Cuatro años de cárcel por una estafa de un millón de euros en mascarillas desde Alicante durante la pandemia

Durante los primeros momentos de la pandemia por el covid y cuando el confinamiento era algo que pasaba en China, las administraciones sanitarias se lanzaron a la búsqueda de mascarillas para hacer frente a la emergencia sanitaria. En este panorama, el acusado contactó con distintas empresas proveedoras de organismos públicos ofreciéndoles un producto que en ese momento era de primera necesidad. Cobró cantidades cercanas a un millón de euros, pero el ansiado material nunca llegó a sus compradores. El acusado de esta estafa cometida desde Alicante ha aceptado una condena de cuatro años de prisión y se ha comprometido a un plan de pagos para no ir a prisión. El acuerdo se ha alcanzado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante, en los momentos previos a la vista. Dos horas de negociaciones entre las partes, que han evitado un juicio de tres días de duración. La sentencia ya es firme y contra ella no cabe recurso.

El acusado llegó a estar tres meses en prisión por estos hechos, entre marzo y junio de 2020, los meses en que la pandemia obligó al confinamiento forzoso de la población. Según el acuerdo alcanzado, no tendría que entrar en la cárcel, siempre y cuando cumpla el calendario de pagos pactado: 25.000 euros cada dos meses. Una oferta que ha hecho él mismo a las acusaciones. El procesado salió de prisión la semana pasada donde ha estado recluido por otras presuntas estafas cometidas a lo largo de ese tiempo. Las dudas están en torno a si podrá cumplir o no este programa, pero el acuerdo permite a las acusaciones que se desbloquee el medio millón de euros que tenía el acusado en sus cuentas bancarias en el momento de su detención. El dinero quedó inmovilizado por el juzgado a la espera del juicio. Con este acuerdo, se puede empezar a repartir entre los acreedores como indemnización. El procesado tendría que pagar el medio millón restante a lo largo de los próximos meses.

En la causa había personadas hasta tres acusaciones particulares, que ejercían contratistas afectados por esta estafa cometida desde Alicante. Una cuarta mercantil llegó a cobrar el dinero. Estas empresas eran contratistas de organismos públicos a los que iban destinadas las mascarillas. La Fiscalía considera que la actuación del acusado repercutió negativamente en el suministro de productos esenciales. Por este motivo, le acusaba de un delito de estafa agravada. Para ello, se ha valorado que el producto era de primera necesidad y por una cuantía que superaba claramente los 50.000 euros. La Fiscalía pedía seis años de cárcel y las acusaciones hasta ocho años. Tras el acuerdo, la pena se ha quedado en cuatro años al estimar una atenuante por dilaciones indebidas, al tratarse de unos hechos ocurridos hace cinco años. El juicio se tenía que haber celebrado a finales de junio, pero se suspendió a causa de la huelga de jueces que se convocó en aquellas fechas.

Pago por anticipado

El acusado era el administrador de una empresa creada meses antes de la pandemia, cuyo objeto social era la intermediación comercial en todo tipo de productos diversos. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, aprovechando la situación de la crisis sanitaria ofreció en el mercado mascarillas FFP2 de las que en ningún momento dispuso, ni nunca tuvo ocasión de adquirir. El acusado desplegó su actividad desde el Polígono de Las Atalayas de Alicante, donde aseguraba a los proveedores que estaba haciendo muchas operaciones y pedidos para traer el material en poco tiempo. Pero reclamaba el pago del dinero por anticipado. Cuando uno de los contratistas se presentó en Alicante, se encontró con que en la supuesta nave no había nada. Fue ese empresario quien puso la denuncia inicial y que está personado como acusación particular a través de la abogada Beatriz Tébar.

Las empresas perjudicadas eran en su mayoría contratistas de organismos públicos a los que iba destinado este material. Las acusaciones relatan que el procesado les exigió el pago por adelantado de un producto que jamás recibirían. Concretamente, una de las empresas perjudicadas mantiene que este se valió de comisionistas para entrar en contacto con ellos y ofrecerles sus productos. Sostiene el fiscal que la actuación del acusado repercutió de manera negativa en el suministro de un producto esencial.

Una de las perjudicadas era proveedora del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad Autónoma de Madrid. El acusado contactó con ellos desde febrero de 2020 cuando la existencia de riesgo de pandemia era conocido y aseguraba que estaba haciendo muchas negociaciones desde su empresa.

La empresa firmó un acuerdo con el procesado para la adquisición de un millón de mascarillas y por las que llegó a abonar 462.000 euros. Otro perjudicado firmó un contrato para el suministro de 30.000 mascarillas por un precio de 32.400 euros, aunque recuperó 16.335. Otra de las denunciantes abonó 180.000 euros por anticipado por 500.000 mascarillas. Este último perjudicado se presentó en Alicante en el lugar que le indicó el acusado para hacer la supuesta entrega, sin que ese lugar se correspondiese con el de mercantil alguna vinculada a éste, que ni se presentó a la cita, ni entregó mascarilla alguna. Fue ese el momento de arresto e ingreso en prisión.

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