La Audiencia de Alicante aplaza hasta octubre de 2028 el juicio al anterior alcalde de Orihuela por cobrar sin trabajar

El alcalde de Orihuela, el popular José Vegara, no es el único regidor de la población al que la Justicia le es esquiva, a tenor de los retrasos que acumulan los procesos penales en los que se encuentran inmersos otros anteriores ocupantes del sillón de la Alcaldía de esta localidad de la Vega Baja.

Si hace apenas unas semanas se aplazaba el juicio al actual primer edil, quien se enfrenta a una petición de siete años de prisión por dos delitos fiscales y uno de falsedad en relación a unos hechos que se remontan a hace dos décadas, la misma suerte ha corrido su antecesor, Emilio Bascuñana, también del PP.

Para la primavera del año que viene se había fijado la vista oral en la que el exalcalde tenía que responder de los cargos de malversación y prevaricación por los que la Fiscalía anticorrupción le reclama tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta. Además de otros cinco años y medio sin poder desempeñar cargo o empleo público que suponga el ejercicio de las funciones de prestación de servicios médicos en organismos dependientes de la Generalitat, donde trabaja en la actualidad como médico de Atención Primaria.

Personación de la Generalitat

En una causa en la que está personada la Conselleria de Sanidad, el Ministerio Público acusa al exregidor de los delitos continuados de prevaricación y malversación, ambos en concepto de cooperador necesario e inductor, por haber cobrado de Sanidad a lo largo de más de cuatro años sin que conste que desempeñara actividad alguna que justificara esas remuneraciones.

Anticorrupción sostiene que el exregidor, hoy retirado de la política después de que en abril de 2022 una moción de censura le desalojara de la Alcaldía y acabara el mandato como portavoz del PP, se habría embolsado indebidamente de las arcas públicas 141.031 euros entre noviembre de 2007 y diciembre de 2011 por un supuesto trabajo del que los investigadores no han encontrado rastro. 

Retrasos

Con el inicio del juicio señalado para el 4 de marzo de 2026, que se iba a prolongar durante cuatro sesiones y que quedaría visto para sentencia el 6 de mayo de ese año, la sección XI de la Audiencia Provincial con sede en Elche ha acordado ahora posponer el enjuiciamiento más de dos años, hasta octubre del 2028, cuando ya se habrán superado las dos décadas de los hechos que van a sentar a Bascuñana en el banquillo y carezca de sentido, en el supuesto de ser condenado, la pena de inhabilitación que se le reclama.

El fiscal delegado de anticorrupción en la provincia Pablo Romero apeló contra esta decisión argumentando que se trata de una causa «en la que se formula acusación por delitos relativos a la corrupción pública y económica en la que figura como acusado una persona que ha tenido importantes responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Orihuela entre los años 2015 y 2022, además de tratarse de una causa por hechos cometidos hace ya varios años habiendo transcurrido también años desde que la Fiscalía formuló la acusación».

"Desproporcionado"

El fiscal consideraba «desproporcionado», y así se lo hizo saber a la sala, que un juicio señalado para marzo de 2026 se acabe celebrando más de dos años después «debiendo tenerse en consideración la relevancia de los asuntos que se tratan en la causa y lo perjudicial que puede resultar para el enjuiciamiento su dilación en el tiempo, además, no cabe duda, para los derechos del propio acusado».

Por todo ello solicitaba la revocación de ese aplazamiento y que se diese a la causa «un curso preferente». Una petición a la un tribunal presidido por la magistrada Gracia Serrano, y en una resolución de la que ha sido ponente su compañera Cristina Eugenia Betrián, no ha accedido.

Se apoya para ello la sala en la «inexistencia de fechas anteriores (a octubre de dentro de dos años) dada la carga que soporta esta sección, no tratándose la causa (de Bascuñana) de un procedimiento preferente ni con mucha antigüedad, pues es del año 2024, sin perjuicio de que pudiera adelantarse la fecha si existieran disponibles con anterioridad a octubre de 2028». Contra esta decisión no cabe recurso.

Más cuentas pendientes

Pero no son los únicos regidores de esta localidad pendientes de saldar cuentas con la Justicia. Los también exalcaldes del PP José Manuel Medida y Mónica Lorente están a expensas de que un tribunal decida si actuaciones suyas cuando estaban al frente de la Alcaldía de Orihuela son merecedoras o no de castigo penal. Medina en un proceso y Lorente en dos.

También la Audiencia de Alicante con sede en Elche, aunque en esta ocasión la sección VII, tiene entre sus manos la resolución del primer proceso por corrupción del denominado caso Brugal, el de la contrata de la recogida de la basura y la limpieza viaria de Orihuela de los primeros años de este siglo.

Basuras y Plan Zonal

El proceso, con 34 encausados entre los que se encuentran Medina y Lorente, se saldó inicialmente con una absolución que el Supremo acabó anulando y obligando al tribunal que la dictó a volver a redactarla teniendo en cuenta escuchas telefónicas, registros y otras pruebas en las que se apoyaban las tesis acusatorias que fueron indebidamente anuladas en el juicio. Si se cumplen los plazos que adelantó el ponente, el magistrado José Teófilo Jiménez, el fallo podría estar a principios de año.

Pero en el caso de la exalcaldesa Lorente aún le queda por saber otra resolución, la que tiene que dictar el Supremo en la causa que se siguió por supuestas ilegalidades en la adjudicación del macro vertedero de la Vega Baja. Un proceso también por corrupción que nuevamente la Audiencia en Elche resolvió exonerando de toda responsabilidad penal a los trece acusados, entre los que se encontraba el expolítico popular José Joaquín Ripoll y los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, y que ahora está en manos del Alto Tribunal, ante el que recurrió Anticorrupción.

Suscríbete para seguir leyendo