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Siete procesados por una red que introdujo 73 toneladas de cocaína a través de empresas de El Campello y Madrid

Entre los encausados figura el matrimonio de la mercantil alicantina y el presunto cabecilla, que era ayudado por el exjefe de la UDEF y tiene viviendas valoradas en 20 millones en Dubai

Así fue el registro en El Campello por el mayor alijo de cocaína en España

INFORMACIÓN

La Audiencia Nacional ha procesado a siete personas y a siete mercantiles de la organización de narcos acusada de contar con la colaboración de un inspector de la Policía exjefe de la UDEF en Madrid para introducir 39 contenedores con unas 73 toneladas de cocaína valorada en 2.060 millones de euros. La red procesada por tráfico de drogas y blanqueo de capitales utilizó para ello dos empresas de importación de frutas, una de Madrid y otra -Abadix Fruits- con sede en El Campello, donde reside un matrimonio que ha sido procesado en esta causa.

El magistrado Luis Francisco de Jorge, titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia -la nueva denominación de la Audiencia Nacional- no ha incluido en este auto de procesamiento ni al inspector Óscar S.G. ni a otros muchos investigados que fueron detenidos a raíz de la incautación en Algeciras en octubre de 2024 de las 13 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor de frutas importado por la empresa de El Campello, el mayor alijo incautado en España.

Además del exjefe de la UDEF, a quien intervinieron más de 20 millones de euros en efectivo en sus domicilios de Madrid y Dénia, tampoco aparece procesada la hermana de la administradora de la empresa de El Campello, que fue detenida por la Policía. Tanto esta investigada como el matrimonio que reside en El Campello -José Miguel B.C. y Vilma Janet A.B.- son defendidos en la causa por el abogado Francisco Miguel Galiana Botella y ninguno de los tres está en la cárcel. Para el hombre se decretó en marzo del año pasado prisión provisional atenuada domiciliaria por estar enfermo y necesitar tratamiento de diálisis de forma continua y desde entonces se encuentra recluido en su lujoso chalet de El Campello.

Jefe de la organización

Quien sí figura en el auto de procesamiento es el considerado como jefe de la organización, Ignacio T.D., el cual ha sido encarcelado esta semana por la Audiencia Nacional tras una nueva comparecencia realizada a partir de nuevos informes de la Policía que desvelan pruebas de su participación en la dirección y coordinación de la introducción de 39 contenedores con cocaína entre 2020 y 2024.

El magistrado señala en el auto notificado este jueves que a Ignacio T. se le imputan delitos penados con hasta 27 años de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El juez ha dictado este viernes un nuevo auto de subsanación de la anterior resolución para incluir más delitos imputados al cabecilla -cohecho y revelación de secretos- e información sobre la trama. Asimismo, anuncia más autos para completar el resto de procesamientos en este sumario, entre ellos uno específico sobre el inspector de la Policía encarcelado por esta causa.

El último informe realizado por la Policía desvela nuevos indicios de la operativa de la organización para introducir cocaína en España y de la estructura empresarial para blanquear los beneficios del narcotráfico. Junto a Ignacio T. también aparece procesado Alejandro S.V. alias El Tigre, un presunto narco que está huido y podría estar refugiado en Dubai.

El auto de procesamiento se refiere a la estrecha colaboración entre el jefe de la red de narcotráfico y el exjefe de la UDEF en Madrid, el cual recibió pagos del cabecilla a cambio de colaborar en la introducción de contenedores con cocaína al menos desde 2020. Para ello, el magistrado precisa que el inspector usaba fraudulentamente las bases de datos de inteligencia en beneficio de la organización y evitaba que se investigara a las sociedades usadas para importar la droga. Fingía que las investigaba él y recibía alertas cuando otras unidades se interesaban en dichas mercantiles, lo que permitía al exjefe de la UDEF alertar a los narcos para abortar operaciones.

Asimismo, el auto señala que el jefe de la organización recibió del mando de la UDEF "información policial confidencial y secreta", como la referida al origen de la información que permitió a la Policía incautar en Algeciras el contenedor importado por la empresa de El Campello con trece toneladas de cocaína.

Además de los indicios recabados sobre la introducción de 73 toneladas de cocaína, el magistrado destaca la estructura internacional de blanqueo de capitales que tenía Ignacio T. como jefe de la organización, el cual utilizó a testaferros para tratar de ocultar su patrimonio. Solo en Dubai han sido localizadas cinco propiedades inmobiliarias valoradas en más de 20 millones de euros -una de ellas es una mansión de 10 millones-, según se recoge en el auto de la Audiencia Nacional.

La resolución judicial también incluye los pagos que realizaba el jefe de la organización a otros miembros de la red y se indica que hasta el momento no ha sido posible intervenir el dinero en efectivo guardado por el jefe de la organización, ni tampoco sus criptoactivos.

No obstante, en uno de los mensajes analizados aparecían dos monederos virtuales con más de diez millones de dólares en bitcoins. Asimismo, Ignacio T. y Eduardo M., otro de los siete procesados, eran clientes de una entidad financiera donde gestionaban fondos por importe de más de 22 millones de euros.

El instructor acordó este lunes enviar a prisión provisional a Ignacio T, tres días después de que fuera detenido en el marco de las pesquisas después de acogerse a su derecho a no declarar como investigado.

La Fiscalía pidió en ese momento la detención de Ignacio T., alegando que el riesgo de fuga había aumentado porque la investigación está muy desarrollada y va camino de juicio. Este procesado fue puesto en libertad el pasado mes de abril después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociese que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad por no facilitar a su defensa "elementos esenciales" de la causa necesarios para impugnar la privación de libertad.

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