La Audiencia suspende el juicio del caso Aguas de Calp al detectar veinte años después que falta documentación

Tras retrasos acumulados de más de veinte años, el caso Aguas de Calp tendrá que seguir esperando fecha del juicio. La Audiencia de Alicante ha acordado esta mañana suspender la vista oral en el que estaba previsto que se enjuiciara la que es la causa de corrupción más antigua de la provincia y que estaba señalada a lo largo de toda esta semana. El motivo es que se ha detectado que, a pesar de todo este tiempo, falta documentación que sí que se habría aportado en su día al juzgado inicialmente, pero no ha sido remitido ahora a la Audiencia para que se pueda celebrar el juicio.

La suspensión se ha planteado poco antes de que fuera el momento de declaración de los acusados y después de que las partes plantearan las cuestiones previas. En los trámites preliminares se evidenció la ausencia falta de documentación en la Audiencia. Con la declaración de los ocho acusados, ocho testigos y cuatro peritos a lo largo de cuatro jornadas de juicio, la documentación sobre la tramitación del proyecto va a ser clave a la hora de dictar sentencia.

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A pesar de que la voluntad de la sala era celebrar el juicio con el material del que ya se disponía, los abogados han planteado que los documentos que faltaban eran imprescindibles para su línea de defensa. Sobre todo cuando el tribunal se ha dado cuenta de que no faltaban cuatro fotocopias, sino que se trataba de documentación que ocupaba seis cajas. Se da la circunstancia de que algunos de los letrados sí que disponían de la documentación, que ahora aquí en la Audiencia no se encuentra y que tampoco están a disposición de las partes. Por lo que avisaron que eran documentos sobre los que iban a centrarse sus interrogatorios y se consideraban imprescindibles. Por este motivo y a instancias de la Fiscalía, se ha acordado suspender la vista a la espera de intentar que en el juzgado en el que se investigaron los hechos se localice esta documentación. Todas las partes se han adherido a esta petición.

Acusados

En el banquillo se sientan el exconcejal del Ayuntamiento de Calp y exdiputado provincial del PP Juan Roselló y su cuñado, Javier Artacho, a quienes la Fiscalía Anticorrupción considera dos de los presuntos cerebros del entramado y para quienes pide la pena de nueve años de cárcel. Se les acusa de prevaricación, fraude y estafa. Se da la circunstancia de que ambos ya fueron condenados a dos años y medio y dos años de cárcel, respectivamente, por las basuras de Calp, una pieza separada del caso Brugal y que juzgó la misma sala que ahora va a enjuiciar este, aunque esa sentencia está pendiente de ser confirmada en el Supremo.

Por el caso Aguas de Calp, están acusados también los responsables de algunas de las mercantiles implicadas en las supuestas irregularidades, entre ellos el exgerente de la empresa mixta Aguas de Calp y uno de sus consejeros delegados. Los trabajos se adjudicaron a una empresa de Artacho, Obras Hidráulicas de Levante, sin ningún tipo de experiencia en el sector de la construcción. La mercantil subcontrató a su vez la ejecución de los trabajos e iba distribuyendo los fondos que recibía de Aguas de Calp. Entre los perjudicados están los empresarios de dos mercantiles que sí realizaron las obras y que no llegaron a cobrar ni un euro por ellas y que, según el escrito de acusación, fueron al bolsillo de los acusados. Se les acusa de irregularidades en la contratación de las obras de cinco proyectos para modernizar la red de aguas en Calp y en el que se habría usado a empresas sin actividad para aprobar proyectos sobredimensionados y con sobrecostes y en el que hubo proveedores que se quedaron sin cobrar que acabaron pagando las obras de su propio bolsillo.

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En el caso de Exca-Gata, se le dejaron sin pagar 245.233 euros; y a Vives Dalmau, la defraudaron 83.343 euros. Ambas están personadas como acusación particular. El proceso tiene hasta tres acusaciones particulares, aunque otras dos se han ido retirando tras todos estos años de juicio.

Ausencia de la denuncia original

Entre la documentación extraviada se encuentra la denuncia original que remitió la Fiscalía al juzgado cuando se detectaron las supuestas irregularidades, así como documentación del Ayuntamiento sobre la tramitación administrativa de estos proyectos y que se desvelaron en el transcurso de una comisión de investigación creada por los grupos de la oposición. "Lo que está es lo que está", le dijo el presidente del tribunal Francisco Javier Guirau a una de las defensas que planteaba pedir la nulidad de la causa. Peticiones a las que desde la Fiscalía se respondía que muchas de ellas son extemporáneas y que a lo largo de todos estos años de procedimiento nadie había planteado hasta ahora. Ismael Rubio, abogado de Juan Roselló, planteaba la nulidad de actuaciones por la ausencia de la denuncia original, así como de los documentos, ya que supuestamente procedían de una comisión de investigación que no existió.

Precisamente buena parte del trámite de cuestiones previas había sido para que las partes aportaran documentación. La Fiscalía presentaba certificaciones del registro mercantil destinadas a acreditar que algunas de las empresas de la trama no tenían actividad alguna; mientras que la defensa de Javier Artacho, José Javier Sáez Zambrana, presentaba certificaciones de calidad Aenor de algunas de las mercantiles sobre las que el Ministerio Público sembraba dudas.

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Aunque sobre el calendario la vista se iba a reanudar el miércoles, desde el tribunal se da por hecho que antes de esta fecha no se va a localizar esta documentación. El juicio ha quedado suspendido, sin fecha prevista para continuar. Todo dependerá de las gestiones que haga el juzgado de Dénia para tratar de localizar esta documentación. Incluso las propias defensas podrían ser quien la acabaran presentando, ya que Vicente Grima, abogado de los acusados por la empresa Aguas de Calp, se ha ofrecido a aportar las cajas con la documentación extraviada. La suspensión ha provocado la indignación de algunos de los perjudicados que han visto como una vez más el caso parece abocado a seguir sufriendo retrasos. "Esto es el cuento de nunca acabar", se quejaban los familiares de Nicolás Agudo, uno de los principales perjudicados y responsable de la empresa Exca-Gata.