La reforma para modernizar la Justicia frena la creación de juzgados en Alicante

La creación de nuevos juzgados en la provincia de Alicante está paralizada a la espera de que se empiece a aplicar la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia. El texto se aprobó en el Congreso el jueves y va a suponer una profunda remodelación del sistema de trabajo de los juzgados, por lo que de momento se está a la espera de evaluar cuál va a ser el impacto de estas medidas para aliviar la carga de trabajo.

La provincia de Alicante cuenta con una planta judicial de un total de 196 juzgados repartidos entre trece zonas, en las que la mayor parte de las unidades se encuentran concentradas en el área de la capital, con un total de 87 juzgados. La provincia se mantiene como la cuarta en volumen de trabajo en los juzgados, pero aun así hay muchas necesidades de más dotaciones, sobre todo tras años en los que las políticas de austeridad frenaron la creación de nuevos órganos. Hay jurisdicciones como Social, donde se sigue trabajando con los mismos juzgados que hace 37 años.

La provincia de Alicante arranca el año judicial con la necesidad de crear 30 nuevos juzgados

Al inicio del curso judicial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reclamaba la creación de una treintena de nuevas unidades para la provincia de Alicante. Algunas de ellos se necesitan con urgencia, ante la saturación de la Justicia. A mediados de año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe donde se reclamaba la creación prioritaria de cinco juzgados en la provincia de Alicante, dentro de un listado de 123 en toda España. Ninguno de ellos se va a crear de momento, salvo que a última hora el Ministerio decida aprobar alguno de manera puntual. Fuentes del CGPJ indicaron que es el Ministerio de Justicia quien tiene las competencias para crear juzgados y ellos se limitan a trasladar las necesidades. 

A final de año era habitual que desde el Ministerio de Justicia se hiciera público el número total de nuevos juzgados que «el problema es que algunos de los órganos judiciales que se reclamaban se necesitan para ya», explicó a este diario el delegado del sector de Justicia de UGT en Alicante Juan Pedro Pelegrín.

Fuentes del Palacio de Justicia explicaron que todo se va a fiar a que se implante con éxito la nueva ley. Por lo pronto, en 2009 se aprobó la ley para la nueva oficina judicial, que jamás llegó a aplicarse por la falta de medios para implementarla. La duda es si ocurrirá lo mismo con este nuevo texto, que ya llega con retraso después de que el Senado la vetara, cámara donde el Gobierno no cuenta con la mayoría. El jueves, el Congreso levantó el veto y aprobó la ley definitivamente. Los plazos empezarán a correr desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado y, según ese calendario, antes de tres meses tendrían que llevarse a cabo la remodelación de todos los tribunales de Justicia. Una labor que corresponde al Gobierno, que designa a los jueces, y a la Generalitat, que aporta a los funcionarios y los medios materiales.

Una de las principales novedades será la desaparición de los juzgados unipersonales, que serán sustituidos por los llamados tribunales de instancia, compuesto por secciones especializadas: civil, penal, social, contencioso-administrativo, familia, violencia sobre la mujer, mercantil, menores y vigilancia penitenciaria. De esta manera, magistrados y funcionarios pasarán a integrarse en grandes secciones, que se irán reforzando o trasladando a otras oficinas en función del trabajo que se registre. Otra de las reformas principales es la integración en la transformación de los antiguos juzgados de paz a modernas oficinas de justicia en los municipios. La nueva configuración no afectará a la estructura de la Audiencia Provincial, que se mantendrá como hasta ahora. 

Sistema obsoleto

El presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón, señaló a este diario que el antiguo sistema de juzgados estaba obsoleto y con mecanismos de trabajo anclados en el siglo XIX que necesita ser reemplazado por otro modelo más moderno y acorde a las necesidades del siglo XXI. 

De momento, entre la judicatura alicantina se desconoce cómo se articularía la reforma que posibilite esta transformación. Una de las decisiones que habría que tomar es el nombramiento de los presidentes de cada una de las respectivas salas, decisión que corresponde al Poder Judicial y que en estos momentos está enfrascado en designar todos los cargos que han estado congelados durante estos años de bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Civil y Social, lo más colapsado

Las jurisdicciones Social y Civil son las más colapsadas en Alicante, según indicaron fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa. Mientras que en la primera, las listas de espera superan ya los dos años; en el caso de los juzgados de Primera Instancia, hay una sobrecarga de trabajo que supera en más de un 200 por cientos los módulos que recomienda el CGPJ.

En estos momentos, la media de tiempo, en meses, entre la fecha en que se señala un pleito y la celebración de juicio en los juzgados de Primera Instancia es de 14 meses. Sin embargo, el dato es engañoso y no refleja la realidad. El juez decano de Alicante, César Martínez, explicó que la subida se ha producido en mayor medida en los llamados juicios verbales sin vista, es decir, se trata de procedimientos que quedan para dictar sentencia sin necesidad de celebrar vista oral. Estos asuntos se han incrementado en un 70 por ciento en los dos últimos años. La estadística refleja que los juzgados de Primera Instancia acabaron el año 2023 con una sobrecarga por encima del 234 por ciento respecto del módulo teórico de entrada, unas cifras que se da por descontado que habrán subido a final de este 2024.  Aunque en los últimos años se han venido creando nuevas unidades y hay quince en marcha (tres de ellos dedicados a pleitos de familia e incapacidades), todavía siguen faltando muchos más.

En un informe presentado por el CGPJ a mediados de este año, estas jurisdicciones eran las que tenían mayor urgencia de contar con nuevas unidades en la provincia. Concretamente, se pedía la puesta en marcha con carácter de urgencia en la provincia de dos juzgados de primera instancia en el partido judicial de Alicante; un juzgado de Primera Instancia en el partido judicial de Elx; un juzgado de Primera Instancia e instrucción en el partido judicial de Elda; y otro juzgado de lo Social en Alicante. Según el TSJ, es necesario ir creando diez más en la próxima década, tres de ellos con urgencia.

La sobrecarga de trabajo en los juzgados de lo Social de Alicante es de un 165%. Al término del año 2024, la lista de espera los señalamientos se sitúa en torno a los 26 meses.

Alicante asume unos 20 pleitos laborales al día con los mismos juzgados de hace 37 años

Según las estadísticas que se manejan en el Palacio de Justicia de Benalúa, se registraron un promedio de ocho demandas por despido al día en el primer semestre del año; y otras nueve diarias por reclamaciones de prestaciones por incapacidad. Estas dos materias son las que mayor volumen de trabajo generan para los juzgados de lo Social, según la estadística por tipo asuntos. En los juzgados de lo social el número de asuntos que han entrado se ha incrementado en un 50% en los dos últimos años, indicó el decano.

En materia de prestaciones, se incluyen los ingresos por incapacidad, pero a lo largo de este año también experimentó un importante incremento las demandas de particulares que reclaman el derecho al complemento de paternidad.

Después de la pandemia, la alarmante demora que había en la jurisdicción Penal empezó a reducirse. Tras haber llegado a los dos años de demora, actualmente en Penal se sitúa en los 7 meses. Aunque hay que precisar que se mantienen los protocolos para cubrir los juicios rápidos, donde la espera es de tan solo 15 días. Cada juzgado reserva días a lo largo del mes para poder celebrarlos. Fuentes del Palacio de Justicia precisaron que las esperas en Penal dependían de cada juzgado, ya que mientras hay algunos que se mantienen al día, otros siguen acumulando retrasos.

Por último, en los juzgados de lo Mercantil, la demora para los juicios se sitúa en estos momentos en nueve meses.

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