Anticorrupción urge al tribunal del plan Zonal a que dicte ya la sentencia
La Fiscalía insta a la sección VII de la Audiencia de Alicante a que «se adopten las medidas pertinentes para evitar más dilaciones» más de dos años después de que acabara el juicio

Acusados en el proceso del plan Zonal, entre ellos Ripoll, Ortiz, los Fenoll, Amorós y Lorente. / Antonio Amorós
Más de dos años después de que el proceso por las supuestas anomalías en la tramitación del plan de residuos de la Vega Baja quedara visto para sentencia, el fallo sigue sin dictarse.
Ante esta demora, los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, ha instado al tribunal de la Audiencia Provincial que juzgó el procedimiento a que «adopte las medidas pertinentes a fin de evitar más dilaciones y que, en el plazo más breve posible, dado el tiempo transcurrido desde que el juicio quedó visto para sentencia y desde que se realizó la deliberación por los miembros del tribunal, se proceda a dictar sentencia resolviendo las cuestiones sometidas al enjuiciamiento del tribunal».

Los magistrados Saravia, Orellana y Ferrández forman el tribunal que tiene que dictar la sentencia. / Antonio Amorós
Así lo recoge un escrito presentado ante la sección VII con sede en Elche, donde se enjuiciaron unos hechos de los que, entre otros, están acusados los expolíticos del PP José Joaquín Ripoll y Mónica Lorente, el también expolítico socialista Antonio Amorós y los empresarios Ángel Fenoll y su hijo, Enrique Ortiz y Rafael Gregory.
Los acusadores públicos entienden, y así se lo hacen saber a la sala, que «el tiempo transcurrido excede de forma notoria al que cabe considerar razonable, dadas las circunstancias del caso y por más que la causa fuera declarara compleja».
Esperando al Supremo
El tribunal, compuesto por los magistrados Joaquín Orellana, Cristina Ferrández y Javier Saravia, este último en calidad de ponente, ha aguardado estos más de dos años a que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la resolución del proceso por la contrata de la recogida de basuras y limpieza viaria del Ayuntamiento de Orihuela entre los años 2000 y 2008. Se trata de la causa matriz del denominado caso Brugal del que se desgajaron una veintena de piezas, entre ellas esta del plan zonal de la Vega Baja.
El Supremo acordó en julio anular esa sentencia, que absolvía a los 34 acusados tras invalidarse intervenciones telefónicas y registros, y ordenó que el mismo tribunal tuviera en cuenta estas pruebas (muchas de ellas comunes con el proceso del plan Zonal) y dictara una nueva sentencia.

Los fiscales Anticorrupción Pablo Romero y Felipe Briones (ahora fiscal del Supremo) durante este juicio. / Antonio Amorós
Las sombras que pudiera haber sobre la legalidad de esas grabaciones que dieron origen a estos procesos las disipa clara y rotundamente el Alto Tribunal. «La legitimidad constitucional de las grabaciones quedan fuera de toda duda dado que ningún derecho fundamental se vio afectado para su obtención y aportación a la Fiscalía».
En la causa del plan Zonal, en la que se han enjuiciado delitos relacionados con la corrupción urbanística, el fiscal pide penas que suman 16 años de prisión para Ripoll y 17 para Ortiz, a quienes se les acusa de cohecho, prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias y fraude.
El acusador público reclama multas de un millón para el político del PP, la misma cantidad para Fenoll, para el que solicita también otros 17 años de cárcel, y 300.000 euros para el promotor alicantino. Queda saber lo que dice la sala y cuándo lo hará.
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