Dos médicas que atendieron al niño de Petrer muerto tras ir 5 veces a urgencias no vieron signos de alarma

Las dos médicas acusadas del homicidio imprudente de Aitor, el niño de 8 años de Petrer que murió por una peritonitis tras acudir cinco veces a urgencias en cuatro días y diagnosticarle una gastroenteritis, han defendido este lunes en el juicio que actuaron correctamente y no apreciaron signos de alarma en el paciente, mientras que la abuela y tutora legal del pequeño, que lo consideraba como a un hijo al estar bajo su tutela desde que nació, ha reiterado que falleció por una negligencia y ha asegurado que no le hicieron análisis para detectar el origen de su dolencia, unas pruebas que le habrían salvado la vida, según le expusieron unos médicos en el Hospital de Elda en los momentos posteriores a confirmarse su fallecimiento, ocurrido el 28 de octubre de 2020.

Marta Gonzálvez, que ha estado arropada en el juicio por vecinos de Petrer y por los padres de otros dos menores fallecidos por presuntas negligencias médicas en Albacete y Móstoles, ha hecho en la puerta de los Juzgados de Alicante un llamamiento a las familias que se encuentren en una situación similar para que luchen «por la Justicia de sus hijos, son muchas negligencias...», ha indicado la abuela, satisfecha por haber «cumplido la promesa que le hice a mi hijo de sentarlas en el banquillo». Marta ha destacado que «igual que cualquier persona comete un delito y lo paga, ellos también tienen que pagarlo si son culpables, aunque lleven bata blanca». La mujer ha añadido que «una vida no la paga un cheque» y confía en que «la Justicia sea justa y digna y cumpla con su cometido».

La médico pediatra que atendió a Aitor el 26 de octubre de 2020 y le dio el alta, dos días antes de su muerte, ha afirmado en el juicio que el niño «estaba nauseoso, pero no tenía un mal estado general», ni tampoco «tenía dolor», pese a que el informe del centro de salud donde le vieron horas antes hacía referencia a vómitos y dolor abdominal. La facultativa, que no ha contestado a las preguntas de la acusación particular, ha explicado que Aitor estaba estable y no se realizaron pruebas complementarias, como una analítica de sangre, porque «no había datos clínicos alarmantes» y no era «una causa de tratamiento urgente en ese momento».

La otra acusada, una médica de familia de un punto de asistencia de urgencia de Petrer al que acudió la abuela con el niño la madrugada del 28 de octubre porque no cesaban los dolores de barriga, también ha declarado que el menor no presentaba signos de alarma y que la «madre» impidió que lo explorara. Ha asegurado asimismo que le dijo que tenían cita en un centro privado unas horas más tarde, que se negaron ir a Urgencias del Hospital de Elda y tras decirle que no le podían hacer en dicho punto analíticas ni pruebas de imagen «se puso bastante irritable y enfadada».

Aunque no lo exploró, antes de irse le puso una inyección de buscapina para el dolor, un medicamento que según la Fiscalía no está recomendado en niño. La familia regresó a su domicilio, donde empeoró y tuvieron que llamar al SAMU, que lo evacuó muy grave al hospital y murió. El médico del SAMU ha indicado en la vista oral que en principio pensaron que podría haber sufrido una intoxicación por la buscapina, pero a posteriori supieron que no.

La abuela de Aitor ha rebatido las versiones de las acusadas y ha resaltado que el niño estuvo cuatro días con dolores continuos de barriga y vómitos, de ahí que lo llevara cinco veces a urgencias, y ha asegurado que la pediatra no lo exploró y que no le dijo a la facultativa del punto de atención que se negaba a ir de nuevo al Hospital de Elda.

Asimismo, ha negado que tuviese una cita con un médico privado porque aún no tenía activado el seguro y que la médico le recomendó que no fuese al hospital.

La letrada de la familia del menor, Raquel Sánchez Navarro, ha manifestado tras la primera de las tres sesiones del juicio que se han constatado «versiones muy contrapuestas» entre las partes, ya que las facultativas «siguen argumentando que la atención que hicieron fue la correcta», pero la acusación particular y el perito judicial entienden que hubo «mala praxis».