Los nuevos tribunales de Instancia arrancan en Alicante sin cambios reales

La reforma que venía a modernizar la Justicia para adaptarla a las necesidades del siglo XXI, la nueva Ley de Eficiencia, se ha quedado, por ahora, en un mero cambio de nombre. Hace una semana que los nuevos tribunales de instancia culminaron su despliegue en las principales demarcaciones judiciales de la provincia, como Alicante y Elche, pero la reforma todavía no ha tenido efectos reales ni en la organización ni en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Se trataba de una de las reformas estrella del Ministerio de Justicia. De hecho, hay quien la llama "la ley Bolaños", en alusión al ministro. Sin embargo, la falta de planificación, tras haberse dado por hecho que habría una moratoria en la aplicación de la reforma, ha pillado a los nuevos tribunales sin preparación suficiente para su puesta en marcha. Aún quedan muchos flecos por cerrar para que el nuevo modelo pueda funcionar de manera efectiva.

Los antiguos juzgados han pasado a integrarse como plazas dentro de las secciones del Tribunal de Instancia de Alicante. Así, por citar un ejemplo, el antiguo Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante ha pasado a denominarse plaza número 1 de la Sección de Instrucción. Y ese es, de momento, el único cambio real de la reforma. El trabajo cotidiano se desarrolla exactamente igual que antes y, de hecho, en la cartelería de las sedes judiciales continúa figurando la denominación anterior.

“Les ha pillado el toro”. De esta forma tan gráfica describe la situación el responsable de Justicia del sindicato UGT en Alicante, Juan Pedro Pelegrín. “Hacía más de un año que se sabía que esta reforma tenía que entrar en vigor y no se ha empezado a hacer nada hasta última hora”, añade. Según explica, los secretarios coordinadores no se nombraron hasta el mes de diciembre y hasta entonces no se les encargó trabajar en la elaboración de los protocolos de actuación.

El hecho de que una parte del personal todavía se encuentre disfrutando de las vacaciones de Navidad ha suavizado el impacto y ha evitado el escenario de caos que inicialmente se temía. Sin embargo, todo apunta a que la situación no cambiará a corto plazo, posiblemente tampoco a lo largo del primer trimestre del año.

Cese de interinos

Los primeros problemas ya se han empezado a detectar a raíz del cese de una treintena de interinos durante estas fiestas con motivo de la llegada de los tribunales de instancia. Desde Justicia se explicó que los ceses obedecían a una reclasificación de puestos y que los afectados podrían recolocarse en las plazas que quedaran vacantes por funcionarios de carrera. No obstante, como consecuencia de esta situación, una de las plazas de la sección penal, el antiguo Juzgado de lo Penal número 3, se ha quedado con solo tres funcionarios tras el cese de cuatro de los siete que componían su plantilla. Más de la mitad.

Los coordinadores tampoco han tenido facilidades para reasignar personal de un destino a otro, una de las principales novedades que debía aportar esta ley, aunque en este caso concreto la incidencia se pudo solventar con soluciones de urgencia.

Otro foco de problemas se sitúa en la nueva plaza de la Sección de Violencia sobre la Mujer, correspondiente al que antes era el cuarto juzgado. Esta nueva plaza permite, sobre el papel, establecer un sistema de guardias entre cuatro jueces. El problema es que el personal aún no se ha incorporado. Varios funcionarios se ofrecieron voluntariamente para cubrir estas guardias de manera provisional, pero finalmente se han echado atrás al conocer las condiciones. En el Palacio de Justicia se estudia ahora cómo cubrir este servicio hasta que se complete la plantilla.

Problemas informáticos

A todos estos problemas se suma que el nuevo sistema de gestión procesal todavía no está adaptado a la nueva organización. El juez decano de Alicante, César Martínez, ha subrayado la importancia de esta herramienta: “Sin Justa no tenemos nada. Es imprescindible que se haga la adaptación cuanto antes” y recuerda que los jueces de Alicante ya alertaron de que no estaban preparados.

Justa es un sistema de gestión procesal muy polémico entre los funcionarios judiciales, que denuncian que es poco ágil y que obliga a invertir mucho tiempo en completar cada resolución por la gran cantidad de requisitos formales que exige. Estas críticas se acentúan especialmente en jurisdicciones como la penal, donde la rapidez en la tramitación resulta clave y donde se considera que la herramienta no se adapta a la urgencia de este tipo de procedimientos.

La reforma se ha ido implantando de manera escalonada a lo largo de todo el año en distintos territorios, con resultados similares a los que ahora se observan en Alicante. Hasta ahora se había ensayado en partidos judiciales pequeños o con menor carga de trabajo, lo que hacía temer su llegada a grandes partidos judiciales, como el de Alicante, donde el volumen de asuntos es muy elevado. A ello se suma la falta de espacio físico, ya que muchos juzgados están ubicados en locales fuera del edificio judicial principal, lo que hace inviable la creación de secciones comunes, uno de los pilares del nuevo modelo.

Sin moratoria

En diciembre se celebró una reunión entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas para valorar la posibilidad de una moratoria en la aplicación de los tribunales de instancia. En ese encuentro solo se contempló expresamente una moratoria para Asturias, aunque se dejó la puerta abierta a una aplicación flexible de la reforma en aquellos territorios con mayores dificultades. Esta circunstancia abre la puerta a que en partidos judiciales como el de Alicante la reforma se esté aplicando, de facto, con una moratoria encubierta, al mantenerse el funcionamiento anterior a la espera de contar con los medios necesarios.

Pese a todo, algunos juzgados especializados seguirán funcionando. Es el caso del juzgado de cláusulas suelo, que mantendrá su actividad en esta especialidad hasta diciembre de 2026 bajo la denominación de plaza número 5 de la Sección de Primera Instancia del Tribunal de Instancia de Alicante. Este órgano, con competencia provincial, se creó para tramitar de manera exclusiva y excluyente las demandas contra entidades bancarias por cláusulas abusivas en las hipotecas y es uno de los más saturados de la provincia.

Precisamente su modelo de funcionamiento, con la designación de jueces de refuerzo en función del volumen de asuntos, es uno de los referentes que ha inspirado el diseño de los tribunales de instancia, aunque en Alicante la falta de medios humanos, técnicos y materiales está impidiendo aplicarlo de forma efectiva.

La Conselleria de Justicia viene criticando que la nueva ley del Ministerio traslada a las comunidades autónomas el peso de las inversiones necesarias, en un contexto de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. En el caso de la Ciudad de la Justicia de Alicante, todavía en construcción, se han introducido ya los cambios necesarios para que el nuevo edificio esté adaptado al nuevo modelo cuando entre en funcionamiento. No obstante, en el ámbito judicial muchos sospechan que será ese, y no el actual, el momento en el que los tribunales de instancia empiecen a funcionar como tales.

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