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Los juristas valoran el papel de la audiencia previa en los procesos civiles

El Colegio de la Abogacía de Alicante organizó una jornada formativa con la magistrada Consuelo María Martínez Molina como ponente para explicar cómo esta fase puede agilizar los juicios civiles

A la derecha de la imagen, la magistrada Consuelo María Martínez Molina en un momento de la intervención en el Colegio de la Abogacía.

A la derecha de la imagen, la magistrada Consuelo María Martínez Molina en un momento de la intervención en el Colegio de la Abogacía. / INFORMACIÓN

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J. A. Martínez

J. A. Martínez

El Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha organizado una jornada formativa sobre la audiencia previa en los juicios civiles, con la magistrada Consuelo María Martínez Molina, del Juzgado de Primera Instancia dos de Alicante, como ponente. Fue presentada por Edmundo Cortés Font, presidente de la Sección de Abogados Especialistas en Derecho Civil (Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos). En la mesa también participaron Miguel Ángel Martínez Martínez, diputado segundo del ICALI, y Catalina Alcázar Soto, tesorera del Colegio.

Durante su intervención, la magistrada quiso centrarse en lo práctico, explicando cómo esta fase del juicio puede marcar la diferencia entre resolver un conflicto de manera rápida o llegar a un proceso largo. La audiencia previa sirve para aclarar cuáles son los hechos que realmente se disputan entre las partes y delimitar el alcance del juicio. Es un momento en el que el juez puede animar a los implicados a llegar a un acuerdo, evitando así el juicio completo.

Martínez Molina explicó que, en ocasiones, las discrepancias entre las partes son tan pequeñas que, al verlas concretadas en papel, pueden resolverlas por sí mismas. También señaló que, si es necesario, se puede suspender temporalmente el procedimiento para intentar un acuerdo antes de continuar. Incluso existe la posibilidad de una fase posterior dentro de la audiencia previa en la que se revisan los hechos controvertidos y se busca nuevamente un acuerdo, aunque esta opción se utiliza en la práctica con poca frecuencia.

La jueza subrayó que, pese a su importancia, la audiencia previa suele recibir menos atención de la que merece, cuando en realidad es un momento decisivo que puede ahorrar tiempo, costes y complicaciones a las partes. Su consejo para abogados y justiciables es aprovechar este trámite para intentar soluciones pactadas antes de que el juicio entre en su fase completa.

Cultura del acuerdo

La ley establece que, durante la audiencia previa, el juez tiene la obligación de intentar que las partes lleguen a un acuerdo, aunque no puede obligarlas a firmarlo. Esto significa que el magistrado debe exhortar y guiar a los implicados para explorar soluciones consensuadas, dejando claro qué puntos se disputan y cuáles podrían resolverse amistosamente. El objetivo es que, antes de entrar en el juicio completo, las partes tengan la oportunidad de resolver el conflicto de forma más rápida y sencilla, reduciendo tiempo, costes y tensión. Si no se alcanza un acuerdo, el juicio continúa con normalidad, pero la audiencia previa habrá ayudado a acotar el conflicto y a centrarlo en lo realmente controvertido.

La magistrada ha señalado que en el momento de fijar los hechos controvertidos del procedimiento, puede ser un momento esencial, ya que de ese relato dependerá que se pueda estimar o no una demanda.

Además de su función estrictamente procesal, la audiencia previa forma parte de un enfoque más amplio de la justicia civil orientado a resolver los conflictos de manera más rápida y eficiente. En esta fase, el juez no solo delimita los puntos que realmente se disputan, sino que también guía a las partes hacia posibles acuerdos, actuando casi como un mediador. Este mecanismo es especialmente útil en situaciones cotidianas, como disputas de alquiler o conflictos entre vecinos, donde las diferencias pueden ser mínimas y un acuerdo previo evita un juicio largo y costoso. Incluso cuando no se alcanza un consenso inmediato, la audiencia previa permite acotar el conflicto y, en algunos casos, revisar posteriormente los hechos controvertidos para explorar un acuerdo adicional, aunque esta opción se utiliza con menos frecuencia. En cualquier caso, aprovechar esta fase puede ahorrar tiempo, gastos y tensiones, beneficiando tanto a las partes como al sistema judicial en su conjunto.

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