El juicio por el desfalco del geriátrico de Aspe destapa pagos en negro y falta de contabilidad

Sin contabilidad y con trabajadores cobrando en negro. Este es el panorama de la residencia de Ancianos Nuestra Señora de las Nieves de Aspe descrito por los acusados del agujero contable que puso a la entidad al borde del cierre. Ambos, expresidente del consejo rector y su extesorero, señalaron que el centro nunca fue rentable y que era un “pozo sin fondo” que mantenía en jaque permanente a sus gestores. Ambos procesados negaron este lunes, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante, haberse apropiado de dinero alguno ni de la entidad ni de sus internos, y atribuyeron el colapso económico a las costosas obras de reforma, el elevado gasto en personal y una gestión marcada por la falta crónica de recursos.

Las versiones de los acusados chocan frontalmente con el informe pericial del Colegio de Economistas, que detectó graves irregularidades contables, una ausencia casi total de documentación justificativa y movimientos de grandes cantidades de efectivo sin control, así como con la tesis de la Fiscalía, que sostiene que ambos se apropiaron de al menos 1,8 millones de euros entre 2006 y 2011, tanto de la residencia como de varios internos, muchos de ellos en situación de especial vulnerabilidad.

Ambos acusados, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita once y siete años de prisión, respectivamente, por delitos de administración desleal y estafa, coincidieron en describir la residencia como “un pozo sin fondo” y en admitir prácticas irregulares como el pago en efectivo y en negro a trabajadores, la inexistencia de una contabilidad ordenada y el uso de cuentas bancarias de algunos residentes para eludir embargos.

El expresidente negó haberse quedado con dinero alguno y sostuvo que los principales problemas económicos derivaron de las obras de ampliación y reforma del edificio, un inmueble que databa de 1910. Según explicó, los trabajos se desarrollaron entre los años 2000 y 2005 y se inauguraron en 2006, con un coste aproximado de 3,7 millones de euros, que se fue abonando progresivamente. En 2008 o 2009, afirmó, se firmó un reconocimiento de deuda de 413.000 euros con la constructora por las cantidades que habían quedado pendientes. Salvo ese reconocimiento de deuda, los nuevos gestores no encontraron certificaciones por esos trabajos.

El acusado aseguró no conservar documentación de las obras porque todos esos papeles “se quedaron en la residencia”, tras ser cesado al detectarse las irregularidades. También puso en duda la contabilidad aportada posteriormente por los nuevos gestores en el concurso de acreedores. “No es lo que les dimos nosotros. La residencia jamás ha tenido un remanente de tres millones de euros”, declaró para cuestionar las conclusiones de esa documentación. El concurso se presentó en 2012 y, según explicaron, para poder tramitarlo era necesario aportar la contabilidad de los tres últimos años, lo que obligó a confeccionar dichos libros.

El dinero de las obras y los pagos de complementos salariales habrían sido las vías, según las acusaciones, mediante las que se habrían desviado fondos de la residencia. Sobre estos complementos salariales, ambos coincidieron en manifestar que no era el término contable correcto y era una manera de encubrir los pagos a trabajadores sin contrato, así como otros conceptos como el trabajar los domingos o los horarios nocturnos.

En su comparecencia, el expresidente admitió que solo se convocaron dos asambleas durante los años investigados y que no existía una contabilidad formal, limitándose a entregar periódicamente la documentación exigida por la Conselleria para justificar las subvenciones. Estos hechos para la Fiscalía determinan que los acusados ejercían un control absoluto sobre las cuentas del geriátrico. También reconoció que los salarios no se pagaban al día y que era práctica habitual abonar parte de las nóminas en efectivo y en b.

Transferencias sospechosas

Sobre los movimientos de dinero detectados por la investigación, justificó una transferencia de 25.000 euros desde las cuentas de la residencia a las suyas como una maniobra para evitar un embargo de la Seguridad Social, asegurando que la cantidad fue posteriormente reintegrada. Asimismo, admitió que se utilizaron cuentas de residentes para desviar fondos de la residencia y sortear embargos, con el fin de garantizar liquidez para afrontar los gastos del día a día. En algunos casos se llegaron a mover hasta 150.000 euros, aunque insistió en que ese dinero no fue apropiado.

Además del desvío de los fondos de la residencia, la investigación detectó también el acceso a las cuentas de algunos residentes y para las que habrían conseguido estar autorizados. En relación con el caso más grave, el de una pareja incapacitada judicialmente de la que la Fiscalía sostiene que se apropiaron de más de 600.000 euros, el acusado afirmó que fue voluntad expresa de la mujer donar su patrimonio a la residencia, tras un conflicto familiar, con el objetivo de poner sus bienes fuera del alcance de otros familiares y garantizar su permanencia en el centro junto a su marido y sus hijos. Sobre otra residente que entregó 300.000 euros, señaló que inicialmente se trataba de una donación. “Lo entregó en una caja de zapatos”, explicó, aunque posteriormente la mujer rectificó y lo calificó como un préstamo.

Por su parte, el extesorero sostuvo que, pese a figurar formalmente en el cargo desde 1995, nunca ejerció funciones reales de control y que su papel se limitaba a recoger ingresos y efectuar pagos. “Yo era un mero cajero”, afirmó, atribuyendo toda la gestión al entonces presidente. Reconoció igualmente pagos en negro a trabajadores sin contrato, retrasos de hasta tres meses en las nóminas y la inexistencia de libros contables hasta 2012, cuando se elaboraron para poder presentar el concurso de acreedores.

Ambos coincidieron en negar cualquier enriquecimiento personal. “No me he llevado ni un centimico, al contrario, esto me ha costado dinero”, declaró el extesorero, mientras que el expresidente afirmó que el proceso judicial les ha supuesto un “escarnio” que les ha arruinado moralmente la vida, una persecución que vino derivada desde el momento en que las monjas de la orden de las Carmelitas que gestionaban el centro se marcharon de allí en 2005. Ambos sostienen que la apurada situación económica era de sobra conocida y que el Ayuntamiento "se limitaba a nombrar cabezas de turco y los metían en el lío"

El juicio, que se celebra más de veinte años después del inicio de las presuntas irregularidades, cuenta con hasta sesenta testigos citados. La dilación del procedimiento ha provocado que la mayoría de los afectados, muchos de ellos octogenarios, hayan fallecido antes de que los hechos puedan ser juzgados.

Suscríbete para seguir leyendo