De España y Pérez declaran que no sabían que la parcela de Séneca era para uso docente

Los políticos investigados por las obras en el antiguo parque de bomberos junto a la plaza Séneca de Alicante declararon este miércoles ante la jueza que desconocían que el espacio en el que se acometían los trabajos para el Centro de Inteligencia del Agua (CIA) estaban reservados para uso docente. El que fuera concejal de Urbanismo de Alicante por Ciudadanos en la anterior legislatura, Adrián Santos Pérez, y la concejala del PP Mari Carmen de España, responsable de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social (Aldes), comparecieron en el juzgado para declarar como investigados por las presuntas irregularidades en la tramitación del expediente del proyecto para la instalación del CIA cuyas obras comenzaron en abril del año pasado y que se encuentra a falta solo de su inauguración, pospuesta a raíz de iniciarse este proceso penal.  

Las pesquisas por un presunto delito de prevaricación se iniciaron a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia presentada por el grupo socialista del Ayuntamiento de Alicante, que en esta causa está personado como acción popular. Tanto Pérez como De España defendieron ante la instructora su actuación y aseguraron que en todo momento se había actuado con el respaldo de los técnicos. 

Quién es quién en el proceso por las obras de Séneca

Ambos aseguraron que desconocían que ese suelo estaba reservado para equipamiento docente hasta el momento en el que un técnico alertó de esta situación en un informe mientras se tramitaba la licencia de obras solicitada por la promotora, Aguas de Alicante, de la que acabó desistiendo al igual que del informe de compatibilidad de uso con el resultado de «no apto».

 Los dos investigados coincidieron en que dichas instalaciones jamás habían tenido un uso docente, aunque deslizaron que de alguna manera el CIA sí que tenía un carácter educativo porque dentro del proyecto se preveía un centro de educación para el empleo.

Adrián Santos Pérez compareció por videoconferencia desde Canadá, país donde desarrolla su actividad profesional desde que abandonara la política.

El exedil señaló que se limitó a tramitar la adscripción urbanística de parte de la planta baja del edificio situado en el número 21 de la calle Italia, que dicha intervención no tenía nada que ver con el uso urbanístico de ese espacio y que desconocía el contenido del expediente. Y precisó que él no aprobó nada y que se limitó a proponer la adscripción.

Según la denuncia, tras el visto bueno a la adscripción del espacio a la Aldes, el permiso municipal para las obras ya no era necesario. Finalmente, arrancaron en la primavera de 2023, aunque el acta de replanteo, esto es, el comienzo oficial de los trabajos, se firmó en julio. 

El Ayuntamiento de Alicante inició en septiembre los trámites para variar el uso del suelo, cuando la Fiscalía ya había trasladado al juzgado la investigación. Los dos políticos investigados han señalado que desconocían la fecha en la que se habían iniciado las obras.

Procesos independientes

En su declaración, De España ha desvinculado las obras de la adscripción del espacio a la Aldes, señalando que son dos procesos independientes. Las fuentes consultadas por este diario indicaron que se trataba de una obra menor, aunque el presupuesto era de medio millón de euros, y que no era necesaria la licencia de obras por ser un proyecto de interés público en un edificio público. 

 También explicó que cuando se planteó la desafección del suelo, la Conselleria de Educación respondió que ni siquiera contaba con él. La concejala contestó a las preguntas de la magistrada y de la Fiscalía, pero rechazó responder a la acción popular, que ejerce el PSOE. El interrogatorio también pretendía dilucidar el momento en que se iniciaron las obras al no coincidir el comienzo de las mismas con la fecha del acta del replanteo. En este punto se llegó a apuntar la existencia de dos actas, lo que fuentes del caso señalaron que era imposible, y no sabían con exactitud la fecha de inicio de los trabajos.

La Fiscalía lleva al juzgado las obras en Séneca para un proyecto vinculado a Alicante Futura

Aunque también estaba prevista la declaración de otros tres técnicos municipales para este miércoles, también en calidad de investigados, solo pudo comparecer uno, el jefe del Servicio de Empleo y Desarrollo Local, quien declaró que el informe técnico que emitió se limitaba al convenio y no a la las normas urbanísticas. 

El viernes, más declaraciones

Las declaraciones continuarán el viernes con las declaraciones de los arquitectos que realizaron el proyecto, del supervisor de las obras, del contratista y del director del contrato por parte de la promotora, todos ellos como investigados.

Aunque la magistrada no ha considerado necesario citarles por el momento, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción está dirigida contra una veintena de personas, entre quienes se encuentran el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, los concejales populares Manuel Villar, Antonio Gallego, Ana Poquet, Julio Calero, Antonio Peral, Lidia López y Cristina García; así como los exediles Julia Llopis (actual diputada de Vox) o José Ramón González, ya retirado de la política.