Los jueces decanos piden desde Alicante una moratoria para que los juzgados de Violencia asuman delitos sexuales

Jueces decanos de toda España han reclamado desde Alicante una moratoria en la ley que obligará a los juzgados de Violencia sobre la Mujer asumir todos los delitos sexuales. Aunque el Gobierno ha aprobado un plan de refuerzos para que estos órganos puedan asumir este aumento de la carga de trabajo, lo cierto es que estos no llegarán hasta finales de año. Estas nuevas competencias han llegado de la mano de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia con la que el Gobierno pretende desarrollar un nuevo modelo para modernizar la Administración de Justicia.

Jueces decanos han estado analizando esta semana en Alicante los efectos de la nueva ley en sus XXXIII Jornadas nacionales que este año se han celebrado en Alicante. La moratoria ha sido una de las principales conclusiones de este congreso, donde también se ha insistido en que no se olviden otras jurisdicciones que ya están saturadas, como Social y Civil; así como tomar medidas para evitar que el juez pierda el control sobre las actuaciones procesales, ya que con la nueva configuración quedará aislado del funcionamiento de la oficina judicial. En este sentido, se han lamentado de que toda esta estructura "se ha hecho de espaldas a nosotros", dijo el juez decano de Alicante, César Martínez que ha presentado las conclusiones de este grupo de trabajo.

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Para la clausura de las jornadas se ha invitado a la directora general de Justicia de dicho ministerio, Verónica Ollé, que se ha encontrado con un auditorio que le ha trasladado las numerosas dudas e incertidumbres que todavía hay sobre la reforma. La más inmediata la llegada de los tribunales de Instancia, que sustituirán a los juzgados tradicionales, en los municipios con juzgados mixtos (que tramitan tanto asuntos civiles como penales) a partir del 1 de julio. Apenas saben nada a pesar de que faltan poco más de dos semanas para que su llegada se haga efectiva. Ni siquiera disponen de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), herramienta imprescindible para poder organizar la actividad.

Reconversiones polémicas

Uno de los aspectos que más críticas ha suscitado es el aumento de competencias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que a partir de octubre asumirán todos los casos de violencia sexual contra las mujeres, con independencia de que haya o no relación de pareja entre agresor y víctima. Los jueces criticaron primero el aumento de competencias sin recibir medios adicionales. La respuesta del Ministerio de Justicia fue que se crearían más plazas de jueces para estos juzgados, pero también algunas de ellas llegarían de transformar juzgados de Instrucción en otros de Violencia sobre la Mujer.

En la provincia se llegaron a barajar para estas reconversiones los partidos de Alicante y Benidorm, pero finalmente el Ministerio rectificó y todas las plazas en Violencia en ambas zonas serán de nueva creación. En este sentido, el Gobierno aprobó cincuenta nuevas plazas de magistrados para asumir este aumento de competencias. Sin embargo, estos no llegarán hasta el 31 de diciembre, a pesar de que en octubre se hará efectivo el aumento de competencias.

En este punto, Ollé trasladó a los jueces que desde el Ministerio de Justicia había previsto un refuerzo coyuntural para estos juzgados a partir del mes de octubre hasta que llegue el aumento de plazas de diciembre. Un aspecto sobre el que reconoció que no ha debido haber buena comunicación, porque "no hemos recibido peticiones todavía" y emplazó a que se presenten cuanto antes para poder prever los recursos necesarios. Los jueces lamentaron que se pretenda sacar una nueva jurisdicción al coste de otra que ya está en situación de colapso. "La violencia contra la mujer es importante, pero no debe servir para limitar los recursos a otros. Hay que poner medios para las dos jurisdicciones", señalaron. En este sentido recordaron que tanto en Primera Instancia como en Social hay miles de causas pendientes y no se sabe cómo se van a resolver.

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Los jueces recordaron que el año pasado ya pidieron la creación urgente de 439 plazas de magistrados para hacer frente la sobrecarga de trabajo, que llega al 200 % y al 300 % en algunos juzgados. El decano de Alicante recordó que 30 de estas plazas eran para esta zona. Sin embargo, el pasado año no se crearon nuevas plazas porque se suponía que con la llegada de la nueva ley estos problemas iban a quedar solventados e iba a ser más fácil poder nombrarlos.

Aprobación de nuevas plazas

Ollé aseguró que en estos momentos estaba en elaboración un estudio de las cargas de trabajo y que pronto se podría hablar de una importante aprobación de plazas. Aunque no concretó cuántas, insistió en que serán "muchas". Con la nueva ley, bastará nombrar a los jueces para los destinos donde sean necesarios, un trámite mucho más sencillo que la burocracia que suponía el crear un nuevo juzgado. Los juzgados tradicionales se verán sustituidos por tribunales de instancia, órganos colegiados con varios magistrados resolviendo, mientras que todo el personal se pondrá en común para la creación de macrooficinas que tramitarán el procedimiento. Sin embargo, los jueces lamentan que no se ha contado con ellos y que, pese a que los plazos se echan encima, todavía persisten muchas dudas sobre cómo se desarrollará.

Los jueces decanos también han agradecido las palabras de apoyo de la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en la inauguración de las jornadas, que pidió que cesaran los ataques a los jueces y pidió respeto a los magistrados del Alto Tribunal.

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