La Policía detectó transferencias en efectivo de tres millones en el geríátrico de Aspe

Disposiciones por más de tres millones de euros en efectivo durante diez años, sin contabilidad ordenada y con pagos en dinero negro a sus trabajadores: este es el panorama que han dibujado los peritos que declararon este jueves en el juicio por el presunto desfalco en la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de las Nieves de Aspe, que se celebra en la Audiencia Provincial de Alicante. En el banquillo se sientan el expresidente y el extesorero de la entidad. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que entre 2006 y 2011 ambos se apropiaron de al menos 1,8 millones de euros, tanto de los fondos de la residencia como del patrimonio de varios internos, muchos en situación de especial vulnerabilidad. Por estos hechos reclama once años de prisión para el expresidente y siete para el tesorero por delitos de administración desleal y estafa.

El análisis de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional reveló disposiciones en efectivo por un total de tres millones de euros durante una década, vinculadas a las cuentas del presidente, su mujer y del tesorero. Parte de esos fondos se transfirieron desde las cuentas de la residencia a cuentas vinculadas a los acusados: 120.000 euros al presidente, 184.000 a su mujer y 400.000 al tesorero. También se detectaron ingresos de 40.000 euros de la residencia a una interna controlada por el presidente, así como otra transferencia a la empresa que ejecutó las obras de reforma y ampliación del geriátrico. Según los acusados, estos movimientos se utilizaron para cubrir gastos diarios del centro, incluidos pagos a proveedores y salarios de empleados, muchos de los cuales no estaban dados de alta. Al tratarse de efectivo, su rastreo completo resultó imposible.

Desde la defensa del tesorero se presentó un informe pericial propio para rebatir las conclusiones de la UDEF. La perito señaló que varias partidas estaban repetidas, que sus ingresos procedían de nómina o de un crédito, y que existía una transferencia imputada erróneamente a su nombre. La defensa del expresidente cuestionó que no se hubiera investigado en qué se utilizó todo el dinero.

Uno de los peritos contables que declaró este jueves, autor del informe del Colegio de Economistas de Alicante, ratificó que entre 2007 y 2008 no existían libros contables ni documentación ordenada, solo facturas sin albaranes que acreditaran la prestación de servicios. Una situación que contrasta con el hecho de que los acusados contaban con una asesoría que tenía entre sus clientes a la residencia. A partir de 2009 comenzó a existir contabilidad, aunque los peritos precisaron que se trata de documentación elaborada ex profeso en 2012 para presentar el concurso de acreedores ante el colapso económico de la entidad. El informe indica que, entre 2009 y 2011, los gastos superaban con creces las subvenciones recibidas, único ingreso fehacientemente acreditado junto a donaciones y préstamos de algunos vecinos, y que la falta de documentación impidió verificar la veracidad de la contabilidad. Alguno de los testigos se ha referido directamente a las cuentas como "un desastre".

Peritos contables y administrador concursal coincidieron en que la ausencia de una contabilidad ordenada y legalizada complicó la gestión de la residencia y dificultó la protección de los intereses de los acreedores. Según el informe del Colegio de Economistas, la documentación entre 2007 y 2008 era inexistente o incompleta, y la elaborada entre 2009 y 2011 fue redactada a posteriori antes de que los acusados dejaran la gestión. El administrador concursal destacó que esta carencia agravó el problema de liquidez del centro, que estaba asumiendo internos cuyos pagos no eran suficientes para cubrir los gastos, con precios por debajo del mercado. Los acusados explicaron en el juicio que aplicaban un principio de solidaridad, mediante el cual los internos con más capacidad cubrían los gastos de los menos favorecidos.

Sin contabilidad

Uno de los casos más graves en la presunta apropiación de fondos de internos involucra a una familia que transfirió hasta 600.000 euros al presidente de la entidad. Según él, se trataba de una donación, aunque un perito señaló que esos ingresos deberían haberse registrado como un anticipo para cubrir los gastos de estancia del matrimonio y sus tres hijos, incapacitados judicialmente e internos en la residencia. El fiscal precisó que, además de estas transferencias, se continuó cobrando la estancia mensual a la familia.

El administrador concursal del procedimiento abierto en 2012 explicó que su principal objetivo fue salvaguardar los intereses de los acreedores (Hacienda, Seguridad Social, bancos y vecinos que presentaron dinero) y evitar el cierre del centro para no dejar a los internos en situación de vulnerabilidad. Señaló la falta de documentación sobre el coste de las obras de reforma y la necesidad de contratar personal externo tras la marcha de las monjas que gestionaban la residencia. Finalmente, gracias al concurso de acreedores se logró una quita del 30 % de la deuda y se garantizó la viabilidad del centro.

En la misma línea, el abogado del concurso destacó que la inexistencia de contabilidad legalizada dificultaba la toma de decisiones y la protección de los intereses de los acreedores. Aunque el objetivo del centro no era la rentabilidad, sí era necesario asegurar su funcionamiento. “De hecho, cuando las cosas se han hecho bien, la residencia se ha hecho rentable”, subrayó. Por su parte, el perito contable insistió en que la falta de contabilidad contribuyó a la quiebra del geriátrico, aunque no necesariamente fue la única causa.

El juicio entra este viernes en su recta final, con la lectura de los informes de conclusiones finales de las partes y la lectura de las declaraciones que prestaron en su día aquellos afectados que ya han fallecido.

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