Anticorrupción pide hasta once años de cárcel por un fraude millonario en el asilo de Aspe

La Audiencia Provincial de Alicante juzgará a partir de la próxima semana, más de veinte años después de que comenzaran las presuntas irregularidades, al expresidente del consejo rector de la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de las Nieves de Aspe Rafael A. S. y a quien fuera su tesorero Vicente Manuel M. B. La Fiscalía Anticorrupción solicita para ellos penas que suman once años de prisión para el primero y siete años para el segundo, como presuntos autores de dos delitos de administración desleal y, en el caso del presidente, también estafa.

Ambos están acusados de haber causado un quebranto económico de 1,8 millones de euros a la entidad entre los años 2006 y 2011, además de haberse apropiado presuntamente del dinero de varios internos del centro. El caso más grave afecta a una pareja de residentes judicialmente incapacitados por su avanzada edad, de la que los acusados se habrían apropiado de más de 600.000 euros.

El fiscal no ha encontrado indicios de que el secretario de la residencia, inicialmente investigado, actuara en connivencia con los dos acusados, por lo que ha solicitado el archivo de la causa para él.

La dilación del procedimiento ha provocado que la mayoría de los afectados, muchos de ellos octogenarios, hayan fallecido antes de que los hechos puedan ser juzgados, pero sus herederos sí que reclaman. Para la vista oral están citados hasta sesenta testigos. Por estos hechos, la residencia llegó a presentar concurso de acreedores y estuvo al borde del cierre.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso este diario, el tesorero del asilo trabajaba además como empleado a las órdenes del otro acusado. Una circunstancia que, a juicio del Ministerio Público, evidencia que ambos eran “perfectos conocedores” de las obligaciones legales en materia de contabilidad, gestión económica y financiera y relaciones laborales, al dedicarse profesionalmente a este tipo de tareas.

La Fiscalía sostiene que entre 2006 y 2011 los dos acusados llegaron a disponer de grandes cantidades de dinero en efectivo pertenecientes a la residencia, sin que su destino fuera atender las necesidades del asilo, sino que lo incorporaron a su patrimonio personal. En este sentido, el Ministerio Público subraya que entre 2006 y 2008 no se llevó a cabo contabilidad alguna, y que entre 2009 y 2011 las cuentas elaboradas no reflejaban la imagen real de la situación financiera de la entidad.

El fiscal considera que los acusados falsearon las cuentas para ofrecer una apariencia de normalidad que ocultaba la verdadera situación patrimonial del centro, una dinámica que acabó desembocando en la grave situación de insolvencia. Tras la dimisión del consejo cuando salió a la luz la situación económica, el nuevo órgano de gobierno instó un procedimiento concursal.

El Ministerio Público añade que la ausencia de contabilidad y la omisión de las convocatorias de las reuniones de la junta directiva propiciaron que el presidente del consejo ejerciera un "control absoluto" sobre todas las facetas que afectaban a los intereses de la asociación y, por extensión, de la residencia. Según el fiscal, en lo relativo a las importantes cantidades de dinero en efectivo que se extraían de la caja de la asociación para supuestamente realizar pagos a proveedores y trabajadores del asilo, no consta que se recabaran previamente las firmas necesarias.

La acusación sostiene que ambos actuaron con el propósito de enriquecerse injustamente, disponiendo de ese dinero a su antojo, sin someterse a ningún tipo de control y haciendo suyas esas cantidades, que fingían destinar, entre otros conceptos, a complementos salariales de los empleados del asilo.

Sin contabilidad

Una de las principales pruebas en la causa es el informe pericial sobre la contabilidad, elaborado por un perito del Colegio de Economistas de Alicante, a requerimiento del juzgado. En dicho informe se concluye que entre 2007 y 2008 no existían ni libros mayores ni documentación anexa que permitiera una ordenación lógica de la contabilidad. Únicamente constaban facturas ordenadas por fecha de emisión y, en la mayoría de los casos, sin los correspondientes albaranes que acreditaran la efectiva prestación de los servicios.

En 2009, cuando ya aparecen libros contables, el perito detectó que en el apartado de inmovilizado figuraban inversiones inmobiliarias correspondientes a ejercicios anteriores por un importe total de 7.038.319 euros, de los que 3.743.780 euros se atribuían a obra nueva, sin que existiera documentación alguna de los años 2006, 2007 y 2008 que acreditara esas inversiones, como certificados de fin de obra o facturas. Tan solo constaba un documento de reconocimiento de deuda, suscrito por uno de los acusados con el representante de la supuesta empresa ejecutora de las obras, por importe de 413.150 euros.

Esa falta de documentación, según el informe pericial, ha impedido verificar la certeza y veracidad de la contabilidad. Del análisis realizado también se desprende que los gastos en los que incurría la asociación, en contraste con las subvenciones que recibía y que era el único ingreso del que existían datos fehacientes, arrojaban pérdidas excesivas.

El informe señala asimismo que entre 2009 y 2011 sí existía documentación contable, si bien el fiscal precisa que fue redactada ex profeso por los acusados antes de dimitir de sus cargos en enero de 2012, cuando la asociación se encontraba ya en una situación de quiebra y conscientes de que la nueva directiva les exigiría cuentas sobre el resultado de su gestión.

Estafas a los internos

Las irregularidades, según la acusación pública, no se limitaron a lo que califica como “actos predatorios” sobre el patrimonio de la residencia. El fiscal relata que el expresidente del consejo, prevaliéndose de la relación de confianza derivada de su cargo y del trato cercano y familiar que mantenía con varios residentes, personas de edad muy avanzada, logró que algunos de ellos le permitieran gestionar parte de sus patrimonios personales.

Aprovechando esa situación, el acusado habría hecho suyas importantes cantidades de dinero, sin destinarlas a fines propios del centro. En uno de los casos más graves, la Fiscalía sostiene que llegó a disponer de hasta 600.000 euros. En otras ocasiones, siempre según el escrito de acusación, pedía dinero a los residentes fingiendo que se destinaría a necesidades del asilo, cuando en realidad su intención era apropiarse de esas cantidades.

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