El fiscal pide ocho años a un acusado de atacar con una garrota a una edil de Aigües

A garrotazos con una concejala. La Fiscalía de Alicante ha pedido ocho años de prisión para un hombre acusado de atacar con una garrota a una edil del Ayuntamiento de Aigües, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. El Ministerio Público sostiene que el incidente se produjo cuando la edil le reprendió por el hecho de que estuviera echando lavavajillas en un comedero de gatos en la vía pública. El fiscal entiende que el procesado conocía perfectamente que la agredida era miembro de la corporación municipal cuando la atacó con violencia, motivo por el que le acusa de un delito de atentado contra un miembro de la corporación municipal por el que ahora se sentará en el banquillo. Aunque la causa había sido enviada a un juzgado de lo Penal de Alicante para que celebrara el juicio, desde este órgano se ha elevado la causa a la Audiencia Provincial, al entender que es este órgano el que tiene la competencia para ello, dadas las penas que se reclaman. 

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Los hechos ocurrieron el 21 de abril de 2022 cuando el acusado, de 72 años de edad, se encontraba vertiendo líquido lavavajillas en el interior de distintos comederos públicos de gatos que el Ayuntamiento tenía instalados en el término municipal. Varios vecinos alertaron de lo que estaba pasando.

Según relata el escrito de acusación, una vez en el lugar la edil le preguntó al acusado qué es lo que estaba haciendo, a lo que éste reaccionó violentamente dándose la vuelta con un garrote y comenzó a golpear a la concejala. Esta consiguió defenderse y llegó a quitarle la vara; sin embargo, el procesado la empujó contra la pared, propinando varios puñetazos a la víctima y agarrándola de las gafas. Dos vecinos acudieron auxilio de la concejala, que comenzó a pedir ayuda diciendo: «¡Socorro, socorro, que me mata!». Cuando llegaron estas personas para socorrerla, el procesado se acabó dando a la fuga.

Lesiones

Como consecuencia del ataque, la edil sufrió contusiones por todo el cuerpo y lesiones de las que tardó en curarse 57 días. Los informes médicos indican que la agresión agravó un problema de cadera. Las gafas de la edil también se perdieron durante la agresión. La concejala ratificó estos hechos durante su declaración en el juzgado de San Vicente que investigó en su día estos hechos.

Considera la Fiscalía que el acusado era total y perfecto conocedor de que su víctima era la concejala de Protección Animal y tenía cargo de autoridad local. El procesado aseguró en su declaración ante el juzgado que llevaba años siendo colaborador de Protección Civil, por lo que él también ostentaba el cargo de autoridad municipal. Asimismo insistió ante el juzgado de que las ordenanzas del municipio prohibían dar de comer en la vía pública a los animales. Su defensa ha reclamado que sea sometido a un examen psiquiátrico para determinar cuál es su estado mental y si puede ser imputable penalmente por estos hechos.

Algunos vecinos le habían identificado como una persona conflictiva y temían que el objetivo que tenía era el de envenenar a los gatos echándoles el lavavajillas en la comida. El escrito de acusación se limita a decir que el procesado estaba echando un líquido en el comedero sin identificarlo; aunque en el atestado policial aparecen las fotografías del producto intervenido.

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La Fiscalía le considera autor de un delito de atentado contra un miembro de la corporación local en concurso con otro de lesiones, y por los que pide la pena de ocho años de cárcel, así como una pena de multa de 16 meses a razón de seis euros de cuota diaria (un total de 2.880 euros). Asimismo se reclama una orden de alejamiento que le impida acercarse a menos de 300 metros de la víctima, así como la prohibición de comunicarse con ella durante un periodo de cuatro años.

Asimismo se reclaman indemnizaciones para la víctima que suman un total de 6.531 euros, 4.560 por las lesiones, otras 1.650 por las secuelas y 321 por las gafas extraviadas, más los intereses legales correspondientes.

El juicio iba a celebrarse inicialmente en un juzgado de lo Penal de Alicante, que llegó a citar a todas las partes implicadas para sondear la posibilidad de llegar a una conformidad.  Sin embargo, fue en ese momento cuando se detectó que las penas reclamadas podrían determinar que los juzgados de lo Penal no tienen la competencia para celebrar este juicio, sino que debe ser la Audiencia Provincial. En los próximos días, la causa será elevada a este órgano judicial.

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