La etarra acusada de un atentado fallido en el aeropuerto de Alicante-Elche se desvincula pese a que lo confesó en una carta

La exdirigente etarra Iratxe Sorzabal ha negado en la Audiencia Nacional haber colocado una bomba en el aeropuerto de Alicante-Elche en julio de 1995, según ha informado la agencia Efe. El artefacto fue encontrado y desactivado sin causar daños. Por este atentado frustrado, la Fiscalía pide seis años de prisión. Aunque en su día, la acusada admitió los hechos, ahora en el juicio ha dicho que su confesión se produjo bajo torturas.

Sorzabal ha tomado la palabra para desvincularse del atentado durante el juicio, que este martes ha quedado visto para sentencia. Las partes han elevado a definitivas sus conclusiones: el fiscal mantiene su petición de condena y la defensa la absolución.

Durante su declaración, la exdirigente de ETA ha seguido la misma línea de defensa que ya tuvo en otro juicio por un atentado, también sin víctimas, en la frontera de Irún (Guipúzcoa) perpetrado en 1995. En aquella vista, celebrada hace unas semanas, dijo que las declaraciones prestadas ante la Guardia Civilen su segunda detención, en 2001, se produjeron bajo "torturas".

Juzgan a una etarra por una bomba en el aeropuerto de Alicante-Elche en 1995

Bajo esta premisa, no ha reconocido como propia la carta de autocrítica o "cantada" que, según la Fiscalía, remitió a la dirección de ETA cuando fue detenida y en la que confesaba su responsabilidad en 22 acciones terroristas. Las cartas cantadas es como de denominaban a una confesión escrita, donde un miembro de la organización terrorista admitía su participación en atentados y otros actos terroristas. También servían como un informe a la dirección de la banda, proporcionando detalles sobre las acciones llevadas a cabo.

A preguntas de su defensa, Sorzabal ha negado cualquier responsabilidad en el atentado y ha reiterado que sus declaraciones ante la Guardia Civil las realizó obligada. "Yo no puse ninguna bomba", ha declarado, al tiempo que ha negado haber conformado ningún comando o tener conocimiento en explosivos o armas.

La postura del fiscal

Una versión pese a la cual el fiscal Carlos García Berro ha mantenido sus tesis y solicitado una condena de seis años por un delito de estragos terroristas. El representante del Ministerio Público ha defendido la validez de ese documento, redactado con "sinceridad" por quienes estaban "obligados" a realizar "esta dación de cuentas" a la dirección de ETA. En él no se relataba -ha explicado el fiscal- "las mentiras" que, según Sorzabal, había declarado ante la Guardia Civil, sino las acciones que presuntamente cometió, porque, de lo contrario, dicho documento no tendría utilidad para la banda.

La defensa, en cambio, considera que esta prueba está viciada de nulidad, mal traducida, mal interpretada y que no se le puede atribuir a la acusada, y ha denunciado que no se ha hecho ninguna comprobación sobre su veracidad y que no se ha llamado a declarar a los tres compañeros que supuestamente ella mencionaba.

Durante su informe ha defendido que una condena basada en esta prueba vulneraría los derechos fundamentales de la exdirigente etarra, protegidos por la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Antecedentes

Iratxe Sorzabal, que fue detenida de nuevo en 2015 junto al exjefe de ETA David Pla, fue condenada en 2022 por primera vez en España a 24 años y medio de prisión por un doble atentado perpetrado en noviembre de 1996 en Gijón contra una farmacia y el Palacio de Justicia.

Viaje a los escenarios de los atentados de ETA

En febrero, la Audiencia Nacional reabrió el sumario por el asesinato del suboficial de la Ertzaina Montxo Doral en 1996, un crimen que la Policía autónoma vasca atribuye a un comando bajo la dirección de Sorzabal.

El Tribunal Correccional de París la condenó en rebeldía en junio de 2006 a 3 años de cárcel por su pertenencia al aparato político de ETA y en 2013 fue de nuevo condenada en rebeldía en el juicio en el que se impuso cadena perpetua al padre de su hija, el exdirigente etarra Mikel Carrera Sarobe, Ata, por el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton en 2007.