El fiscal recurre el archivo el caso de los contratos del Teatro Principal de Alicante

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación contra el sobreseimiento del caso del presunto fraccionamiento de contratos de montadores y azafatas en el Teatro Principal de Alicante y ha solicitado a la Audiencia que revoque el auto de archivo dictado por el juzgado de Instrucción número 4 de Alicante.

El fiscal anticorrupción Pablo Romero ha solicitado a la Audiencia que se acuerde continuar la causa con el procesamiento de la gerente del Teatro Principal, María Dolores Padilla, por un delito de prevaricación administrativa al beneficiar a una misma empresa con unos ingresos de 617.163 euros con contrataciones directas de servicios que deberían de haberse adjudicado «conforme a los principios de libre concurrencia, transparencia, igualdad de trato y libre concurrencia», de acuerdo a la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público.

El fiscal entiende que se han vulnerado los principios constitucionales «que han de regir la actuación de la Administración y se ha impedido que los administrados puedan concurrir en igualdad de condiciones y con estricta valoración de sus méritos a los servicios ofrecidos por el Teatro Principal».

En el recurso la Fiscalía recuerda que el propio juez que ha archivado el caso asume las tesis del Ministerio Público, en el sentido de que en el Teatro Principal, una comunidad de bienes con mayoría de titularidad pública, se deben aplicar en las contrataciones la Ley de Contratos del Sector Público y que existe un fraccionamiento del servicio por parte de la gerente investigada.

Aunque el magistrado excluye la «relevancia penal de la conducta investigada», a la Fiscalía le llama la atención que el magistrado no aprecie que María Dolores Padilla «actuó en beneficio de una mercantil» y «favoreció injustamente a Go Group Servicios Integrales de Marketing», que fue la adjudicataria desde 2019 hasta 2023 de los contratos de azafatas y montadores gracias a adjudicaciones directas en contratos menores por un valor total de 617.163 euros. Asimismo, advierte el fiscal que no es precisa la existencia del cobro de comisiones o sobreprecios de los servicios para apreciar la existencia del delito de prevaricación y apunta que también podría hablarse de delitos de cohecho y malversación de caudales públicos.