Juzgan a una etarra por una bomba en el aeropuerto de Alicante-Elche en 1995

La exdirigente etarra Iratxe Sorzabal se enfrenta a seis años de cárcel en el juicio que arrancó este lunes en la Audiencia Nacional por la colocación de una bomba en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández en julio de 1995, que fue encontrada y desactivada sin causar daños. Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide para Sorzabal, detenida en Francia en 2015 junto al exjefe de ETA David Pla, la prohibición de volver al lugar de la comisión del delito durante cinco años.

La mujer de la limpieza que halló el paquete bomba que supuestamente colocó la etarra relató que sospechó al verlo en una papelera que acababa de vaciar, y al abrirlo y ver cables y un reloj se dio cuenta «de lo que era», por lo que dio el aviso. Así lo expuso esta testigo, cuyo hallazgo permitió que pudiera ser desactivada sin causar daños. El juicio comenzó con la declaración de los testigos, al pedir el abogado de Sorzabal que esta pudiese declarar en último lugar, tras la práctica de la prueba, como permite ahora la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El impactante relato de la mujer de la limpieza fue el testimonio más relevante en esta primera sesión del juicio. La testigo recordó que se disponía a pasar la mopa en la zona del sótano del aeropuerto cuando apoyó su carro de la limpieza en una papelera alta. En ese momento se percató de que estaba llena cuando justo acababa de vaciarla y observó que había un paquete. Decidió sacarlo y se puso a manipularlo, «porque soy muy manipuladora», apuntó.

Viaje a los escenarios de los atentados de ETA

Notó que pesaba y que había una caja dentro con algo duro en su interior, lo abrió y vio que salían cables y que había también un reloj.

Ante ese hallazgo, decidió dejar la caja tranquilamente -«bueno tranquilamente de aquella manera», puntualizó-, y la tapó «para que nadie asustara». Acto seguido acudió a avisar «a las autoridades para que acordonaran y no pasara la gente por allí porque me dí cuenta de lo que era».

Sesión breve

En esta breve sesión del juicio, que no llegó a una hora de duración y que continuará este martes, testificaron también investigadores policiales que analizaron la carta de autocrítica o «cantada» que Sorzabal remitió a la dirección de ETA cuando fue detenida.

Según señalaron, en esa carta la exdirigente etarra daba datos de acciones terroristas que presuntamente cometió antes de huir a Francia y sobre los que no habló en su declaración ante la Guardia Civil: como un atentado contra oficina de Mapfre y la quema del Liceo francés.

Este matiz es importante porque Sorzabal sostiene que las confesiones que hizo ante la Guardia Civil en su primera detención antes de huir a Francia, donde fue detenida en 2015 junto al exjefe de ETA David Pla, fueron obtenidas bajo torturas y por ello dijo lo que le ordenaron decir.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el artefacto que los Tedax consiguieron desactivar tras ser hallado por la mujer de la limpieza, estaba compuesto por un reloj digital, una pila de 9 voltios, 500 gramos de sustancia explosiva, un detonador eléctrico y unos cables.

No se produjeron daños personales ni materiales, «aun cuando el artefacto explosivo fue colocado con la finalidad de causar el máximo daño posible a las personas y al patrimonio público y privado», según destaca el escrito de acusación de la Fiscalía.

Antecedentes

La dirigente etarra Iratxe Sorzabal fue condenada en 2022 por primera vez en España a 24 años y medio de prisión por un doble atentado perpetrado en noviembre de 1996 en Gijón contra una farmacia y el Palacio de Justicia.

Mutxamel recuerda a las víctimas del atentado de ETA de hace 33 años

El pasado mes de febrero, un juzgado de la Audiencia Nacional ha reabierto el sumario por el asesinato del suboficial de la Ertzaina Montxo Doral en 1996, un crimen que la Policía autónoma vasca atribuye a un comando bajo la dirección de Sorzabal.

El Tribunal Correccional de París la condenó en rebeldía en junio de 2006 a 3 años de cárcel por su pertenencia al aparato político de ETA y en 2013 fue de nuevo condenada en rebeldía en el juicio en el que se le impuso una cadena perpetua al padre de su hija, el exdirigente etarra Mikel Carrera Sarobe, Ata, por el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton en 2007.