La huelga judicial suspende un juicio por una estafa desde Alicante de casi un millón en mascarillas

La huelga que durante varios días de esta semana han mantenido jueces y fiscales han obligado a suspender en la Audiencia de Alicante un juicio por una presunta estafa en la compra de mascarillas por un importe cercano a al millón de euros y durante las primeras semanas de la pandemia. En aquellos días, ese material sanitario era muy demandado, y por ese motivo tanto la Fiscalía, como las empresas afectadas por los hechos han agravado la acusación, al valorar que se trataba de un producto de primera necesidad. El Ministerio Público reclama seis años de cárcel para el único acusado, mientras que hay acusaciones que piden hasta ocho años de prisión.

El juicio tenía tres días de duración que han coincidido con las jornadas en las que jueces y fiscales han mantenido una huelga que ha tenido una alta incidencia en la provincia de Alicante. Esta causa, al no estar en prisión el acusado, no estaba cubierta por los servicios mínimos. Aunque, éste sí que llegó a pasar seis meses en prisión preventiva por estos hechos tras su detención, que se produjo antes de que comenzara el confinamiento.

Los hechos se remontan a marzo de 2020 cuando la crisis sanitaria empezaba a materializarse y numerosos organismos públicos andaban a la búsqueda de mascarillas para tratar de contener el avance del virus y proteger a sus trabajadores. Eran días en los que numerosos comisionistas trataban de hacer negocio con la venta del material sanitario que buscaba desesperadamente la Administración y que se volvió casi imposible de encontrar desde que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia por pandemia internacional el 11 de marzo de 2020.

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El acusado era el administrador de una empresa creada meses antes de la pandemia cuyo objeto social era la intermediación comercial en todo tipo de productos diversos. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, aprovechando la situación de la crisis sanitaria ofreció en el mercado mascarillas ffft2 de las que en ningún momento dispuso, ni nunca tuvo ocasión de adquirir. 

Contratistas de organismos públicos

Las empresas perjudicadas eran en su mayoría contratistas de organismos públicos a los que iba destinado este material. Las acusaciones relatan que el procesado les exigió el pago por adelantado de un producto que jamás recibirían. Concretamente, una de las empresas perjudicadas mantiene que este se valió de comisionistas para entrar en contacto con ellos y ofrecerle sus productos. Sostiene el fiscal que la actuación del acusado repercutió de manera negativa en el suministro de un producto esencial.

Una de las perjudicadas era un proveedor del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad Autónoma de Madrid. El acusado contactó con ellos desde febrero de 2020 cuando la existencia de riesgo de pandemia era conocido y aseguraba que estaba haciendo muchas negociaciones desde su empresa, sita en un polígono industrial de Alicante para poder cumplir con los pedidos, pero para ello necesitaba un pago anticipado.

La empresa firmó un acuerdo con el procesado para la adquisición de un millón de mascarillas y por las que llegó a abonar 462.000 euros. Otro perjudicado firmó un contrato para el suministro de 30.000 mascarillas por un precio de 32.400 euros, aunque recuperó 16.335. Otra de las denunciantes abonó 180.0000 euros por anticipado por 500.000 mascarillas. Este último perjudicado se presentó en Alicante en el lugar que le indicó el acusado para hacer la supuesta entrega, sin que ese lugar se correspondiese con el de mercantil alguna vinculada a éste, que ni se presentó a la cita, ni entregó mascarilla alguna. Fue ese el momento de arresto e ingreso en prisión. 

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También el procesado fue denunciado por el negocio de una partida de gel hidroalcohólico, 30.000 botellas por un importe de 120.000 euros. Este era otro de los productos más demandados durante los primeros días de la pandemia. Para este caso, el fiscal ha valorado el hecho de que para ese producto el acusado sí que hizo gestiones para su adquisición. Sin embargo, su proveedor dio otro destino al producto porque no se lo pudo entregar al procesado porque ya se encontraba en prisión. El dinero pagado por la empresa, 94089 euros, fue consignado en el juzgado.

Tras la suspensión de la vista oral, la Audiencia deberá buscar ahora una nueva fecha para un juicio de larga duración, varias acusaciones personadas y pocas posibilidades de acuerdo, ya que el procesado se declara inocente de estafa alguna. 

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