La Abogacía crea un servicio para liberar a los juzgados de más de 6.000 pleitos civiles y mercantiles al año en Alicante

La Abogacía alicantina pondrá en marcha un nuevo servicio de mediación y conciliación al que estarán adscritos más de 600 profesionales para tratar de descongestionar los juzgados de más de 6.000 asuntos civiles y mercantiles al año en la provincia. El nuevo servicio bautizado como ICAMASC, que se va a poner en marcha a partir del próximo 3 de abril, es consecuencia de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia. La norma, que busca adaptar los juzgados al siglo XXI, obligará a partir de esta fecha a los litigantes a acreditar que se ha intentado llegar a un acuerdo a través de medios adecuados de solución de controversias. Y para ello apuesta por la búsqueda de soluciones extrajudiciales y liberar a los juzgados de asuntos que no requieren un pleito y podrían solventarse con una buena negociación. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali) quiere aprovechar la experiencia que tiene en la formación de expertos en mediación y conciliación para empezar a prestar estas funciones, con lo que se convertiría en el primero de la Comunidad Valenciana en hacerlo y el tercero en España.

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El uso de este servicio dará a los profesionales un certificado que acredite que la vía de la negociación se ha utilizado, un requisito al que va a obligar la ley antes de empezar cualquier conflicto judicial. El decano del Icali, Ignacio Gally, aseguró que, mientras algunos profesionales habían visto este requisito, como un impedimento para el inicio de acciones, "nosotros lo hemos visto como una oportunidad". En uno o dos meses los litigantes podrían obtener una solución a su conflicto con una agilidad mucho mayor a la que se tiene en la justicia convencional. Entre el tipo de procedimientos para los que se pone marcha este servicio son principalmente reclamaciones de cantidad, desahucios por impagos en caso de arrendamientos y procesos de familia.

El Icali está poniendo en marcha una plataforma digital a través de la cual se podrá pedir la cita previa para ser atendido y, según las previsiones que se manejan en el colegio en el plazo de uno o dos meses podría tener una solución a su conflicto. Según el Icali, el procedimiento será fácil, accesible y seguro, con un mecanismo de reserva de citas y sedes de forma telemática, a través de una plataforma online a disposición de los letrados y un sistema de certificación. Tanto las sedes de Alicante como las delegaciones de Benidorm, Villajoyosa, Dénia, Elda, Novelda, San Vicente y Villena, contarán con una guardia de letrados a disposición del ciudadano para que puedan solicitar este servicio, en el caso de que no dispongan de abogado.

El diputado del Icali Alberto Díez subrayó la importancia de los conocimientos jurídicos de estos profesionales, destacando que en muchas ocasiones hay sentencias que no solucionan el conflicto. A través de la web, los interesados podrán solicitar la conciliación, servicio que tendrá un precio de 80 euros más el IVA.

Resignados al litigio

Julia Falcó, bibliotecaria del Icali, señaló que en estos momentos solo en el partido judicial de Alicante, se tramitan al año y promedio de 46.000 asuntos al año. "Solo con que llegáramos a un acuerdo en el diez por ciento de todos asuntos, ya liberaríamos a los tribunales de 4.600 asuntos al año", aseguró. El principal objetivo es colaborar en desatascar una Justicia que está atascada con miles de procedimientos y para los que no hay medios para sacar adelante. Sin embargo, Gally señaló que la cifra podría ser muy superior a los 6.000 procedimientos al año.

Condenas en costas

En este sentido, la vicedecana del Icali, Carmen Díaz, incidió en que otra de las novedades que presenta esta ley es que pondera las condenas en costas, en función de la implicación de las partes que han tenido las partes en llegar a un acuerdo. De esta manera recordó la gran cantidad de procedimientos por parte de quien hace un uso abusivo de la Administración de Justicia con procedimientos donde se conoce de sobra cuál es la jurisprudencia. La nueva legislación incluso prevé sanciones para quienes hacen este uso abusivo.

Una de las principales críticas que se está haciendo a la ley es que todas las medidas pretenden llevarse a cabo a coste cero, es decir, sin destinar recursos adicionales a los juzgados, sino solo reorganizando el trabajo de manera más eficiente. Otra de las vías es potenciar los acuerdos entre los profesionales para evitar que el conflicto lo arreglen los profesionales sin necesidad de llegar a juicio, tal y como está perfectamente consolidado en el sistema anglosajón.

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El responsable de formación del Icali, Miguel Ángel Martínez, señaló que en estos momentos en el colegio hay 325 letrados que podrían empezar a prestar el servicio, cifra que se va a ver incrementada hasta los 600, una vez que finalicen los actuales cursos de formación que está impartiendo el colegio.

Aunque en estos momentos, el servicio está limitado para las jurisdicciones civiles y mercantiles, no se descarta que pronto pueda extenderse a otras jurisdicciones como la penal. En este sentido, Gally señaló que en un futuro se ampliaría con otros servicios como el experto independiente y el derecho colaborativo.

Poder Judicial

Por otro lado, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Isabel Perelló, ha dado cuenta hoy a la Comisión Permanente de la constitución de un grupo de trabajo para la preparación del despliegue de los tribunales de instancia como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

 La constitución del grupo de trabajo se hace al amparo de lo previsto en el artículo 598.12ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la presidencia del CGPJ “podrá encargar cometidos a vocales concretos o a grupos de trabajo siempre que este encargo no tenga carácter permanente o indefinido”.

 En el acuerdo, la presidenta del órgano de gobierno de los jueces señala que el cambio de modelo que supondrá la entrada en vigor de la nueva ley, que transformará los más de 3.800 juzgados unipersonales existentes en la actualidad en España en 436 tribunales de instancia, implica una profunda transformación de la organización judicial que afecta directamente al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del mismo.

 La presidenta del TS y del CGPJ hace referencia asimismo a que, en las conclusiones de las XX Jornadas anuales de presidentes y presidentas de Tribunales Superiores de Justicia aprobadas el pasado 6 de marzo en Palma de Mallorca, se identificaban algunos de los problemas que puede generar el tránsito hacia el nuevo modelo desde el punto de vista estrictamente gubernativo y se proponían al Consejo actuaciones como la elaboración de un modelo de organización, gestión y funcionamiento interno; la puesta en marcha de un plan de formación o la estandarización de las normas de reparto.

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 Por ello ha considerado conveniente constituir un grupo de trabajo que aborde estas y otras cuestiones gubernativas vinculadas a la creación y despliegue de los tribunales de instancia y anticipe, planifique y coordine la respuesta que el CGPJ debe o puede ofrecer, siempre dentro del marco de sus competencias y contando con la participación y auxilio de los/as presidentes/as de los Tribunales Superiores de Justicia como órganos gubernativos de la máxima relevancia, más cercanos a los problemas que pueda generar el despliegue de los tribunales de instancia en los partidos judiciales de su territorio y representantes del Poder Judicial en cada Comunidad Autónoma.

El grupo de trabajo extenderá su funcionamiento hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la que debería terminar la implantación de los tribunales de instancia en todo el territorio nacional, según lo establecido en la disposición transitoria primera de la LO 1/2025, y los acuerdos ejecutivos que requieran las respuestas o iniciativas que pueda proponer se adoptarán por los órganos ordinarios del Consejo legalmente competentes, es decir, el Pleno o la Comisión Permanente.

El acuerdo dispone que el grupo de trabajo estará constituido por la presidenta del TS y del CGPJ y por los vocales Alejandro Abascal, Lucía Avilés, José María Fernández Seijo, José Eduardo Martínez Mediavilla, Carlos Hugo Preciado y Esther Rojo y que asistirá al mismo el secretario general del Consejo como director y coordinador de los órganos técnicos, de los que se recabará la asistencia oportuna cuando proceda.