Así serán los nuevos tribunales en Alicante

Los juzgados de la provincia de Alicante afrontan este año el reto de aplicar la reforma que busca modernizar la Administración de Justicia, una medida con la que se pretenden adaptar a las necesidades actuales. La nueva ley se aplicará en los juzgados y no afectará a la Audiencia Provincial, aunque deberá hacer algún ajuste. 

Durante muchos tiempo ha sido un tópico decir que España tenía un sistema de Justicia regulado por leyes del siglo XIX. Con la intención de hacer frente de modernizar el sistema y contar con herramientas adecuadas a los litigios que se pueden plantear en el siglo XXI se ha aprobado la nueva Ley de Eficiencia Judicial que, sobre el papel, va a suponer un cambio radical en el modo en que venían trabajando los juzgados y con el objetivo de hacer más ágil esa administración.

1 ¿Qué pasará con los juzgados tradicionales? El gran cambio de esta ley es que hace desaparecer los juzgados como los conocemos hasta ahora, que se unifican en un único tribunal colegiado dentro de cada partido judicial. Todos los recursos se pondrán en común y los jueces se irán repartiendo los asuntos según lleguen. 

2 ¿Qué plazos hay para aplicar la ley? Sobre el papel, la nueva ley entra en vigor el 3 de abril de este año, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Todavía está pendiente de un reglamente que concrete cómo se van a desarrollar las medidas para implementarlos. Esto podría implicar moratorias en los plazos.

3. ¿Cuáles serán los primeros tribunales en crearse? A partir del 1 de julio, los nuevos tribunales de Instancia se pondrán en marcha en los partidos judiciales donde están unidas las jurisdicciones Civil y Penal. En la provincia de Alicante los juzgados mixtos están en San Vicente del Raspeig, La Vila Joiosa, Elda, Villena, Novelda, Alcoy e Ibi. En todas se crea una gran única sección llamada Tribunal de Instancia. El 1 de octubre se pondrá en marcha en los partidos judiciales donde están separadas las jurisdicciones: Alicante, Elche, Benidorm, Dénia, Torrevieja y Orihuela. 

La reforma para modernizar la Justicia frena la creación de juzgados en Alicante

4. ¿Qué ocurre en las zonas donde están las jurisdicciones separadas? Cada una contará con sus propias secciones de Civil y Penal, pero habrá más en función de los órganos judiciales que tenga cada zona, como es Mercantil, Social, Familia, Contencioso-Administrativo y Violencia sobre la Mujer. Cada una de estas jurisdicciones se agrupan en una sección común. 

5. ¿Qué ocurrirá con los delitos sexuales? A partir del mes de septiembre, se transfieren a los juzgados de Violencia sobre la Mujer la investigación de todos los delitos sexuales, con independencia de que exista lo no relación de pareja entre agresor y víctima. Se trata de una medida que ha sido cuestionada por los jueces porque aseguran que necesitan más refuerzos para asumir estas competencias. Esto obligará a que la Audiencia tenga que especializar una sección en estos delitos, aunque la reforma no le afecta directamente.

6. ¿Qué otras especialidades se crean? La nueva ley prevé la creación de una nueva sección para la infancia y la adolescencia, que se encargaría de la investigación de delitos en los que las víctimas sean menores de edad. Aunque de momento no está recogida en el listado de los tribunales creados en Alicante. 

7. ¿Es posible la ampliación a otras especialidades? Dentro de cada tribunal de Instancia existe la posibilidad de especializar a alguno de los magistrados en determinadas materias. Por ejemplo, asuntos de narcotráfico o crimen organizado, o incluso delitos informáticos, como deslizaron en su programa alguno de los candidatos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Todavía no hay un listado cerrado sobre posibles materias en las que se pueden especializar algunos de los magistrados. Esta especialización puede realizarse de manera puntual ante un incremento de un determinado tipo de asuntos.

8. ¿Qué pasará con el Tribunal de Marcas? La nueva Ley continúa reconociendo a la provincia de Alicante las competencias para todo el territorio nacional de la protección de marcas registradas ante la EUIPO.

9. ¿Pueden asumir los tribunales las competencias de otros municipios? Los tribunales de Instancia de los grandes municipios podrán asumir materias de otros partidos judiciales más pequeños, lo que dará más facilidad en la especialización de magistrados en determinadas materias. Esta misma medida se aplicó con la comarcalización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, donde estos órganos asumieron los asuntos de los municipios vecinos. Alicante asumió lo hizo con San Vicente; Benidorm, La Vila Joiosa; y Elche, los de Novelda.

10. ¿Desaparecen los juzgados de Paz? Los juzgados de Paz también se transformarán con motivo de la reforma y pasarán a ser Oficinas de Justicia con el objetivo de acercar esta administración a los ciudadanos. De manera que habrá trámites que podrán solventar sin salir de su municipio. Esto incluye servicios de orientación jurídica, mediación e incluso podrán celebrar juicios por delitos leves, recuperando competencias penales. 

11. ¿Qué pasará con la mediación? Los tribunales de Instancia apostarán también por los sistemas de mediación en la resolución de los conflictos para tratar de conseguir que las partes puedan llegar a acuerdos sin necesidad de la intervención del juzgado. Un aspecto que ha levantado cierta polémica es que se deja la puerta abierta a la condena en costas a quien rechace el arbitraje.

12. ¿Por qué va a ser un sistema más ágil? El sistema actual para crear un juzgado es muy lento por los numerosos trámites y muy costoso, con procesos para nombrar a jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, así como habilitar el espacio . Con el nuevo sistema basta publicar el nombramiento del nuevo titular en el Boletín Oficial del Estado para asignarlo a la sala.  

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13. ¿Quién aporta los medios? Las competencias de Justicia en la Comunidad están transferidas a la Generalitat. Corresponde por tanto al Consell la dotación de medios materiales y aportar los funcionarios. El nombramiento de magistrados, letrados de la Administración de Justicia y fiscales corresponde al Gobierno central.  

14. ¿Cuál es el reparto de los tribunales de Instancia previsto en el partido judicial de Alicante? Alicante contará con el mayor número de jueces (57). El reparto será:el Decanato (1); Primera Instancia (12); Instrucción (9); Familia e Incapacidades (3); Mercantil (3); Penal (11); Menores (3); Social (7); Conrtencioso Admninistrativo(4); y Vigilancia Penientacia (1).

Reacciones de los operadores jurídicos ante la nueva ley

Juan Carlos Cerón, presidente de la Audiencia de Alicante

«El sistema se había quedado obsoleto y ya no daba para más». Así se expresa el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón, al referirse a los nuevos tribunales de Instancia, que consideran que suponen «el camino correcto para conseguir una Justicia del siglo XXI». Cada vez que se necesitaba un nuevo juzgado había que poner en marcha una larga maquinaria burocrática que suponía que este llegara «tarde y sin llegar a ayudar a paliar el exceso de la carga de trabajo».  Cerón destaca que el nuevo modelo apuesta por un trabajo colegiado, que ofrecerá mucho mayor seguridad jurídica y un mejor reparto del trabajo «Si se necesita algo, bastará hacer la correspondiente publicación en el BOE», explica.

De todas maneras, matiza que aún debe aprobarse un reglamento que desarrollo cómo se va a desarrollar y que puede implicar relajar algunos de los plazos. «Están surgiendo algunos problemas, como el aumento de asuntos en las futuras secciones de Violencia sobre la Mujer. El Gobierno ha dicho que piensa compensar este déficit con profesionales de Instrucción, pero eso puede tener repercusiones a cómo está organizado el sistema de guardias en Alicante», explica, pero aclarando que «son incidencias que se tendrán que ir corrigiendo». Cerón se muestra convencido de que hacen falta más medios, pero «ahora presupuestariamente van a ser más fáciles de conseguir que con la creación de juzgados».

Cesar Martínez, juez decano de Alicante

El juez decano de Alicante, César Martínez, asegura que «hay muchas dudas sobre la ley de eficiencia, partiendo de que se trata de llevar a cabo una reorganización de mucho calado a coste cero, y sin que al tiempo se haya previsto el incremento de la plantilla de jueces, que debería ir en paralelo». Martínez considera que «con una efectiva implantación se ganará en flexibilidad, pudiendo dedicar más medios a las materias que lo requieran en cada caso. El incremento en el número de jueces, que nos acerque a la media europea por habitante, de la que estamos muy lejos, reducirá el tiempo de respuesta. Pero es imprescindible que se produzca, en caso contrario la reforma sería inútil». 

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Entre los aspectos positivos destaca que «la homogeneización en las practicas procesales, mejorará la seguridad jurídica. En este caso la reforma es más ambiciosa . Se han producido avances en la dotación de medios, sobre todo tras la pandemia, pero ahora también se hará necesaria una reordenación física de los espacios, que en algunos partidos judiciales es muy compleja».

Para el juez decano, «el aumento de las competencias en las secciones de Violencia sobre la Mujer es completamente inasumible con el número de jueces actual, y la solución no puede pasar en ningún caso por reasignar jueces de Instrucción, que soportan ya la misma sobrecarga que el resto de jurisdicciones».

Jorge Rabasa, fiscal jefe de Alicante

Esperando pautas. Así es como se afronta desde la Fiscalía la llegada de los nuevos tribunales de Instancia, que también tendrá que adaptarse a los nuevos cambios que va a suponer la Ley de Eficiencia de la Justicia, según explica a este diario el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa. «En estos momentos tenemos a distintos fiscales asignados a cada juzgado. Si los juzgados desaparecen, tendremos que ver cómo nos vamos a repartir el trabajo desde ahora», asegura Rabasa. 

«Nosotros aquí nos adaptaremos a lo que se apruebe, como siempre hemos hechos», dice. En este punto incidió en que la especialización por materias en las que se va a apostar en la nueva ley «es algo en lo que hemos venido trabajando desde la Fiscalía desde hace tiempo». Rabasa señala que la llegada del nuevo modelo coincide además con la aplicación del nuevo sistema informático en los ordenadores de los juzgados. «Son demasiados cambios a la vez y quizá hubiera sido preferible haber evitado que coincidieran».

Sobre la mayor agilidad para resolver el nombramiento de jueces indica que uno de los problemas que observa es que las salas de vistas continuaban siendo las mismas. Pero en este sentido, señala que no le preocupa si la llegada de estos refuerzos no va a venir acompañado de un aumento de la plantilla de fiscales. «Hay jurisdicciones en las que no intervenimos», dice.

Ignacio Gally, decano del Ilustro Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI)

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante, Ignacio Gally, asegura a este diario que desde el colectivo se ha recibido muy positivamente la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia y que supone un gran reto. Pero no por ello hay que dejar de lado que la Abogacía tiene que tener el papel que le corresponde y unas retribuciones adecuadas. Para Gally «es un hecho que el sistema de Justicia de nuestro país padece desde hace décadas de insuficiencias estructurales y que hoy día no se percibe por la ciudadanía como algo propio, cercano, eficaz, entendible y relativamente rápido». 

En este sentido sostiene que «la mayor complejidad de las relaciones sociales y económicas y el importante incremento de la litigiosidad plantean nuevas exigencias en la organización de la Administración de Justicia. La racionalización del modelo y la búsqueda de la eficiencia han aconsejado al legislador a que el primer nivel de organización judicial opere de forma colegiada». 

Para Gally, «era necesario introducir mecanismos eficientes» para hacer frente al número actual de asuntos, que, «unido al riesgo patente de aumento de los plazos de pendencia, coloca a la Administración de Justicia en una situación muy delicada que exigía adoptar medidas inmediatas». Por este motivo, ve la ley como un reto ambicioso, pero que necesita una dotación presupuestario suficiente para ser efectiva.

Pilar Fuentes, decana del Colegio de Procuradores de Alicante

Desde el colectivo de los procuradores se destaca que por primera vez en la legislación procesal, se reconoce expresamente como función propia de estos profesionales actividades de ejecución que antes estaban reservadas a los tribunales. Así lo explicó la decana del colegio de Procuradores de Alicante, Pilar Fuentes, que asegura sobre la nueva ley que «todos somos conscientes de que la Administración de Justicia tiene insuficiencias estructurales, que necesita adaptarse a la realidad tecnológica y sociológica del tiempo que nos toca vivir y que el diseño organizativo ha quedado obsoleto».

Por este motivo, señala que «la conversión de los Juzgados a Tribunales de Instancia me merece una mirada positiva, con interesantes expectativas». Entre los puntos positivos, destacó que se tiende a la unificación de criterios y que va a ser mucho más fácil y económico dotar de jueces a los Tribunales. Para Fuentes «es muy importante trabajar bien esta reforma para que sea realmente un cambio estructural y no un simple cambio de denominación o cartelería. La clave del éxito es que esta reforma vaya acompañada de una verdadera redistribución de funciones en las oficinas judiciales , dotación de medios materiales y una mejora tecnológica. En mi opinión esta reforma no ha solucionado la diferencias entre la Justicia que se imparte en una gran ciudad y la de un pueblo de la provincia».

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