Los diez juzgados de Malos Tratos de Alicante alertan del riesgo de colapso por asumir los delitos sexuales

Los diez juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia de Alicante se han sumado a las críticas por los riesgos de colapso a los que se enfrentan tras la reforma aprobada por el Gobierno y que les atribuye todas las investigaciones de delitos sexuales. Estas nuevas competencias tendrán que asumirlas a partir de octubre y sin que esté previsto por el momento un aumento de los medios previstos, según denuncian. Como ya publicó este diario, las tres magistradas de Alicante ya se sumaron a un primer comunicado el pasado enero alertando de los riesgos de la reforma. Ahora han sido todos los juzgados de la provincia de Alicante los que se han adherido al escrito que firman un total de 136 magistrados de toda España. 

La reforma que tiene preocupada a la judicatura se abordó este martes en la Comisión de Policía Judicial de la Audiencia Provincial, en la que operadores jurídicos y Fuerzas de Seguridad para reforzar la coordinación institucional entre todos ellos. En la reunión participó por vía telemática la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Esther Rojo quien destacó que desde el órgano de gobierno de los jueces se estaba estudiando el impacto que iba a tener la nueva ley en los juzgados y cuáles iban a ser las necesidades para poder implementarlas. En función de lo que dieran esas cifras, se pediría el número de juzgados que hiciera falta.

Entre los asistentes a la reunión se encontraban el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Cerón; el juez decano, César Martínez; la secretaria coordinadora de los Letrados de la Administración de Justicia, Belén Sanz; el fiscal coordinador de Violencia de la Mujer, Gonzalo Pedreño; jueces de Violencia sobre la Mujer; representantes de los colegios de la Abogacía y de Procuradores; del Instituto de Medicina Legal; así como Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Autonómica. La reunión se ha celebrado en plena semana por la manifestación del 8M, que se celebra este sábado.

La reforma para modernizar la Justicia frena la creación de juzgados en Alicante

El día previo a la reunión, todos los jueces de Violencia sobre la Mujer de la provincia han suscrito un documento en el que se alerta de las graves consecuencias que puede acarrear para ellos la puesta en marcha de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia. Una reforma que les atribuye todos los casos de violencia sexual, con independencia de que haya una relación sentimental entre agresor y víctima; así como los casos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Entre los firmantes se encuentran las tres magistradas de Alicante; las dos de Elche; así como los de Benidorm, Dénia, Torrevieja, Orihuela y Elda.

Los nuevos delitos

El aumento de competencias viene derivado de la aprobación de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, que supone la creación de los llamados tribunales de instancia y que sustituirán a los juzgados tradicionales, poniendo en común todos los recursos que se cuenten en cada jurisdicción con la puesta en marcha de macrooficinas con las que se pretende dar una mayor agilidad al funcionamiento de este servicio público.

Entre las nuevas competencias que van a asumir estos juzgados se encuentran los delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el acoso sexual, entre otros. Un aumento de materias que se suma a las que ya tenían para las agresiones machistas. El temor que tienen los jueces de violencia es que esos nuevos asuntos colapsen una jurisdicción ya de por sí sobrecargada en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y sus hijos. El cálculo que ha hecho la judicatura es que el aumento de la carga de trabajo va a ser del veinte por ciento. Desde el Gobierno se ha asegurado que si es necesario los recursos van a salir de la reconversión de secciones de Instrucción en otras dedicadas a la Violencia sobre la Mujer.

En el partido judicial de Alicante, lo que se especula dentro del Palacio de Justicia es la desaparición del actual juzgado de Instrucción número nueve, el último que se creó hace ya más de veinte años, y que pasaría a integrarse dentro de la nueva estructura. Una medida que podría desequilibrar el actual sistema de reparto de guardias de 24 horas, por no contar con un número suficiente de órganos judiciales. «Llevamos tiempo pidiendo la creación de un cuarto juzgado de Violencia sobre la Mujer, pero no puede ser a costa de que Alicante pierda un juzgado de Instrucción. Esta también es una jurisdicción saturada de trabajo», aseguró a este diario Catalina Alcázar, vocal de la subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía.

Antes de la aprobación de la nueva ley, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tenía entre las necesidades judiciales de la provincia un cuarto juzgado de Violencia sobre la Mujer; así como un segundo juzgado de guardia en Alicante.

Ante estos temores, el presidente de la Audiencia señaló que por el momento no hay ninguna propuesta para reconvertir juzgados de Instrucción en otros de Violencia en Alicante para hacer frente al aumento de asuntos. «Estamos a expensas de que desde el Gobierno se apruebe el desarrollo reglamentario de la nueva ley. Cerón señaló que precisamente la ventaja del nuevo sistema es que va a ser más fácil asignar jueces a jurisdicciones colapsadas, en lugar de los largos trámites burocráticos que hasta ahora hacían falta para crear el juzgado. «Esta es la línea adecuada y todos los problemas de falta de medios se van a ir solucionando», explicó Cerón, incidiendo en que los compromisos internacionales de España al adherirse al Convenio de Estambul, así como las previsiones de la Ley de Libertad Sexual ya contemplaban este aumento de competencias para garantizar una respuesta integral a la violencia que sufren las mujeres.

El TSJ reclama un segundo juzgado de guardia en Alicante al subir las detenciones

La intención del presidente de la Audiencia era que la propia Esther Rojo explicara en la comisión las previsiones del CGPJ sobre el aumento de competencias en estos órganos judiciales, pero tuvo que comparecer por videoconferencia desde València debido a la alerta meteorológica. El objetivo antes de octubre se disponga de una previsión de los jueces que van a ser necesarios para asumir el incremento de asuntos. 

Atención a las perjudicadas

La magistrada titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de Alicante, Carmen Méndez, que lleva al frente de este órgano desde su creación, expresó su temor a que la atención a las víctimas se vaya a ver resentida con este aumento de la carga de trabajo. «No es lo mismo la investigación de una agresión sexual o una red de trata de blancas que la de un hurto. Se trata de asuntos de complejidad en los que muchas veces ni siquiera se conoce al autor», aseguró.

"Necesariamente, esto va a afectar la atención a las víctimas", señaló, un aspecto en el que estos juzgados se han destacado desde su puesta en marcha. «Se insiste en que las víctimas sean escuchadas con tranquilidad y sosiego», señala el comunicado firmado por los jueces, que subrayan que pueden paralizarse muchas comparecencias para atender a otros asuntos que son más prioritarios.

Pulseras de control de maltratadores

Pulseras de control de maltratadores más cómodas y de mayor precisión. La subdirectora general de Coordinación Interinstitucional en Violencia contra las Mujeres Azulema Altamirano compareció desde Madrid por vía telemática para explicar las ventajas de estos nuevos dispositivos telemáticos que cuentan con un nuevo operador de telefonía. Las nuevas pulseras son más pequeñas y manejables para las víctimas de manera que se llevan como una simple pulsera o un reloj y avisan en caso de que el agresor se acerque.

Interior extenderá las pulseras de control de los maltratadores a los agresores sexuales

Otra de las ventajas es que ha reducido el tiempo en el que se hace un barrido desde el dispositivo para detectar si el sospechoso está en las proximidades. En este sentido, las fuentes señalaron que el objetivo es que el dispositivo tenga capacidad para hacer el barrido cada quince segundos, aunque de momento se ha conseguido reducir este tiempo desde los tres minutos a solo uno.

Durante la reunión, las Fuerzas de Seguridad insistieron también en que todavía el índice de pulseras de control para maltratadores aprobados en la provincia sigue siendo muy bajo, por debajo del tres por ciento, subrayando que estos dispositivos pueden salvar vidas de muchas mujeres en momentos críticos.

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