Una causa por fraude fiscal de hace más de veinte años en Alicante encalla en los juzgados

Casi veinte años después de los hechos, la Justicia sigue sin poder celebrar el juicio por un presunto fraude fiscal de casi cuatro millones de euros cometido en Alicante entre 2006 y 2008. La vista, señalada para este viernes en un juzgado de lo Penal, ha sido suspendida ante el riesgo de futuras nulidades procesales, después de que las defensas cuestionaran la viabilidad de que uno de los acusados, enfermo de cáncer, pudiera afrontar el juicio en las condiciones planteadas. En el banquillo se sientan los miembros de un presunto entramado liderado por un abogado (Francisco Z. G. R.) y su socio, compuesto por empresas fantasma que simulaban negocios inmobiliarios y con los que se habrían defraudado esas cantidades en concepto del IVA y el Impuesto de Sociedades. El entramado estaba formado once sociedades, de las cuales la única que tendría actividad, según las acusaciones, era Inversiones Progarza.

El procedimiento, en el que figuran diez acusados, debía arrancar este viernes tras una larga y accidentada tramitación judicial. La investigación se inició en 2010 por la Agencia Tributaria y fue concluida por un juzgado de Instrucción en 2015. Aunque la causa no llegó al juzgado de lo Penal hasta 2019, debido a que los plazos para que se presentaran los escritos de acusación y de las defensas se eternizaron, ante el alto número de implicados.

Desde entonces, a pesar de que el juzgado no tenía una agenda muy complicada, ya que entonces era de reciente creación, el señalamiento del juicio se ha visto frustrado en varias ocasiones por distintos motivos. El primero de ellos, las restricciones derivadas de la pandemia; pero después las dificultades para coordinar las agendas de las partes, dada la complejidad del procedimiento. El salón de actos del edificio judicial de Pardo Gimeno ha sido el escenario elegido para celebrar la vista oral, ante las reducidas dimensiones de las salas de vistas en el Palacio de Justicia.

La sesión prevista para este viernes estaba llamada a poner fin a años de aplazamientos y suspensiones y poner en marcha un macrojuicio con más de una semana de duración prevista. Desde el propio juzgado existía la voluntad expresa de sacar adelante la vista a toda costa, conscientes del tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos. Sin embargo, el estado de salud de uno de los acusados, paciente oncológico, acabó convirtiéndose en un nuevo obstáculo.

Advertencias de nulidad

Ante la grave enfermedad que padece este acusado, el juzgado había ordenado previamente un reconocimiento forense para determinar si se encontraba en condiciones de afrontar o no el juicio. Los médicos concluyeron que, aunque su situación era delicada, sí podía hacerlo, si bien advirtieron de las dificultades que presentaba tanto su presencia física en la sala como el desplazamiento hasta el juzgado. En su informe, los forenses no apreciaron inconvenientes en que el acusado siguiera el desarrollo del juicio de manera telemática, por videoconferencia, y en una posición semiacostada.

Esa era la fórmula prevista para el inicio de la vista. No obstante, durante la sesión previa, varias defensas manifestaron su rechazo frontal a esta posibilidad, al considerar que no garantizaba el pleno ejercicio del derecho de defensa y que podía vulnerar las garantías procesales del acusado. Los letrados advirtieron del riesgo de que el juicio pudiera acabar siendo declarado nulo si se celebraba en esas condiciones.

Ante este escenario, y para evitar futuras impugnaciones que obligaran a repetir el procedimiento, la magistrada optó finalmente por suspender el juicio. En su resolución, acordó además ordenar un nuevo examen forense con el fin de determinar si el estado de salud del acusado es irreversible y valorar así las opciones procesales a seguir. No era la única dificultad, ya que también estaba enfermo uno de los abogados, que ha comparecido también por videoconferencia. Lo suyo era una circunstancia temporal, puesto que la semana que viene esperaba estar restablecido.

No todas las defensas estaban por la suspensión. Algunos abogados planteaban que sus clientes llevaban quince años con su patrimonio embargado por la Justicia y lo que querían es que el juicio se celebre ya porque son inocentes.

La suspensión supone un nuevo retraso para una causa especialmente dilatada en el tiempo. Los hechos investigados se remontan a un periodo comprendido entre 2006 y 2008, lo que sitúa el procedimiento al borde de las dos décadas desde su origen. A la espera del nuevo informe forense, el juzgado no ha fijado una nueva fecha para la vista. Las partes quedan pendientes de que se determine si este acusado puede o no afrontar el juicio y en qué condiciones, una decisión clave para desbloquear definitivamente un procedimiento que, casi veinte años después de los hechos, continúa sin resolverse. El procesado enfermo es administrador de algunas de las sociedades que según la Fiscalía y la Abogacía del Estado formaban parte del entramado.

Para esta actividad, el grupo se servía de sociedades falsas en las que ponían testaferros como socios o administradores, y al poco tiempo transmitían los inmuebles (entre los que figuran pisos en el centro de Alicante y una antigua discoteca after hour) a otras sociedades controladas por las mismas personas o por familiares como padres o esposas, todo ello formalizándose en escritura pública. El nuevo adquiriente se subrogaba en la hipoteca existente sin que la entidad de crédito otorgara su consentimiento, según el auto judicial, que añade que el precio pagado se realizaba mediante pagarés que no eran presentados al cobro en la entidad que fueron librados, por lo que la sociedad que adquiría se deducía el IVA falsamente soportado que luego sí se reclamaba al erario público.

Penas

La Fiscalía reclama penas que suman 19 años de prisión para el presunto cabecilla de la trama, Francisco Z. G. M., por cinco delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Cuando se abrió juicio oral, el juez fijó para él una fianza en su día de 18 millones de euros. Para el resto de los acusados se reclaman penas que oscilan entre los cinco y los 17 años de prisión. Para ellos y sus sociedades, se fijaron fianzas que sumaban 139,3 millones de euros. Aunque la causa arrastra ya tantos retrasos que con probabilidad se tendría que aplicar una atenuante por dilaciones indebidas. Algunas defensas ya planean pedir que los hechos están prescritos para sus clientes.

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