Las denuncias por malos tratos crecen en Alicante pese a un descenso en el resto de la Comunidad

Mientras en el resto de la Comunidad Valenciana las denuncias por violencia de género registraron un descenso, la tendencia ha sido distinta en la provincia de Alicante con un aumento de casos, según reflejan los últimos datos del Observatorio de Violencia sobre la Mujer del Consejo General del Poder Judicial, relativos al tercer trimestre del año.

Entre julio y septiembre se contabilizaron en la provincia de Alicante 3.108 denuncias, frente a las 2.960 del tercer trimestre de 2024, lo que supone un incremento del 5 %. El número de víctimas también creció, al pasar de 2.759 a 2.921 mujeres, un 5,9 % más en términos interanuales. La escasa diferencia entre ambas cifras indica que el repunte responde principalmente a un mayor número de mujeres que han entrado en el sistema judicial, y no a la reiteración de denuncias por una misma víctima.

El volumen de procedimientos se traduce en una presión constante sobre los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer. Durante el trimestre analizado, los órganos judiciales de Alicante tramitaron una media de 34 denuncias al día, lo que equivale a casi 32 mujeres víctimas cada jornada.

Este comportamiento contrasta con el registrado en el resto de la Comunidad Valenciana, donde las denuncias descendieron un 4% hasta situarse en 7.302, y las víctimas bajaron ligeramente hasta 6.845, en un año en el que la estadística autonómica ha venido mostrando descensos o estabilización de los casos. Alicante concentró así más del 42% del total de denuncias y víctimas registradas en las tres provincias, situándose muy cerca de la provincia de Valencia.

Uno de los indicadores más sensibles vuelve a ser el de las mujeres que renuncian a declarar contra su agresor. En el tercer trimestre, 463 víctimas en la provincia de Alicante se acogieron a la dispensa del deber de declarar, lo que supone que casi una de cada seis mujeres decidió no testificar. Se trata de la cifra más elevada por provincias en la Comunidad Valenciana y un dato que el Observatorio considera especialmente preocupante por su impacto en el avance de los procedimientos judiciales.

En cuanto a las medidas de protección, los juzgados especializados de Alicante incoaron 539 órdenes de protección, en línea con el volumen de denuncias registrado. En el conjunto de la Comunidad Valenciana se adoptaron 1.213 órdenes, el 78,8 % de las solicitadas, un porcentaje que se mantiene en niveles elevados.

Durante el trimestre, los juzgados y tribunales valencianos dictaron 1.998 sentencias, de las que el 86 % fueron condenatorias, un indicador que el CGPJ asocia a la especialización de los órganos judiciales y a la mejora en la tramitación de este tipo de delitos.

Nuevas competencias

Este tercer trimestre es, además, el último en el que los juzgados de Violencia sobre la Mujer computan exclusivamente asuntos de malos tratos en el ámbito de la pareja o expareja. A partir de octubre, estos órganos han asumido nuevas competencias, como los delitos de violencia sexual, trata de seres humanos o mutilación genital femenina, incluso cuando no exista relación de pareja entre agresor y víctima. La próxima estadística trimestral del CGPJ empezará a reflejar el impacto de este cambio, que previsiblemente alterará el volumen y la tipología de los asuntos tramitados. Los juzgados de Violencia sobre la Mujer han venido alertando de que ese aumento de la carga de trabajo sin más medios puede suponer una merma en la atención a las víctimas. El Gobierno ha respondido creando dos nuevas plazas de magistrados para Alicante y Benidorm.

La presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, destaca el elevado número de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales. A su juicio, el hecho de que casi nueve de cada diez sentencias dictadas por los órganos judiciales contengan un fallo condenatorio evidencia el elevado nivel de eficacia alcanzado por la Administración de Justicia en una materia, como es la violencia de género, con una importante dificultad probatoria. Y ello se debe tanto al trabajo y esfuerzo que día a día realizan los integrantes de la Carrera Judicial, como al de todos los operadores que colaboran con ellos: fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, policías, psicólogos, forenses, trabajadores sociales, etc.

La presidenta del Observatorio recuerda que las condenas impuestas son siempre el resultado de un trabajo serio y profesional y absolutamente riguroso en la protección de los derechos no sólo de las víctimas, sino también de los que asisten al investigado, tal y como recogen la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido, ha recalcado que el elevado porcentaje de condenas revela que ha descendido el margen de impunidad para estos delitos.

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