Sin dinero para el entierro de una de las víctimas del presunto desfalco en el geriátrico de Aspe

El juicio por el presunto desfalco en la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de las Nieves de Aspe sumó este martes nuevos testimonios de enorme impacto humano, especialmente el de una integrante de la nueva directiva que asumió la gestión tras el cese de los acusados. La testigo relató que, tras la muerte de una de las mujeres de la que la Fiscalía sostiene que los procesados se apropiaron de más de 600.000 euros, la residencia no disponía de dinero suficiente ni siquiera para afrontar los gastos del entierro.

Se trata de un matrimonio octogenario, ella fallecida en 2012 con 82 años y su marido, a los 86. Ambos tenían tres hijos con discapacidad, incapacitados judicialmente, y el objetivo de la familia era poder ingresar todos juntos en la residencia para garantizar su cuidado. Según explicó la testigo, primero entró el matrimonio y posteriormente lo hicieron también los tres hijos.

La acusación sostiene que pese a que los acusados dicen que la mujer donó voluntariamente los más de 600.000 euros a la residencia, el matrimonio siguió pagando mensualmente la estancia. La propia mujer confesó a esta testigo que era consciente de que el presidente del consejo rector la estaba engañando, pero que seguía entregando dinero por miedo a que expulsaran del centro a sus hijos. Desde la defensa se preguntó a otros trabajadores si en algún momento esta mujer les había dicho algo de que la estaban engañando y estos sostuvieron que no.

“Pagaba porque tenía miedo de que echaran a sus hijos”, declaró la testigo, quien añadió que el estado económico del geriátrico era tan precario que, tras el fallecimiento de la mujer, no había fondos suficientes ni para cubrir los gastos básicos del sepelio.

Empleados

Estos testimonios se suman a las declaraciones prestadas por una veintena de trabajadores del centro, que coincidieron en afirmar que trabajaron durante años sin contrato y cobrando en efectivo, al menos hasta 2008. Muchos de ellos señalaron que percibían parte o la totalidad de sus salarios “en negro”, una práctica que, según relataron, era habitual en la residencia. Sobre los supuestos complementos salariales que, según los acusados, componían buena parte de las partidas bajo sospecha, ninguno de estos trabajadores dijo haberlos percibido. "Era el dinero de la nómina", coincidieron.

Las versiones de empleados y de la nueva directiva contrastan con la de los dos principales acusados, el expresidente del consejo rector y su tesorero, que el lunes negaron haberse apropiado de dinero alguno y atribuyeron el colapso económico del centro a las costosas obras de reforma, el elevado gasto en personal y la falta crónica de recursos. Ambos reconocieron, no obstante, la inexistencia de una contabilidad ordenada, los pagos en efectivo a trabajadores y el uso de cuentas bancarias de algunos residentes para eludir embargos.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que entre 2006 y 2011 los acusados se apropiaron de al menos 1,8 millones de euros, tanto de los fondos de la residencia como del patrimonio personal de varios internos, muchos de ellos en situación de especial vulnerabilidad. Por estos hechos reclama once años de prisión para el expresidente y siete para el tesorero, como autores de delitos de administración desleal y estafa.

El caso más grave es el relativo a este matrimonio, del que, según la acusación, se apropiaron de más de 600.000 euros, correspondientes a los ahorros de toda una vida. La defensa sostiene que se trató de una donación voluntaria. El juicio, que se celebra más de veinte años después del inicio de las presuntas irregularidades, continúa esta semana en la Audiencia Provincial de Alicante con la comparecencia de más testigos y peritos. La dilación del procedimiento ha provocado que la mayoría de los afectados, muchos de ellos octogenarios, hayan fallecido antes de que los hechos puedan ser juzgados.

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