Condenan a un policía de Elda por quedarse efectos en registros de droga

La Audiencia de Alicante ha condenado a un policía nacional de Elda por quedarse con efectos intervenidos en operaciones de droga, según confirmó este diario en fuentes judiciales. El agente tenía que haberse sentado en el banquillo el próximo lunes para ser juzgado por estos hechos acusado de un delito de malversación ante un jurado popular. Pocos días antes del juicio, su defensa ha llegado a un acuerdo tanto con la Fiscalía como con la acusación particular por el que ha sido condenado a una pena de nueve meses de prisión. Esta pena se le ha suspendido con la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años.

El policía tiene pendiente otro juicio por colaborar con redes de narcos de la localidad, causa en la que se sentará en el banquillo junto a otro policía municipal de Elda. Toda esta causa se enmarcaba dentro de una investigación mucho más amplia por presunta corrupción policial y que en su día causó un gran revuelo en la Comisaría de Elda.

La investigación de Asuntos Internos en el año 2018 puso al descubierto las actividades irregulares del funcionario. Al hacer un registro en su taquilla, los funcionarios encontraron con numerosos efectos que procedían de registros policiales practicados en la localidad.

Detienen a 4 agentes de Elda en una investigación por tráfico de drogas

En algunos de ellos, el agente que estaba asignado a la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Elda, había intervenido, en otros no. En su gran mayoría, estos efectos eran mandos a distancia y llaves de vehículos de lujo procedentes de esas operaciones, llevadas a cabo entre los años 2013 y 2018, así como las llaves y los mandos de garaje de algunas de las viviendas donde se llevaron a cabo las intervenciones. Entre los vehículos que correspondían a esas llaves había BMW, Saab y otras marcas. También se encontraron libretas bancarias y tarjetas de crédito, de la misma procedencia. Con una de esas tarjetas, llegó a sacar 70 euros de un cajero automático de la localidad. La investigación apuntaba a que con todos estos efectos el funcionario podría estar realizando algún tipo de extorsión a los propietarios de esos efectos. En lugar de encontrarse en el depósito de pruebas, estaban en la taquilla del funcionario, un lugar totalmente irregular para la custodia de pruebas obtenidas en el marco de una investigación.

Del mismo modo, también fue localizado un ordenador portátil que fue requisado a un ciudadano extranjero que estaba a punto de ser expulsado del país por estancia ilegal. Aunque la lista de efectos recuperados es larga, sin embargo, no tenían un precio demasiado alto. El total de los efectos hallados en la taquilla tenían un valor de 1.405 euros. En ese listado también figura una papelina de drogas. El fallo considera probados todos estos extremos y subraya que el acusado se valió de su condición de policía para tener acceso a todos estos bienes recuperados tras la intervención.

Pieza separada

Aunque el registro se llevó a cabo en el marco de las investigaciones por las presuntas relaciones del agente con las redes locales de narcotráfico, los tribunales acordaron que la apropiación de efectos procedentes de registros policiales se juzgaran por separado. 

En la causa estaba personada como acusación particular la familia de la que procedían la mayor parte de los efectos recuperados. Hasta el último momento todo apuntaba a que las posturas eran irreconciliables y que no había posibilidad de acuerdo. Entre acusación y defensa se habían presentado escritos recurriendo cada petición de la otra parte. Sin embargo, a pocos días de que arrancara el juicio, contra todo pronóstico, el procesado ha querido llegar a una conformidad, que ha evitado que se tuviera que constituir un jurado popular para un juicio que tenía tres días de duración, con los consiguientes gastos para la Administración y por unos efectos cuyo valor no alcanzaba los 2.000 euros. El jurado ni siquiera va a tener que constituirse para poder celebrar una vista oral que iba a estar presidida por la magistrada María Dolores Ojeda. El primer día iba a ser para la selección del tribunal popular y la declaración del acusado. La segunda jornada estaba reservada para la declaración de los testigos y los informes finales; y finalmente el tercero era para la deliberación del veredicto.

Penas

Con el pacto alcanzado y que aplica la sentencia, la Fiscalía ha solicitado la aplicación de una atenuante por dilaciones indebidas, con lo que la condena de un año y diez meses de cárcel que se pedían inicialmente se han quedado en una condena por malversación de nueve meses de cárcel, así como una multa de cuatro meses con una cuota diaria de seis euros (720 euros).

Condenan a dos policías de la Comisaría de Dénia por robar en casas que habían sido asaltadas

También se le impone otra multa de treinta días a euros diarios (180 euros) por un delito leve de estafa, por la extracción de dinero del cajero. La atenuante se ha aplicado por la paralización que tuvo la causa, sobre todo al decidir con la instrucción ya terminada que el agente fuera enjuiciado por malversación, lo que obligó a volver a echar atrás parte de las actuaciones y comenzar desde el principio. 

Con la pena pactada, el agente no tendrá que ingresar en prisión y se le ha suspendido la condena, con la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años. Del mismo modo, también se le impone una pena de inhabilitación durante un año y medio. Con el acuerdo alcanzado, el fallo ya es firme y contra él no cabe recurso alguno. 

La Audiencia tiene ahora pendiente celebrar el juicio contra los policías por las colaboraciones con las redes de narcos, hechos por los que en su día se detuvieron a tres policías nacionales y a otro agente municipal.

Suscríbete para seguir leyendo