Absuelven al Hércules y a su Fundación de alzamiento de bienes en el caso Abde

La Audiencia Provincial ha absuelto a los acusados del caso Abde -entre ellos el Hércules, la Fundación Hércules de Alicante y el presidente del club, Carlos Parodi- del delito de alzamiento de bienes que les imputaba la Fiscalía y la Abogacía del Estado, según la sentencia de la Sección Segunda notificada este lunes a las partes, fallo que puede ser recurrido.

El tribunal considera probado que los responsables del club diseñaron un plan para ocultar el dinero ante Hacienda y evitar el embargo de los dos millones de euros que pagó el Barcelona al Hércules por el traspaso de Abde, pero no aprecia delito en dicha acción porque no se realizó con ánimo de defraudar a los acreedores, sino que el dinero se destinó a pagar deudas del club, entre ellas a la propia Agencia Tributaria. Señala el fallo que "la conducta enjuiciada resulta atípica al emplearse el dinero para pago de deudas realmente existentes", aunque no aprecia "el elemento tendencial de defraudar las legítimas expectativas de los acreedores de cobrar sus créditos".

"No aprecia el elemento tendencial de defraudar las legítimas expectativas de los acreedores de cobrar sus créditos"

Además de absolver al Hércules y a su Fundación, la Audiencia absuelve al presidente de la entidad, Carlos Parodi, a Valentín Botella, expresidente de la Fundación, y a los consejeros y patronos José León y a José María Caruana.

La sentencia precisa que el Hércules realizó reiterados ofrecimientos de acuerdos de pago a Hacienda, mostró su voluntad de saldar la deuda y la abonó antes del juicio oral. El dinero del traspaso de Abde se destinó a pagar deudas contraídas por el club con proveedores y suministros, con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, entre otros. En todo momento, señala el fallo, se perseguía satisfacer "las deudas contraídas y, al mismo tiempo, salvaguardar la supervivencia de un club de futbol centenario. No hay indicio alguno del que pueda mínimamente inferirse que al importe de los mencionados cheques se diera un destino distinto". Por ello, el tribunal señala que no hay alzamiento de bienes "cuando aquello que sustrae el deudor a la posible vía del acreedor fue empleado en el pago de otras deudas realmente existentes". 

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En los hechos probados en la sentencia se hace referencia a la sentencia del concurso de acreedores del Hércules y al acuerdo suscrito en enero de 2013 entre el Hércules, representado por el que entonces era consejero delegado de la entidad, el acusado Carlos Parodi, y la Agencia Tributaria para el "pago de los créditos privilegiados, por importe de 10.432.401’08€".

En dicho acuerdo se fijaron como cláusulas el abono inicial de dos millones de euros y un calendario de pagos durante 60 mensualidades con un ingreso mínimo de 80.000 euros. Sin embargo, el Hércules incumplió de forma reiterada el calendario de pagos previamente pactado desde marzo 2016 hasta enero de 2017, por lo que la Agencia Tributaria resolvió en febrero de 2017 dicho convenio y realizó diversos embargos sobre las cuentas bancarias y diversos créditos comerciales del club, según la sentencia.

El Hércules CF tenía una cuenta en el Banco Sabadell donde la Agencia Tributaria logró cobrar parte de la deuda, pero los dos millones de euros que pagó el Barcelona al Hércules en el verano de 2021 por el traspaso del jugador Abde no se ingresaron ahí. El dinero fue entregado al actual presidente del club Carlos Parodi, defendido por el abogado Ignacio Gally, y para evitar el embargo de Hacienda se ingresó a la Fundación Hércules.

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Señala la sentencia que "el endoso no obedeció a ninguna operación o relación económica previa" entre el club y la Fundación. "La Fundación no ha declarado imputaciones ni declaraciones de ingresos y pagos del modelo 347 desde 2015, no tenía trabajadores dados de alta y carecía de toda actividad económica y el Hércules no ha declarado ningún ingreso o pago a la Fundación durante 2021", añade el fallo.

Antes de ingresar el cheque de dos millones, el patronato de la Fundación celebró una junta donde Valentín Botella, como presidente, y José Francisco Javier León Barahona, como vocal, acordaron incorporar a la comisión ejecutiva a Carlos Parodi y reactivar una cuenta que la Fundación tenía en la Caja Rural Central, designando apoderados para poder operar en la misma a cualquier patrono.

El cheque fue ingresado el 24 de septiembre de 2021 y ese mismo día Carlos Parodi solicitó a la entidad financiera el fraccionamiento de los dos millones en cheques nominativos a favor del Hércules. Cinco días después se emitieron 33 cheques bancarios de un importe unitario de 60.000 euros y un cheque bancario de 15.772,33 euros. La cuenta de la Fundación quedó reducida en tan solo cinco días a un saldo de 340,36€ y en todos los cheques aparecía como ordenante Valentín Botella.

Un plan

La Audiencia señala que todo obedecía a un "plan previamente urdido" y por ello Carlos Parodi abrió en la misma sucursal de Caja Rural Central una nueva cuenta a nombre del Hércules CF y entre octubre y noviembre de 2021 ingresó ocho cheques bancarios de 60.000 euros cada uno para hacer frente a pagos del club, como nóminas e impuestos. De este modo, añade el fallo, hacían "ineficaz cualquier traba que intentara la Agencia Tributaria para el cobro de su crédito".

Cuando Hacienda conoció el pagó de los dos millones por el traspaso de Abde solicitó a Parodi que informara de la cuenta donde había ingresado el cheque, pero el presidente del club alegó que se había destinado "al cumplimiento de obligaciones contraídas por el club".

La Agencia Tributaria averiguó dónde se ingresó el dinero y notificó a Parodi el embargo de los 26 cheques que aún no se habían cobrado. Pese a ello, el presidente del club ingresó cuatro cheques más en la cuenta del Hércules para cubrir gastos del club y en diciembre de 2021 ingresó otros cheques -480.000 euros en total- a cargo de la deuda con Hacienda.

Parodi presentó entonces ante la Agencia Tributaria una propuesta para un nuevo convenio para saldar la deuda y se indicó que el Hércules no podría realizar "otros ingresos adicionales esta temporada sin comprometer seriamente su viabilidad".

Hacienda rechazó la propuesta y los acusados siguieron cobrando los restantes cheques para abonar pagos de gastos corrientes del club.

Las deudas tributarias que el Hércules mantenía "con la Hacienda Pública después de estos hechos ascendían a la cantidad de 3.594.214,50 euros".

La Fiscalía presentó una querella por estos hechos en mayo de 2022 y en septiembre de ese año el Hércules pagó a la Agencia Tributaria 351.134,17 euros mientras que "la Fundación pagó 1.229.301,45 euros" y se liquidó la deuda tributaria.

Tras conocerse el fallo judicial absolutorio, el club ha difundido un comunicado donde afirma que "el Hércules CF lo acoge con el máximo respeto y con la alegría de que tres magistrados hayan reconocido que no existe conducta delictiva alguna en la actuación realizada por el Hércules CF y sus dirigentes en el denominado caso Abde. El Hércules CF tenía claro que no se había cometido irregularidad alguna y lo ha defendido hasta el final, obteniendo el resultado que es justo. Ahora toca centrarse en lo deportivo, olvidar este capítulo y agradecer a todas las personas que siempre han confiado en el Hércules CF y sus dirigentes".

«Es lo más justo»

El Hércules, tras conocerse la absolución, ha pedido «centrarse a partir de ahora en los temas deportivos». La SAD propiedad de la familia Ortiz acoge con «máximo respeto y con la alegría» la resolución de los tres magistrados, en la que se detalla que no ha existido «conducta delictiva alguna».

La entidad sostiene en su texto que «tenía claro» que no se había cometido irregularidad alguna, motivo por el que defendió hasta el final su inocencia «obteniendo el resultado que es justo». «Ahora toca olvidar este capítulo y agradecer a todas las personas que siempre han confiado en el Hércules y sus dirigentes», subraya. La acusación particular, que actuó en representación de un colectivo de aficionados herculanos, quiere analizar durante unos días la sentencia «con detenimiento» para valorar si presenta recurso contra el fallo absolutorio.