El fiscal concluye que los acusados del desfalco en el geriátrico de Aspe buscaban el control absoluto

El juicio por el presunto desfalco en la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de las Nieves de Aspe ha quedado este viernes visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Alicante, tras la lectura de los informes finales de las partes. La Fiscalía y la acusación particular han mantenido la petición de trece y siete años de prisión para el expresidente y el extesorero de la entidad, respectivamente, mientras que las defensas han reclamado la libre absolución. Los dos acusados han declinado ejercer su derecho a la última palabra.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su acusación por los delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa por las presuntas irregularidades cometidas entre 2006 y 2012, valorando el perjuicio superior a los 1,8 millones de euros. En su informe final, el fiscal ha subrayado que en la residencia “se hacía y se deshacía lo que decía el presidente”, a quien atribuyó el control absoluto de la gestión. En el caso del tesorero, sostuvo que fue corresponsable de los delitos de administración desleal y apropiación indebida, al existir una confluencia de intereses, pese a su relación laboral de subordinación en la asesoría en la que ambos trabajaban.

El Ministerio Público señaló que el falseamiento de la contabilidad permitió la comisión de los delitos durante años, y rechazó la versión de los acusados, que sostienen que fueron víctimas de una gestión caótica heredada. “Durante cinco años fueron ellos quienes dirigieron la residencia”, recalcó, recordando que bajo la gestión de las monjas carmelitas el centro no solo era viable, sino que incluso generaba remanentes que se destinaban a actividades para los internos. “El expresidente quiso deshacerse de las monjas porque quería el control completo”, afirmó. Una de las principales causas del agujero económico, según el fiscal, fueron las obras de ampliación y rehabilitación del centro, ejecutadas entre 2000 y 2006. Aunque reconoció que la obra se realizó y que era necesaria, destacó la ausencia absoluta de facturas o documentación justificativa de su coste, que superó los tres millones de euros. Solo consta un reconocimiento de deuda firmado en 2008 por 413.000 euros y una transferencia de 120.000 euros a la empresa constructora.

El fiscal también incidió en la omisión total del deber de llevar contabilidad entre 2006 y 2008, lo que a su juicio equivale a falsearla, al no existir ningún control sobre la marcha económica del centro. Añadió que en el concurso de acreedores “primó lo humano sobre lo contable”, ya que una aplicación estricta de la normativa mercantil habría abocado al cierre y dejado a los ancianos en la calle.

Respecto al delito de apropiación indebida, subrayó la existencia de numerosas disposiciones de dinero en efectivo, imposibles de rastrear por la Policía, cuyo destino no ha sido justificado. En el caso de la estafa, destacó las transferencias realizadas por algunos residentes, entre ellos una familia que llegó a aportar más de 600.000 euros, y sostuvo que el expresidente se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de los internos y de su posición de superioridad para obtener ese dinero.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Aspe, se alineó con la Fiscalía y recalcó que los acusados no eran inexpertos en estas materias, ya que dirigían una asesoría. A su juicio, el caos contable sirvió para facilitar el desvío de fondos, se aprobó una “obra faraónica” sin pasar por la junta y la situación llegó a ser tan dramática que en los meses previos al concurso no había dinero ni para alimentar a los ancianos. También señaló que muchos residentes no denunciaron por miedo a ser expulsados del centro.

Prueba diabólica

En su turno, la defensa del expresidente calificó el procedimiento como una “prueba diabólica”, al tener que defenderse sin documentación. El letrado denunció que la contabilidad aportada y en la que se basan las acusaciones fue manipulada y que solo se han incorporado seis archivadores, cuando inicialmente se hablaba de cientos de cajas con documentos. Afirmó que los albaranes de la obra se entregaron a los nuevos gestores y sostuvo que se han retenido pruebas relevantes.

El letrado defendió que los pagos a trabajadores no eran complementos salariales, sino retribuciones en negro por domingos, festivos y sustituciones, ante la imposibilidad de pagar la Seguridad Social, que mantenía embargos continuos. También justificó el uso de cuentas de residentes para sortear esos embargos y negó cualquier ánimo de lucro. Sobre los 600.000 euros transferidos por una interna, insistió en que se trató de una donación para proteger el dinero frente a otros familiares. Reclamó la absolución y, subsidiariamente, la aplicación de la atenuante por dilaciones indebidas.

Por su parte, la defensa del tesorero negó su participación real en la gestión y sostuvo que su cliente accedió a figurar formalmente como tal a petición del presidente, su jefe en la asesoría, sin asumir funciones efectivas ni capacidad decisoria. “No lo conocía nadie en la residencia, no manejó dinero y no ordenó transferencias”, afirmó. Recordó que el secretario de la asociación fue exonerado durante la instrucción y consideró que debería aplicarse el mismo criterio. Reprochó la falta de pruebas directas contra su defendido, cuestionó la credibilidad del informe de la UDEF y sostuvo que la imputación es “vaga e imprecisa”. También solicitó la absolución y, de forma subsidiaria, la atenuante por dilaciones indebidas.

Suscríbete para seguir leyendo