«La Justicia afronta un cambio necesario pero sin los recursos suficientes»

Más de un año después de su nombramiento como presidente del Consejo General de la Abogacía Española y procedente del decanato de Málaga, Salvador González Martín, ha estado esta semana en las instalaciones del colegio de Alicante (ICALI) para participar en el homenaje a uno de sus decanos, el veterano Manuel Caballero. Una visita en la que también se produjo una reunión con los profesionales para informarles de algunos de los puntos que más preocupan al colectivo, entre ellos, la polémica con las pensiones o las incertidumbres que genera la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, que supondrá un cambio en el modo de funcionar de los tribunales.

Pregunta: Una de las grandes inquietudes es la implantación de la Ley de Eficiencia, especialmente en partidos judiciales grandes como Alicante. ¿Qué escenario prevén?

Respuesta: Existe mucha incertidumbre sobre cómo se va a producir esa implantación y sobre el impacto que va a tener tanto en los procedimientos como en los profesionales. Está convocada una sectorial de Justicia en la que el Ministerio ya ha ofrecido a las comunidades autónomas la posibilidad de aplazar brevemente la entrada en vigor de la ley, precisamente para tratar de ordenar mejor ese proceso.

P.: ¿Ven desde la Abogacía preparados a los juzgados para transformarse en los nuevos Tribunales de Instancia?

R.: Venimos avisando que no se estaba dotando de los recursos suficientes el cambio tan importante que se va a producir en los tribunales y juzgados de España. La gestión de un cambio de este calado debía concitado más consenso, mayor espacio para escuchar a todos los profesionales. Abogados, jueces, Letrados de la Administración de Justicia … haberlos escuchado y llevar a este cambio de una manera más ordenada.

P.: ¿Qué papel tendrá la Abogacía en este nuevo modelo?

R.: En este momento, en lo que corresponde a la Abogacía y a todos los profesionales es poner todo de su parte para que cualquier deficiencia, cualquier disfunción que se pueda producir en esta implantación se resuelva entre todos. Tomando datos, buscando soluciones y, sobre todo, aportando lo mejor de cada grupo profesional para que la transición sea un éxito y podamos dar el mejor servicio posible a los ciudadanos. La Ley era una muy esperada. Ha estado en cartera en los distintos gobiernos que hemos tenido, de todos los signos políticos y era necesaria. La gestión del cambio se podía haber hecho de otra manera. Abordemos el cambio con toda la intención y ganas de que sea un éxito y arregle todas las necesidades de la Justicia, que no son pocas. Esto también va a requerir de mayores recursos económicos y personales por parte de las administraciones.

«Hay asuntos en los que no tiene sentido la exigencia legal de intentar negociar un acuerdo previo»

P.: La obligación a las partes a negociar acuerdos antes de ir a la vía judicial es solo una piedra más en el camino para garantizar el acceso a la Justicia?

R.: El propio decano de Alicante ya nos ha dicho que desde el ICALI se han pedido más de 1.500 actos de conciliación, que están sirviendo para tener un alto porcentaje de acuerdos y solucionar conflictos. Son casos que no están llegando a los juzgados. Pero también para dar ese acceso a la vía judicial que hoy pide la ley. Es una oportunidad para solucionar conflictos en los despachos ante una Administración de Justicia que ya antes de la ley mantenía unos tiempos de respuesta demasiado largos. La Abogacía está aprovechando sin duda esta oportunidad, aunque hay aspectos que pueden mejorarse.

P.: ¿Cuáles son esos aspectos que deben mejorarse?

R.: Hay procedimientos y acciones que no tienen sentido que mantengan ese requisito de procedibilidad, la obligación de haber intentado una negociación previa entre lasa partes antes de ir a la vía judicial. Algunas se aplican de manera indebida. Que consigamos, como lo estamos haciendo, la publicación de los criterios interpretativos de la ley por parte de todas las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia , que se vayan homogeneizando los criterios para aportar certeza a los profesionales y a la ciudadanía, de cómo se cubren esos requisitos para acceder sin mayor perjuicio para el ciudadano. De una forma amplia, los juzgados y tribunales están aplicando la nueva ley en favor de aplicar el criterio más favorable para que el proceso siga su curso.

P.: También preocupa la cuestión de los honorarios a efectos de costas. ¿Qué está ocurriendo en este ámbito?

R.: La indefinición actual está generando un problema serio, porque puede suponer un recorte en el derecho a la tutela judicial efectiva. Hay compañeros que no pueden informar con la claridad y la certeza deseables sobre cuál es el riesgo en costas que asume un ciudadano cuando decide acudir a los tribunales. Esa falta de seguridad jurídica perjudica tanto a los profesionales como a los propios ciudadanos.

«La condena al fiscal general pone en valor la necesidad del secreto al negociar los letrados con el Ministerio Público»

P.: ¿Qué incidencia puede tener la sentencia que condena al fiscal general del Estado en las relaciones entre los operadores jurídicos?

R.: La sentencia pone en valor la necesidad del secreto de las negociaciones con Fiscalía de los abogados en todo caso, en todos los rincones del país, en todas las negociaciones y conversaciones que se mantengan para llegar a conformidades con la Fiscalía.

P.: ¿Considera que refuerza un protocolo ya existente?

R.: De hecho, queremos potenciar ese secreto y nos felicitamos porque la sentencia ya hace referencia al protocolo que la Abogacía española había firmado con la Fiscalía General del Estado y es un instrumento que tiene que ser válido para que se sigan llegando a conformidades en todo el país. Sin miedo a ningún tipo de interferencia en lo que durante tantísimos años ha sido un instrumento fundamental para el desarrollo de la Justicia Penal con todas las garantías. Y esto se viene produciendo en todo el territorio con absoluta normalidad. Hemos tenido un incidente que ha tenido una trascendencia mediática, social y política extraordinaria pero que no empece la bondad del sistema y el trabajo de fiscales y abogados en la consecución de conformidades cuando eso ha sido de interés de la Fiscalía y del ciudadano que tiene defensa.

«Hay abogados que están retrasando su jubilación porque les han quedado pensiones indignas»

P.: Preocupa entre los letrados la pasarela al sistema público de pensiones, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo?

R.: La pasarela se encuentra en su último trámite parlamentario. En estos momentos hay una ponencia en el Congreso y estamos esperando que se concite el acuerdo necesario en torno a un texto. Ese acuerdo no ha sido posible durante el parón navideño, pero confiamos en que pueda alcanzarse bien en una sesión extraordinaria en los primeros días de enero o, en su defecto, a lo largo del mes de febrero.

P.: ¿Cuál es el sentir de la Abogacía con el problema ?

R.: Esta situación es grave. Afecta a los abogados ya jubilados, a los que están pendientes de jubilarse frente a un sistema de pensiones financiado en gran parte por los presupuestos públicos, nos encontramos con un sistema que no tiene ninguna financiación pública, que funciona simplemente con las aportaciones y que llega a unas pensiones que en muchos casos son indignas. Es urgente que se permita el traspaso de la pasarela al sistema público de pensiones de los mutualistas y que se haga en las mejores condiciones posibles abarcando a todos los abogados y teniendo en cuenta todos los años de cotización que han tenido. Esto además con urgencia porque en los dos años de reivindicación intensa de la Abogacía han sido más de 5.000 los compañeros que han alcanzado la edad necesaria para su jubilación y en este año otros 2.000 alcanzarán la edad. Todos estos profesionales están esperando una respuesta del legislativo. n

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