entrada de asuntos se está disparando.

 En los órganos judiciales de la provincia de Alicante se presentaron 75.569 asuntos entre enero y marzo de 2024, lo que significa un aumento interanual del 27,7%. Se resolvieron 70.533 procedimientos, un 36,2% más, y 153.245 quedaron en trámite al final del mes de marzo, es decir, un aumento del 16,2%.

El primer trimestre de este año, tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales de toda la Comunidad un total de 216.271 asuntos, un 20% más que en el mismo trimestre de 2023. Entre enero y marzo pasados, los tribunales valencianos resolvieron 197.499 asuntos, un 16,8% más que hace un año; los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre ascendieron a 401.494, lo que ha supuesto un incremento interanual del 16,5%.

 En la jurisdicción Civil, se registraron 105.483 nuevos asuntos, con un aumento del 34,2%; se resolvieron 88.237, un 20,3% más, y quedaron en trámite 233.158, un 23% más que al final del primer trimestre de 2023.

 El incremento en el ingreso de asuntos en la jurisdicción Penal fue de un 7,3%  con 92.381 nuevos procedimientos en el trimestre analizado. Se resolvieron 93.925 asuntos, un 12,8% más y quedaron en trámite 110.249, un 4,5% más.

 La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo experimentó un descenso, aunque muy leve, en el número de nuevos asuntos, con 3.905 procedimientos, esto es una reducción del 0,9% respecto del mismo trimestre de 2023. Los asuntos resueltos fueron 4.535, un 26,1% más que el año anterior y los que quedaron en trámite, 12.100, lo que ha supuesto un descenso del 11%.

 En la jurisdicción Social se registraron 14.502 asuntos, un 26% más que entre enero y marzo de 2023. Se resolvieron 10.802 asuntos, un 22,3% más, y quedaron tramitándose 45.987 asuntos, un 27,7% más.

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